Argentina, San Juan, Jueves 11 de Agosto de 2022
QUATTROPANI Y SU INJUSTIFICABLE ACTUACION
Por: Dr. Juan Oscar Pons





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Jaroslavsky dijo una vez que con el “cul… también se vota”; con la “Banelco” también replicó desde la calle el camionero Moyano. Borocotó pasó del partido de Macri al Kirchnerismo 17 días después de ser electo, porque “había que preservar la institucionalidad”. Y mas recientemente la senadora correntina María Dora “Anahí” Sánchez dio vuelta su voto en la ley de medios fundado en el “superior interés de corrientes en asegurar una transición ordenada”; previo asegurar el pago de $ 1.000 millones adeudados.
Sin ir tan lejos, en nuestro suelo, días pasados el Fiscal General, Eduardo Quattropani, justificó desde una posición amoral su intervención y firma en la repudiada Acordada Nº 23 de la Corte local, sobre la designación de parientes, entre los que se encontraba su sobrino, porque –a su criterio- eran “legales”, aunque admitió que podían ser cuestionadas desde la ética. Cuando la conciencia le mandó a Sócrates evitar cualquier trampa para defenderse de sus enemigos se encontró inevitablemente con una condena a muerte. “Una condena injusta, pero legal". En nuestro caso nos encontramos con “designaciones supuestamente pero injustas”.
"La ética -se ha dicho- es un sistema de principios que guían la acción. Así como la ley señala lo que se puede y no se puede hacer en una situación dada, la ética nos dice lo que debemos hacer. Se basa en valores personales, profesionales, sociales y morales, y es fruto del razonamiento". Y ninguna de esas designaciones son acordes a los valores de fondo de nuestra sociedad.
El Fiscal es su tiempo –me consta- sabía esa diferencia y se opuso a las designaciones sin concurso en la Justicia; lo que ahora inexplicable –y aparentemente- resigna por su “nepote”.
En cualquier caso, estando involucrado un pariente, no se sintió obligado a excusarse (emulando el paradigmático caso "Fayt"). Y, peor aún, afirma la legalidad de una designación porque no existe norma prohibitiva (pcio. Art. 19 Constitución Nacional), desconociendo un principio fundamental del derecho público según el cual la competencia es la excepción y la incompetencia la regla de las personas jurídicas o sus órganos, o sea lo inverso de lo que ocurre en el derecho privado (Cfr. Miguel S. Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo 2, p.544, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1965), razón por la cual lo cierto es que todas las designaciones realizadas son ilegales por el vicio de incompetencia. Digámoslo de una vez lo que nuestro poder judicial desconoce. La Corte y el Fiscal General carecen, como tales -y en el ejercicio de sus funciones-, de garantías constitucionales y tampoco a ninguno de ellos le hemos otorgado patente de corso para que se coloquen por encima del estado de derecho. El principio de reserva citado, como conquista de ese mismo estado de derecho, en realidad es una garantía de los ciudadanos frente a esas arbitrariedades del poder y no al revés. Somos nosotros –y no ellos- los únicos que podemos justificar nuestra actuación afirmando que lo que no nos está prohibido nos está permitido. Finalmente, no menores reproches merece el argumento de justificación que escinde la ley de la ética de la función, pues ello nos coloca en la antesala de la corrupción y el fraude a la ley.
Los argumentos de Quatroppani mas que convencernos sobre su corrección e imparcialidad en realidad nos recuerdan dos casos de la antigüedad, donde pueden resumirse –salvando las distancias- los señalados en la líneas iniciales, y que Kamelmajuer de Carlucci cita en una nota sobre “Etica Judicial”. Así, para ejemplificar sobre el altísimo valor de la imparcialidad nos recuerda a Quilón el Lacedemonio, uno de los siete sabios de Grecia, quien en su lecho de muerte, les habló a los amigos que le rodeaban de la siguiente forma "Si no me engaño en esta hora suprema, no creo haber cometido ninguna acción cuyo recuerdo deba afligir mi conciencia, exceptuando una sola, y de tal naturaleza, que todavía ignoro si es inocente o culpable. Debía sentenciar con otros dos jueces en la causa de un amigo acusado de crimen capital. La ley le condenaba evidentemente, y tenía por lo tanto que dictar sentencia de muerte contra un hombre a quien quería, o bien emplear artificios para sustraerle a la ley. Después de meditar mucho acerca de los medios que había de emplear para salir airoso de posición tan delicada, creí como mejor la estrategia que me había fijado. Di, en voz muy baja, sentencia condenatoria, y aconsejé a mis colegas que absolviesen. Así, pues, en circunstancia tan difícil, cumplí al mismo tiempo los deberes de amigo y de juez. Pero confieso que esta acción me entristece temo que no sea otra cosa que fraude culpable haber aconsejado a los otros al mismo tiempo, en el mismo asunto, y en la cuestión misma, lo contrario de lo que creía yo deber hacer".
El otro con ribetes más graves y que nos remiten a la justificación de lo injustificable, refiere a Francis Bacon (1561-1626), reverenciado y considerado infalible mientras actuó como Procurador General y Lord Canciller de Inglaterra. Sin embargo, tres años después de haber llegado a la más alta posición judicial en Inglaterra, fue sometido a juicio de responsabilidad; la Cámara de los Comunes determinó que había aceptado por lo menos 28 sobornos; su defensa fue realmente novedosa; Sir Francis Bacon argumentó que había tomado sobornos de ambas partes, para que de esa manera nunca estuviera en la posibilidad de que el sucio dinero influyera en sus decisiones. El Parlamento no obstante lo sentenció a prisión; "el rey Jaime lo perdonó en un momento de melancolía, pero Bacon nunca regresó al Parlamento y tampoco se le permitió visitar la Corte Real; cinco años más tarde...” falleció. “Murió, pero su humillación y su corrupción vivirán para siempre".
En conclusión la Corte y el Fiscal General – a excepción del Dr. Peluc que cabe eximirlo de todo reproche pues solo vino a cubrir formalmente una vacante, siendo victima del sistema pues su nuera era allí excluida no obstante que era la que tenía más derecho que cualquiera para ser designada por haber concursado y estar ubicada como 1º suplente de las designaciones del concurso anterior- no firmaron una acordada de designación de interinos, sino una acordada donde rifaron por unos nepotes el poco prestigio y respeto que podía tenerles la ciudadanía, justificando su permanencia en el cargo. Como padre, como ciudadano, como ex constituyente y, sobre todo, como amigo o conocido de muchos jueces o funcionarios probos, algunos incluso padres de los chicos agraciados en la bastarda designación; lo lamento realmente. ¡Por tan poco, han perdido tanto! No se si encontrarán perdón; pero sepan que nunca ya recuperarán el respeto.
Dr. Juan Oscar Pons
DNI 11.921.902



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