Argentina, San Juan, Miércoles 05 de Mayo de 2021
Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales
Este libro editado hace 2 meses pone a los Hermanos GIOJA, Legisladores nacionales y a otros Sanjuaninos como TRAIDORES a la PATRIA. Por Javier Lorca





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La minería ha sido un principio seminal para el alumbramiento de la moderna civilización técnica, tal como lo ha sido para su más fecundo deudo, el capitalismo. Pero quizá lo ha sido menos por sus aportes a la acumulación de riqueza, la industria metalúrgica y la generación de energía que por su capacidad para instituir un régimen de actividad humana y su relación con la naturaleza. Desde sus fases primitivas, la minería proporcionó un modelo productivo definido por la extracción y la explotación de la tierra sin inversión ni devolución alguna. Y con un profundo desprecio por las condiciones del trabajo: en canteras subterráneas, en socavones sórdidos, oscuros y mal ventilados, los hombres –los esclavos– picaban, trituraban y explotaban la roca pagándolo con sus cuerpos –se sabe, la expectativa de vida del trabajador minero siempre ha estado entre las más bajas de toda industria—.

Históricamente, el arrasamiento inherente a la minería ha debido ser reconocido incluso por quienes estaban dispuestos a considerar que sus fines lo justificaban. Ya en el lejano siglo XVI, uno de los padres de la mineralogía, Georg Pawer, admitía en su canónico tratado De Re Metallica: “El argumento más fuerte de los detractores es que las operaciones mineras devastan los campos (...) También condenan que se corten los bosques y las arboledas porque se necesita una cantidad inacabable de madera para construcción, máquinas y fundición de metales. Y cuando se han derribado los montes y las arboledas, quedan exterminados animales y pájaros (...) Además, cuando se lavan los minerales, el agua que se ha utilizado contamina los arroyos y los ríos o destruye los peces o bien los hace huir. Por consiguiente, los habitantes de esas regiones, debido a la devastación de sus campos, sus bosques, sus arboledas, sus arroyos y sus ríos encuentran dificultad en conseguir lo necesario para la vida”.

Tras siglos de expoliación, la escasez de los yacimientos subterráneos ha propiciado nuevos modos de extracción, entre ellos el denominado “a cielo abierto”, dirigido a recolectar mineral ya no concentrado en un cantón sino diseminado en grandes extensiones. Su metodología consiste en, primero, producir enormes voladuras de montañas y, luego, mediante una sopa de sustancias químicas, separar los metales de la roca y el mineral, con consecuencias aún mayores que en la minería tradicional sobre el medio ambiente. Ese modo de explotación a gran escala se ha impuesto contemporáneamente en América latina, como parte de un modelo extractivo-exportador más amplio.

En Argentina, “la expansión y el control de la nueva megaminería a cielo abierto es potestad exclusiva de las grandes empresas transnacionales, gracias al marco regulatorio sancionado en los ’90 y confirmado por las sucesivas gestiones”, explican Maristella Svampa y Mirta Antonelli en Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales. En consonancia con esas empresas, los Estados nacional y provinciales han asumido –en el país y en la región– “una narrativa desarrollista, en busca de la legitimación social del modelo y en nombre de una responsabilidad social, que oculta de manera sistemática los graves impactos sociales y ambientales de estos emprendimientos”. Los artículos que compilan Svampa y Antonelli en este libro analizan el fenómeno desde una doble perspectiva. Por un lado, ofrecen un análisis de aspectos simbólicos involucrados: la construcción del discurso hegemónico acerca de la minería en relación con nuevas estrategias de dominación y expropiación; “la fabricación del crédito social” a partir del rol de un conglomerado que abarca instituciones estatales, corporaciones privadas, universidades, medios de comunicación. Por otro lado, dan cuenta de las numerosas formas asumidas en Argentina por la lucha social contra este proceso. En ambos casos, con un mismo propósito, alimentar “una verdadera discusión pública y académica” sobre un modelo de desarrollo que se está imponiendo sin debate y, más profundamente, “sobre las complejas dimensiones, los múltiples niveles y sentidos que hoy recubren el término desarrollo”. Maristella Svampa / Mirta A. Antonolli (editoras) - Editorial Biblos.



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PUNTOS DE VISTA
23/02/2021
05/05/2021
MENDOZA: El JUEZ FEDERAL BENTO IMPUTADO CAUSA DE CORRUPCIÓN Y COIMAS ALLANAN ESTUDIOS DE 3 ABOGADOS
Esta mañana buscaron documentación y dinero en propiedades de los letrados Luciano Ortego, Martín Ríos y Matías Aramayo. La mujer de juez, también fue imputada.
Oscar Guillén
MIÉRCOLES, 5 DE MAYO DE 2021
La Justicia Federal acaba de abrir el juego de una causa que, hasta ahora, permanecía en secreto, en la que se investigarían “coimas y asociación ilícita” y que tendría como principal sospechoso al juez federal mendocino Walter Bento, junto con un abogado local.

De hecho, esta mañana se le notificó al juez Bento la imputación como jefe de una asociación ilícita y también se imputó al abogado Luciano Ortego. Además, se sumaron imputaciones a María Isabel Boiza (esposa de Bento) y a los abogados Martín Ríos y Matías Aramayo. La imputación para Bento es por seis hechos de cohecho pasivo, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.


Como parte de la causa, el fiscal federal Dante Vega ha ordenado allanamientos masivos en casas y estudios de todos los implicados. Estas medidas se están ejecutando desde hoy temprano. En principio, habría algunos implicados en condición de aprehendidos.

Se trata de una causa que despierta gran interés, incluso en el ámbito político, teniendo en cuenta que es un año de elecciones y que Bento es el juez electoral de Mendoza.

Esta mañana, la Policía Federal allanó el estudio de Ortego en el barrio Bombal de Ciudad y también la casa de sus padres, en Chacras de Coria, Luján, en busca de documentación sobre el caso y de dinero en efectivo, ya que -según trascendió- se estarían manejando cifras millonarias.

También se allanó la oficina del juez Bento. /Orlando Pelichotti, Los Andes.
TAMBIÉN SE ALLANÓ LA OFICINA DEL JUEZ BENTO. /ORLANDO PELICHOTTI, LOS ANDES.JUEZ BENTO
Todo comenzó en marzo de 2020, cuando se detuvo al “narcofinancista” Walter Bardinella Donoso (40), un hombre que permanecía prófugo y era buscado por participar en el transporte de 400 kilos de marihuana. Al analizar su celular, se descubrió que Bardinella se comunicaba con el empresario Diego Aliaga (51), quien a su vez le decía que contactos en la Justicia Federal le podían otorgar la prisión domiciliaria a cambio de dinero.

Luego, en septiembre de 2020, explotó el “caso Aliaga”: este hombre, -un habitué de los cafés cercanos a Tribunales- terminó secuestrado, asesinado y enterrado en un campo inculto de Lavalle. Su socio, Diego Barrera (50), fue detenido junto a su mujer y sus hijastros. Barrera, expresó que tal vez Aliaga estaba desaparecido porque estaba en un “negocio turbio”: tenía contactos en los Tribunales Federales que le permitían conseguir beneficios a cambio de importantes sumas de dólares.

Hoy se allanó el estudio del abogado Luciano Ortego, en el barrio Bombal. / Orlando Pelichotti, Los Andes.
HOY SE ALLANÓ EL ESTUDIO DEL ABOGADO LUCIANO ORTEGO, EN EL BARRIO BOMBAL. / ORLANDO PELICHOTTI, LOS ANDES.JUEZ BENTO
Incluso, Barrera habría dicho que Aliaga y un abogado –sería Luciano Ortego- se contactaban con los abogados de los detenidos y les ofrecían estas ventajosas condiciones. Y si el defensor del detenido se negaba a participar del “negocio”, hablaban directamente con el implicado y lo instaban a abandonar a su defensor a cambio de que ellos mismos lo representaran.

Por estos dichos, el fiscal Vega hizo declarar a Barrera durante tres horas.

Todo este asunto llegó a oídos del juez Bento y se filtró a la prensa. Fue en ese momento que Bento contrató a Mariano Cúneo Libarona, quien intentó cuatro veces, durante los primeros meses de este año, hacerse con el expediente que investiga Vega y que tramita el juez de San Rafael Eduardo Puigdéndolas. En cuatro ocasiones se “rebotó” el pedido de este abogado, afirmando que Bento no estaba nombrado en la causa y muchos menos imputado. Pero ahora, el juez sí fue imputado.
04/05/2021
03/05/2021
Muy simbólica esta foto
30/04/2021
Telegrama de renuncia a su trabajo para poder cobrar planes sociales

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