Argentina, San Juan, Miércoles 05 de Mayo de 2021
O TODOS SOMOS JACHAL, O TODOS SEREMOS PRONTO JACHAL - Por Dr Marcelo Arancibia






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"La libertad política no existe si los pueblos no tienen acceso al agua».
Nelson Mandela

La Dirección de Hidráulica de San Juan dice que de persistir la actual (y añeja) sequía, en el año 2022 las reservas de agua en los diques sobre los ríos San Juan y Jáchal serán de "Cero".
Si este es el futuro inmediato, sin duda que toda la energía de la política y los recursos presupuestarios deben direccionarse para evitar el colapso hídrico provincial.
Sin agua potable, salir de la pobreza es, prácticamente, una misión imposible. San Juan es ya una provincia pobre, muy pobre. Según estimaciones de la Universidad Católica Argentina, el país terminará el año 2020 con una clase baja que alcanza al 64% de la sociedad (25% clase baja profunda y 39% clase baja propiamente dicha) con un 32% de clase media (21% clase media baja y 13% clase media propiamente dicha) y un 4% de clase alta.
Ambos datos (falta de agua y pobreza) que tienen un basamento científico, nos dicen que sin acceso al agua, al agua potable y al saneamiento (sistema cloacal) no existe la libertad política, ni se puede combatir enfermedades relacionadas con la desnutrición, el cólera, la diarrea, o, ni que hablar, del coronavirus (todas la paredes de San Juan están pintadas por el Gobierno con el consejo de lavarnos las manos).
La falta de agua hace estragos en la salubridad pública de una sociedad y determina su decadencia económica. Sin agua no hay desarrollo humano.
¿Es tan difícil ser la provincia de nuestra Constitución? Es decir, ¿podremos algún día plasmar en los hechos lo que dice nuestra Carta Magna?
Por ejemplo, el artículo 119 de la Constitución provincial establece el orden de preferencia en el otorgamiento de las concesiones de aguas (en la forma que determine la ley reglamentaria) Primero las concesiones de agua es para el abastecimiento de las poblaciones o las explotaciones agrícolas, y luego para usos industriales o energía hidráulicas (siempre que impliquen un consumo de agua en mínima proporción, por tiempo limitado y que no perjudiquen los cultivos realizados en los derechos ya concedidos).
No puede el Gobierno, ni la política, demorar una declaración de emergencia hídrica en la provincia, que abarque las cuencas de los ríos San Juan y Jáchal. Es un imperativo constitucional y por lo tanto una política de Estado, pues la vida (sin agua no ha vida) es un derecho inalienable de las personas (cfr. art. 15 de la Constitución Provincial) Siendo una obligación del Estado (cfr. art. 20 de la Constitución Provincial) asegurar la progresiva y acelerada eliminación de los problemas sociales que afecten a las personas (por ejemplo, falta de agua y saneamiento)
En Jáchal no se asegura la provisión de agua para consumo humano. No es un problema nuevo, es de vieja data y la explicación está en la desidia de los funcionarios provinciales y municipales que no terminan de hacer las obras para abastecer de agua potable a su población (terminar un tercer pozo en Huachi y colocar unas bombas para bombear y llevar el agua a zonas en altura del Departamento Norteño)
Pero el Gobierno tampoco termina el Hospital de Jáchal (entre otros en la Provincia) ¿será por falta recursos económicos? No pareciera al comprobar la fuerte inversión que hace la gestión Uñac en eventos deportivos nacionales o internacionales. En Jáchal no hay agua, ni está terminado el Hospital Público, no porque falten recursos, lo que sobra es inmoralidad e indecencia de un Gobierno que tiene otras prioridades, impropias para un provincia pobre y que no se adecuan al mandato constitucional.
¿Por qué no se declara la emergencia hídrica? ¿Por qué el problema del agua en un contexto de pandemia, que perdurará por un tiempo indeterminado, no es una prioridad para el Gobierno y la política en general? La respuesta estaría en que la política en San Juan ha dejado de estar al servicio de la ciudadanía como una afirmación a favor de los derechos humanos de todos, para convertirse en un instrumento de protección de intereses económicos.
Por ejemplo, una emergencia hídrica implicaría la suspensión de nuevas concesiones de derecho de agua para la actividad mega minera a cielo abierto por su carácter intensivo en el uso del recurso hídrico, además del químico y eléctrico.
El Gobierno, ni la política, pueden resolver este conflicto sobre el uso prioritario del agua, porque no puede cumplir con la Constitución. Un Gobierno, como el de Uñac, y una política que en general no pueden cumplir con un mandato constitucional, es un gobierno, y una política, que no están al servicio del pueblo, ni en la defensa de los DDHH. Acá la democracia hace default por todos lados.
Si en manos del Gobierno provincial, y de la política sanjuanina, estuviera la gestión de la pandemia, el destino de la humanidad sería bastante complicada y desagradable. El hecho que el virus saltara de un murciélago a la humanidad debiera a hacer reflexionar al Gobierno y a la política. En San Juan lo peor que nos puede pasar en el 2021 (año electoral) es que nada cambiara a partir o a pesar del covid-19; y en especial, si nada se debatiera para tomar decisiones que eviten el colapso hídrico para el 2022, o que al menos ponga un freno al avance de la pobreza sobre la sociedad, u que otro coronavirus nos encuentre sin un sistema sanitario óptimo, o que debamos otra vez resignarnos a cerrar las escuelas, o esperar la vacuna de algún laboratorio extranjero que cultive los cerebros que aquí despreciamos.
El problema del Gobierno provincial, y de la política en general, es su falta de voluntad y compromiso para con lo importante, como es la salubridad y el medio ambiente, cuestiones que hacen a nuestra subsistencia como especie y que debieran ser parte de las agendas electorales y de gobierno ¿Por qué?, sencillamente porque no se puede vivir sin agua, lo saben los jachalleros, pero también los cauceteros, nuevejulinos y pocitanos entre otros habitantes de nuestra extensa provincia.
Preocupa un gobierno, y una política, sin respuestas a problemas globales que hacen al cambio climático (como si los sanjuaninos no viviéramos en el planeta Tierra), y preocupan sus reacciones represivas, que ya no constituyen hechos aislados o esporádicos. Nos estamos acostumbrando a la represión de la protesta social. La última represión tuvo lugar en Jáchal, contra un grupo de jóvenes que querían protestar por la falta de agua en un acto donde Gobernador e Intendente Municipal inauguraban una iluminación.
De la represión fueron víctimas también periodistas jachalleros, quienes juntos a unos jóvenes fueron detenidos antes de poder manifestarse frente a las autoridades y, por unos cuantas horas, su paradero desconocido por familiares y amigos. Impacta la justificación de su detención por parte de la Policía jachallera: No se puede protestar en Jáchal. Preocupa la política de la Secretaría de Seguridad ante el ejercicio del derecho de reunión y petición de los sanjuaninos; y preocupa el silencio de los periodistas radicados en el Valle del Tulúm sobre la detención de sus colegas por parte del Gobierno, por el solo hecho de ejercer su función de comunicadores sociales.
Ante la falta de agua, todos debemos ser Jáchal; sino pronto seremos como Jáchal, sin agua y sin derecho al pataleo.
Marcelo Arancibia.



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PUNTOS DE VISTA
23/02/2021
05/05/2021
MENDOZA: El JUEZ FEDERAL BENTO IMPUTADO CAUSA DE CORRUPCIÓN Y COIMAS ALLANAN ESTUDIOS DE 3 ABOGADOS
Esta mañana buscaron documentación y dinero en propiedades de los letrados Luciano Ortego, Martín Ríos y Matías Aramayo. La mujer de juez, también fue imputada.
Oscar Guillén
MIÉRCOLES, 5 DE MAYO DE 2021
La Justicia Federal acaba de abrir el juego de una causa que, hasta ahora, permanecía en secreto, en la que se investigarían “coimas y asociación ilícita” y que tendría como principal sospechoso al juez federal mendocino Walter Bento, junto con un abogado local.

De hecho, esta mañana se le notificó al juez Bento la imputación como jefe de una asociación ilícita y también se imputó al abogado Luciano Ortego. Además, se sumaron imputaciones a María Isabel Boiza (esposa de Bento) y a los abogados Martín Ríos y Matías Aramayo. La imputación para Bento es por seis hechos de cohecho pasivo, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.


Como parte de la causa, el fiscal federal Dante Vega ha ordenado allanamientos masivos en casas y estudios de todos los implicados. Estas medidas se están ejecutando desde hoy temprano. En principio, habría algunos implicados en condición de aprehendidos.

Se trata de una causa que despierta gran interés, incluso en el ámbito político, teniendo en cuenta que es un año de elecciones y que Bento es el juez electoral de Mendoza.

Esta mañana, la Policía Federal allanó el estudio de Ortego en el barrio Bombal de Ciudad y también la casa de sus padres, en Chacras de Coria, Luján, en busca de documentación sobre el caso y de dinero en efectivo, ya que -según trascendió- se estarían manejando cifras millonarias.

También se allanó la oficina del juez Bento. /Orlando Pelichotti, Los Andes.
TAMBIÉN SE ALLANÓ LA OFICINA DEL JUEZ BENTO. /ORLANDO PELICHOTTI, LOS ANDES.JUEZ BENTO
Todo comenzó en marzo de 2020, cuando se detuvo al “narcofinancista” Walter Bardinella Donoso (40), un hombre que permanecía prófugo y era buscado por participar en el transporte de 400 kilos de marihuana. Al analizar su celular, se descubrió que Bardinella se comunicaba con el empresario Diego Aliaga (51), quien a su vez le decía que contactos en la Justicia Federal le podían otorgar la prisión domiciliaria a cambio de dinero.

Luego, en septiembre de 2020, explotó el “caso Aliaga”: este hombre, -un habitué de los cafés cercanos a Tribunales- terminó secuestrado, asesinado y enterrado en un campo inculto de Lavalle. Su socio, Diego Barrera (50), fue detenido junto a su mujer y sus hijastros. Barrera, expresó que tal vez Aliaga estaba desaparecido porque estaba en un “negocio turbio”: tenía contactos en los Tribunales Federales que le permitían conseguir beneficios a cambio de importantes sumas de dólares.

Hoy se allanó el estudio del abogado Luciano Ortego, en el barrio Bombal. / Orlando Pelichotti, Los Andes.
HOY SE ALLANÓ EL ESTUDIO DEL ABOGADO LUCIANO ORTEGO, EN EL BARRIO BOMBAL. / ORLANDO PELICHOTTI, LOS ANDES.JUEZ BENTO
Incluso, Barrera habría dicho que Aliaga y un abogado –sería Luciano Ortego- se contactaban con los abogados de los detenidos y les ofrecían estas ventajosas condiciones. Y si el defensor del detenido se negaba a participar del “negocio”, hablaban directamente con el implicado y lo instaban a abandonar a su defensor a cambio de que ellos mismos lo representaran.

Por estos dichos, el fiscal Vega hizo declarar a Barrera durante tres horas.

Todo este asunto llegó a oídos del juez Bento y se filtró a la prensa. Fue en ese momento que Bento contrató a Mariano Cúneo Libarona, quien intentó cuatro veces, durante los primeros meses de este año, hacerse con el expediente que investiga Vega y que tramita el juez de San Rafael Eduardo Puigdéndolas. En cuatro ocasiones se “rebotó” el pedido de este abogado, afirmando que Bento no estaba nombrado en la causa y muchos menos imputado. Pero ahora, el juez sí fue imputado.
04/05/2021
03/05/2021
Muy simbólica esta foto
30/04/2021
Telegrama de renuncia a su trabajo para poder cobrar planes sociales

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EL AGUA VALE MAS QUE EL ORO
Difunta Correa - San Juan, Argentina
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