Argentina, San Juan, Miércoles 05 de Mayo de 2021
FICHA LIMPIA - Contra la corrupción. Ya está vigente en Mendoza






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MENDOZA.- La provincia da un paso más contra la corrupción. Finalmente, en tierra cuyana se aprobó y reglamentó la ley de "Ficha limpia", mientras en el Congreso nacional la iniciativa sigue un camino incierto. En tanto, en Chubut la propuesta también tuvo resultado positivo, en Salta está en debate y en Neuquén fue rechazada.

De esta manera, en "la tierra del sol, el buen vino y el conocimiento" ya no podrán ser candidatos ni acceder a un cargo público aquellas personas que hayan sido condenadas en primera instancia por los delitos de corrupción, contra la libertad y la integridad sexual, entre otros.

En las últimas horas, el gobernador radical mendocino Rodolfo Suárez decidió avanzar con el proyecto de ley sancionado días atrás en la Legislatura provincial. "Esta norma, nos posiciona como la primera provincia que impide a quienes cometieron delitos de corrupción, contra la libertad y la integridad sexual, entre otros, acceder a una candidatura u ocupar un cargo público de funcionario", indicó el jefe del Ejecutivo local en las redes sociales, y agregó: "Este avance enorme en materia institucional, abarca a todos los poderes del Estado, y forma parte de la esencia del fortalecimiento del sistema democrático, combatiendo la impunidad en la función pública".



Antes de la aprobación en la Casa de las Leyes y la posterior reglamentación del Gobierno, la iniciativa experimentó varios cruces entre oficialismo y oposición, sobre todo por la inconstitucionalidad planteada por el justicialismo, al impedir participar del proceso a una persona que no cuenta con sentencia firme.

La ley, bajo la autoría de los legisladores radicales María José Sanz y José Orts, consiste básicamente en una modificación de la Ley 4746, Orgánica de Partidos Políticos. Así, los sentenciados no podrán ser candidatos a cargos electivos u ocupar funciones públicas. Asimismo, incorpora nuevos delitos que impedirán la postulación a un cargo electivo y se agrega el artículo 17 bis a la Ley 2551 - Ley Electoral de la provincia -, disponiendo que los partidos políticos no podrán registrar candidatos a cargos públicos electivos para las elecciones provinciales y municipales. "No podrán ser candidatos a cargos partidarios, ni precandidatos en elecciones primarias, ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos (.), las personas que se encuentren condenadas, en Juicio Oral y Público, a pena privativa de la libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso, por los delitos contra la Administración Pública", indica el texto aprobado. Esto es, de acuerdo con el Código Penal, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento y fraude en perjuicio de la administración pública. También contempla delitos contra el orden económico y financiero, contra la integridad sexual, contra el estado civil de las personas y contra la libertad.

Uno de los principales cambios que se acordaron en el Senado al proyecto original a mediados de noviembre, fue la incorporación del delito de homicidio simple como condicionante a la hora de aspirar a un cargo electivo. Luego, la iniciativa volvió a Diputados para su sanción definitiva, a fines del mes pasado.


Asimismo, se incorporaron todos los delitos graves condenables como delito contra la propiedad: robo cuando es seguido de muerte; conducción imprudente que cause víctimas fatales; delitos contra la libertad; extorsión; coacciones agravadas; estafas agravadas cuando tiene perjuicio para el Estado; y delitos contra el orden público y contra los poderes constitucionales. Asimismo se incorporaron los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional del Título X del Libro Segundo del Código Penal.

De esta manera, los partidos deberán exigir a todos los candidatos que integren sus listas, para cualquier cargo electivo provincial y municipal, el Certificado de Antecedentes Penales (CAP) emitido por el Registro Nacional de Reincidencia.

Mientras, en el Congreso existe una normativa similar que aún espera reactivarse, al tiempo que en Brasil fue una de las leyes clave para frenar las aspiraciones políticas del expresidente Luiz Inácio da Silva.



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PUNTOS DE VISTA
23/02/2021
05/05/2021
MENDOZA: El JUEZ FEDERAL BENTO IMPUTADO CAUSA DE CORRUPCIÓN Y COIMAS ALLANAN ESTUDIOS DE 3 ABOGADOS
Esta mañana buscaron documentación y dinero en propiedades de los letrados Luciano Ortego, Martín Ríos y Matías Aramayo. La mujer de juez, también fue imputada.
Oscar Guillén
MIÉRCOLES, 5 DE MAYO DE 2021
La Justicia Federal acaba de abrir el juego de una causa que, hasta ahora, permanecía en secreto, en la que se investigarían “coimas y asociación ilícita” y que tendría como principal sospechoso al juez federal mendocino Walter Bento, junto con un abogado local.

De hecho, esta mañana se le notificó al juez Bento la imputación como jefe de una asociación ilícita y también se imputó al abogado Luciano Ortego. Además, se sumaron imputaciones a María Isabel Boiza (esposa de Bento) y a los abogados Martín Ríos y Matías Aramayo. La imputación para Bento es por seis hechos de cohecho pasivo, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.


Como parte de la causa, el fiscal federal Dante Vega ha ordenado allanamientos masivos en casas y estudios de todos los implicados. Estas medidas se están ejecutando desde hoy temprano. En principio, habría algunos implicados en condición de aprehendidos.

Se trata de una causa que despierta gran interés, incluso en el ámbito político, teniendo en cuenta que es un año de elecciones y que Bento es el juez electoral de Mendoza.

Esta mañana, la Policía Federal allanó el estudio de Ortego en el barrio Bombal de Ciudad y también la casa de sus padres, en Chacras de Coria, Luján, en busca de documentación sobre el caso y de dinero en efectivo, ya que -según trascendió- se estarían manejando cifras millonarias.

También se allanó la oficina del juez Bento. /Orlando Pelichotti, Los Andes.
TAMBIÉN SE ALLANÓ LA OFICINA DEL JUEZ BENTO. /ORLANDO PELICHOTTI, LOS ANDES.JUEZ BENTO
Todo comenzó en marzo de 2020, cuando se detuvo al “narcofinancista” Walter Bardinella Donoso (40), un hombre que permanecía prófugo y era buscado por participar en el transporte de 400 kilos de marihuana. Al analizar su celular, se descubrió que Bardinella se comunicaba con el empresario Diego Aliaga (51), quien a su vez le decía que contactos en la Justicia Federal le podían otorgar la prisión domiciliaria a cambio de dinero.

Luego, en septiembre de 2020, explotó el “caso Aliaga”: este hombre, -un habitué de los cafés cercanos a Tribunales- terminó secuestrado, asesinado y enterrado en un campo inculto de Lavalle. Su socio, Diego Barrera (50), fue detenido junto a su mujer y sus hijastros. Barrera, expresó que tal vez Aliaga estaba desaparecido porque estaba en un “negocio turbio”: tenía contactos en los Tribunales Federales que le permitían conseguir beneficios a cambio de importantes sumas de dólares.

Hoy se allanó el estudio del abogado Luciano Ortego, en el barrio Bombal. / Orlando Pelichotti, Los Andes.
HOY SE ALLANÓ EL ESTUDIO DEL ABOGADO LUCIANO ORTEGO, EN EL BARRIO BOMBAL. / ORLANDO PELICHOTTI, LOS ANDES.JUEZ BENTO
Incluso, Barrera habría dicho que Aliaga y un abogado –sería Luciano Ortego- se contactaban con los abogados de los detenidos y les ofrecían estas ventajosas condiciones. Y si el defensor del detenido se negaba a participar del “negocio”, hablaban directamente con el implicado y lo instaban a abandonar a su defensor a cambio de que ellos mismos lo representaran.

Por estos dichos, el fiscal Vega hizo declarar a Barrera durante tres horas.

Todo este asunto llegó a oídos del juez Bento y se filtró a la prensa. Fue en ese momento que Bento contrató a Mariano Cúneo Libarona, quien intentó cuatro veces, durante los primeros meses de este año, hacerse con el expediente que investiga Vega y que tramita el juez de San Rafael Eduardo Puigdéndolas. En cuatro ocasiones se “rebotó” el pedido de este abogado, afirmando que Bento no estaba nombrado en la causa y muchos menos imputado. Pero ahora, el juez sí fue imputado.
04/05/2021
03/05/2021
Muy simbólica esta foto
30/04/2021
Telegrama de renuncia a su trabajo para poder cobrar planes sociales

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