Argentina, San Juan, Miércoles 05 de Mayo de 2021
¡Que tengan suerte!
La desaparición impune que salpica al gobierno de Gioja





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A la una de la madrugada del martes 28 de setiembre de 2004, el ingeniero Raúl Tellechea (55) dejó la casa de su pareja, Natalia Hobeika, a las afueras de San Juan, para irse a la suya. Lo hizo en su bicicleta ya que Tellechea era deportista consumado. Su casa quedaba a unas diez cuadras y todo indica que llegó hasta ella. Pero nunca más se supo de él.

La noche anterior, antes de pasar por lo de su novia, el ingeniero había participado de una reunión en la Mutual del Personal de la Universidad de San Juan -donde trabajaba hacía 11 años y a la que había renunciado dos semanas antes- en la que, después se supo, discutió con los por entonces directivos de esa entidad: Luis Moyano, Miguel del Castillo, Eduardo Oro y Luis Alonso.

La mañana del 28, Tellechea no asistió a sus trabajos y hacia la tarde, sus familiares temerosos por su ausencia, llegaron hasta su casa. "En la vivienda encontraron su billetera, sus documentos personales, su medicación (insulina) y su celular que se estaba cargando. El lugar no estaba desordenado", recuerda Conrado Suárez, abogado de la familia Tellechea en San Juan.

El 30 de setiembre, dos días después de su desaparición, Tellechea fue denunciado por la Mutual en la que había trabajado: lo acusaban de falsificar planillas para cobrar sobresueldos: la denuncia era por 10 mil pesos. De ese modo el nombre de Tellechea aparecía en los medios de San Juan primero como desaparecido y luego como acusado de un delito por parte de quienes habían discutido con él.

Las presentaciones en torno a la Mutual continuaron pero contra sus autoridades: en diciembre de 2004 hubo una denuncia administrativa por malversación de fondos y administración fraudulenta concretada ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Y ese mismo mes hubo otra denuncia, pero en este caso penal: se acusaba a los directivos de la Mutual de la UNSJ de "administración fraudulenta" y "estafa a los afiliados".

En enero de 2005, estas presentaciones provocaron la renuncia del viceministro de Desarrollo y promoción Social de San Juan en el primer gobierno de José Luis Gioja, Luis Moyano. ¿Por qué ocurrió esto? Porque Moyano era el presidente electo de la Mutual de la UNSJ -cargo que había dejado temporalmente para acceder a su función en el Gobierno.

"La renuncia de Moyano -quien además era presidente del club Sportivo Desamparados de San Juan- no fue aceptada de inmediato por Gioja pero al cabo de unos meses el gobernador aceptó la dimisión. Para entonces, muchos hablaban de un barra brava de Desamparados involucrado en la desaparición de Tellechea", recuerda el abogado Suárez.

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"La única reunión que tuvimos con el gobernador Gioja en 2005 fue desagradable. Todo el mundo hablaba de que gente cercana a su gobierno estaba involucrada en la desaparición de mi padre y él se lo tomaba con liviandad y hasta con sarcasmo. Cuando terminó la reunión y nos despedimos, recuerdo que nos dijo: ?Que tengan suerte?'. Entonces me di vuelta y le dije: ?Usted sabe que esto no se soluciona sólo con suerte'". Mariana Tellechea.

El 5 de setiembre de 2008 los Tellechea tuvieron una audiencia con el Ministro de Justicia de la Nación, Aníbal Fernández. En la entrevista se les comunicó la decisión del Estado de presentarse como querellante en la causa. Finalmente el Estado alegó no poder hacerlo hasta que no hubiese procesados en el caso. "Actualmente sabemos que procesalmente ese requisito no era necesario", dicen los hijos de Tellechea.

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Hacia febrero de 2005, el juez del foro sanjuanino Eduardo Gil decidió apartarse de la causa por la desaparición de Tellechea y el caso pasa a las manos del magistrado Leopoldo Zavalla Prigles. Obviamente, el ingeniero continuaba desaparecido.

Dos años más tarde, ese mismo juez imputó por "administración fraudulenta" a los ex directivos de la Mutual Luis Moyano, Miguel del Castillo, Eduardo Oro y Luis Alonso. Asimismo, en setiembre de ese 2005, el mismo juez dictó el sobreseimiento del ingeniero Tellechea sobre los cargos que le habían achacado los ex directivos (ahora imputados) de la Mutual de la UNSJ.

El peregrinaje judicial de los Tellechea siguió en 2008 cuando lograron cambiar la carátula del caso de Raúl que pasó de "búsqueda de paradero de Raúl Tellechea" a "desaparición forzada de Tellechea".

Pero fue recién en setiembre de 2011, debido a una modificación del Código Procesal que incluyó que la desaparición forzada de persona podía tomarse como un caso aislado y no sólo como un delito de lesa humanidad, que la familia Tellechea presenta su caso en la Justicia Federal de San Juan como "contra autores desconocidos por la desaparición forzada del ingeniero Tellechea". Los imputados son Moyano, Oro, del Castillo yAlonso.

Sin embargo, ese pedido de los Tellechea ante la Justicia Federal de San Juan resultó rechazado por el juez federal local, Leopoldo Rago Gallo.

"Entonces, en octubre de 2011 presentamos una apelación en la Cámara de Apelaciones de Mendoza (San Juan no tiene Cámara de Apelaciones) y en mayo de este año la Cámara de Mendoza revocó el fallo de Rago Gallo. El expediente llegó la semana pasada a San Juan, con lo que todo se va a reactivar", explica el abogado Conrado Suárez.

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La denuncia fue aceptada en la Justicia Federal bajo la carátula de "desaparición forzada de persona". El objetivo de los Tellechea es lograr una pesquisa imparcial ya que los imputados forman parte del poder político de San Juan. Durante los siete años en que la causa estuvo en la Justicia sanjuanina, los sospechados gozaron de privilegios por ser funcionarios del Estado. Están y estuvieron en una especie de limbo procesal, ya que figuran como imputados pero nunca fueron investigados.

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Con esta medida, los Tellechea tienen un motivo para pensar que después de ocho años, el caso de la desaparición de su padre puede empezar a ser investigado con seriedad.

"Hay muchas sospechas de que por haber personas sospechadas vinculadas a la Justicia, al poder político y a la Policía de San Juan, buena parte de la investigación se dispersó", afirman los hijos del ingeniero.

Entretanto, los cuatro imputados siguen en ese estado. Sólo se les tomó en una ocasión una declaración informativa, en la que aseguraron no tener nada que ver con la desaparición. Pero cuando pidieron ser sobreseídos en la causa, el juez Zavalla Pringles se opuso. Así, los cuatro viven en una suerte de limbo judicial: están imputados pero no procesados.

"Con lo que hizo la Cámara de Apelaciones de Mendoza hemos vuelto a creer. A creer que se pueda investigar verdaderamente ya que en todos estos años fuimos nosotros, mi familia, los investigados. Siempre se deslizó que el caso de mi padre tenía que ver con una desaparición voluntaria; que se fue porque quiso. Ahora estamos como deberíamos haber estado el primer día que mi papá desapareció. Sólo que ocho años más tarde", concluyó Mariana



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PUNTOS DE VISTA
23/02/2021
05/05/2021
MENDOZA: El JUEZ FEDERAL BENTO IMPUTADO CAUSA DE CORRUPCIÓN Y COIMAS ALLANAN ESTUDIOS DE 3 ABOGADOS
Esta mañana buscaron documentación y dinero en propiedades de los letrados Luciano Ortego, Martín Ríos y Matías Aramayo. La mujer de juez, también fue imputada.
Oscar Guillén
MIÉRCOLES, 5 DE MAYO DE 2021
La Justicia Federal acaba de abrir el juego de una causa que, hasta ahora, permanecía en secreto, en la que se investigarían “coimas y asociación ilícita” y que tendría como principal sospechoso al juez federal mendocino Walter Bento, junto con un abogado local.

De hecho, esta mañana se le notificó al juez Bento la imputación como jefe de una asociación ilícita y también se imputó al abogado Luciano Ortego. Además, se sumaron imputaciones a María Isabel Boiza (esposa de Bento) y a los abogados Martín Ríos y Matías Aramayo. La imputación para Bento es por seis hechos de cohecho pasivo, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.


Como parte de la causa, el fiscal federal Dante Vega ha ordenado allanamientos masivos en casas y estudios de todos los implicados. Estas medidas se están ejecutando desde hoy temprano. En principio, habría algunos implicados en condición de aprehendidos.

Se trata de una causa que despierta gran interés, incluso en el ámbito político, teniendo en cuenta que es un año de elecciones y que Bento es el juez electoral de Mendoza.

Esta mañana, la Policía Federal allanó el estudio de Ortego en el barrio Bombal de Ciudad y también la casa de sus padres, en Chacras de Coria, Luján, en busca de documentación sobre el caso y de dinero en efectivo, ya que -según trascendió- se estarían manejando cifras millonarias.

También se allanó la oficina del juez Bento. /Orlando Pelichotti, Los Andes.
TAMBIÉN SE ALLANÓ LA OFICINA DEL JUEZ BENTO. /ORLANDO PELICHOTTI, LOS ANDES.JUEZ BENTO
Todo comenzó en marzo de 2020, cuando se detuvo al “narcofinancista” Walter Bardinella Donoso (40), un hombre que permanecía prófugo y era buscado por participar en el transporte de 400 kilos de marihuana. Al analizar su celular, se descubrió que Bardinella se comunicaba con el empresario Diego Aliaga (51), quien a su vez le decía que contactos en la Justicia Federal le podían otorgar la prisión domiciliaria a cambio de dinero.

Luego, en septiembre de 2020, explotó el “caso Aliaga”: este hombre, -un habitué de los cafés cercanos a Tribunales- terminó secuestrado, asesinado y enterrado en un campo inculto de Lavalle. Su socio, Diego Barrera (50), fue detenido junto a su mujer y sus hijastros. Barrera, expresó que tal vez Aliaga estaba desaparecido porque estaba en un “negocio turbio”: tenía contactos en los Tribunales Federales que le permitían conseguir beneficios a cambio de importantes sumas de dólares.

Hoy se allanó el estudio del abogado Luciano Ortego, en el barrio Bombal. / Orlando Pelichotti, Los Andes.
HOY SE ALLANÓ EL ESTUDIO DEL ABOGADO LUCIANO ORTEGO, EN EL BARRIO BOMBAL. / ORLANDO PELICHOTTI, LOS ANDES.JUEZ BENTO
Incluso, Barrera habría dicho que Aliaga y un abogado –sería Luciano Ortego- se contactaban con los abogados de los detenidos y les ofrecían estas ventajosas condiciones. Y si el defensor del detenido se negaba a participar del “negocio”, hablaban directamente con el implicado y lo instaban a abandonar a su defensor a cambio de que ellos mismos lo representaran.

Por estos dichos, el fiscal Vega hizo declarar a Barrera durante tres horas.

Todo este asunto llegó a oídos del juez Bento y se filtró a la prensa. Fue en ese momento que Bento contrató a Mariano Cúneo Libarona, quien intentó cuatro veces, durante los primeros meses de este año, hacerse con el expediente que investiga Vega y que tramita el juez de San Rafael Eduardo Puigdéndolas. En cuatro ocasiones se “rebotó” el pedido de este abogado, afirmando que Bento no estaba nombrado en la causa y muchos menos imputado. Pero ahora, el juez sí fue imputado.
04/05/2021
03/05/2021
Muy simbólica esta foto
30/04/2021
Telegrama de renuncia a su trabajo para poder cobrar planes sociales

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