MARCELO MONTAÑO, abogado penalista; con perspectiva social puso el foco en los límites del sistema penal para prevenir la violencia juvenil. Consideró que modificar las sanciones o reducir la edad de responsabilidad penal no resolverá por sí solo un problema que también tiene componentes sociales. Además, advirtió sobre las consecuencias que puede tener una institucionalización temprana si no está acompañada por tratamientos, contención y herramientas de reinserción. El abogado también señaló que San Juan no cuenta actualmente con un establecimiento especializado y adecuado para alojar a menores bajo el nuevo régimen. Para Montaño, la prevención debe comenzar antes de la intervención judicial y tener presencia territorial. El derecho penal siempre llega tarde, cuando el hecho trágico ya ocurrió y cuando la muerte es irreparable. Un adolescente en conflicto con la ley es el producto de una cadena de ausencias: hogares fragmentados, consumo problemático, deserción escolar y violencia intrafamiliar. Un Estado que no garantiza las condiciones mínimas de vida, educación y desarrollo a un menor, se encuentra severamente limitado en su legitimación moral y jurídica para castigarlo. La solución no es designar más jueces, crear más fiscalías o agigantar la maquinaria punitiva del Estado. Si la única respuesta a la vulnerabilidad es construir celdas, caminamos directo a una sociedad distópica, afirmó.