Aníbal Fernández consideró al fallo de Carbone como "llamativo" y argumentó que "sufrió altísimas presiones" por parte del multimedio.

“Estamos cansados de ver a personajes de estas características. Nadie hubiera firmado una medida así", criticó Fernández. (Télam)

La polémica y los cruces entre el Grupo Clarín y el Gobierno por la Ley de Radiodifusión sigue más vigente que nunca. Luego de que el juez Eduardo Carbone vetara dos artículos, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, salió con los tapones de punta a cuestionarlo. Consideró que el fallo “es llamativo” porque está a punto de jubilarse y reveló que “sufrió altísimas presiones” del grupo mediático.

"Es llamativa la falta de ética del doctor Carbone que, a quince días de haber presentado su renuncia al cargo, se aboca a un tema para el cual no es competente; es llamativo y preocupante", dijo el Aníbal, quien confirmó que el magistrado está renunciado desde el 6 de noviembre pasado y que el 31 de diciembre se jubilará.

Señaló, además, que "gente del juzgado que trabaja con el doctor Eduardo Carbone dice que el juez tuvo una presión altísima del Grupo Clarín". "Estamos cansados de ver a personajes de estas características. Nadie hubiera firmado una medida así. Este juez no tiene competencia”, disparó.

En la misma línea que Fernández, el ministro de Justicia y Seguridad, Julio Alak, afirmó este jueves que "la resolución dictada por el juez Edmundo Carbone, haciendo lugar a una presentación judicial de inconstitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es “sorprendentemente extraña y seguramente será revocada por una instancia judicial superior”, al tiempo que anticipó que el Gobierno apelará la medida.

De esta forma, el funcionario nacional respondió al fallo del magistrado que suspendió dos artículos de la norma -el 161 y el 41- que obligan a desprenderse de canales de televisión, radios y señales en el plazo de un año, y sólo autorizan a transferir licencias con la autorización de la nueva Autoridad de Aplicación.

En un comunicado, Alak consideró que "resulta sumamente llamativo que el magistrado haya adoptado esta medida cuando su renuncia al cargo fue aceptada el 6 de noviembre y restan 6 días hábiles para que abandone definitivamente su cargo".

Además, el funcionario señaló que "si bien la medida es totalmente provisoria, pretende descalificar la plena vigencia jurídica de la ley sancionada recientemente por amplia mayoría en el Congreso".

El ministro consideró "extraño que el juez, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1 de Capital Federal desde 1980, se haya declarado competente para entender en esta materia, ya que las cuestiones contra el Estado deben tramitarse dentro del fuero contencioso administrativo”. Y agregó que "queda claro que esta medida no es una declaración de inconstitucionalidad. Es una medida absolutamente provisoria, un examen superficial de la cuestión y, además, no está firme porque no ha sido confirmada en una instancia superior”.

Por lo tanto, siguió el funcionario, "la resolución judicial no ha vulnerado el derecho del Estado, el que continúa resguardado; será impugnada judicialmente por el organismo competente y, seguramente revocada, porque no se ajusta a derecho”.