Institucionalidad es una palabra difícil de definir, aunque clara en su concepto y no es precisamente hacer obras envueltas en sospechas de corrupción, no es mostrar espejitos de colores y mucho menos regalar el precioso patrimonio provincial del que deberíamos sacar réditos inmensos, tampoco entra en el concepto de institucionalidad la ofensa al medio ambiente y la destrucción por avaricia de nuestro hábitat. Institucionalidad es una palabra claramente unida al concepto de ética personal y republicana, al patriotismo y no al patoterismo corporativo.

La ética personal de Bachelet (presidenta Chilena) o Lula (presidente de Brasil) explica sólo parte de un proceso político en que la competencia democrática no se caracteriza por discursos polarizados más parecidos a antagonismos irreconciliables. Esta ética personal es más bien el reflejo de una cultura política forjada por una notable fortaleza de institucionalidad estatal, un concepto que no se debe confundir con "Estado fuerte". La institucionalidad es la condición cultural de un gobierno que permite la elaboración, continuidad o cambio consensuado de políticas de Estado.

Es incuestionable el compromiso con la democracia, de la sociedad argentina, desde la salida de la dictadura del 83. La crisis del Delaruismo demostró que pese al estallido, la fragmentación y los trágicos episodios de violencia, la capacidad de auto organización de una sociedad al borde del caos, deseaban mantener el entendimiento y la práctica de la democracia en la Argentina y más allá de las críticas que a menudo se le hace, ninguna fuerza política nacional cuestiona su virtud.

El compromiso político y ciudadano con la democracia, sin embargo, todavía no ha consolidado la institucionalidad como estructura, ni ha generado una cultura política conforme. La historia de las rupturas institucionales y su violencia explican buena parte de la demora de este salto hacia la institucionalidad de la democracia argentina. La última ruptura que sobrevino con el golpe de 1976, en particular, terminó de destruir la institucionalidad y no sólo como estructura, sino también como entidad que media en los conflictos internos de la sociedad. El Estado fue sinónimo de represión, crisis económica y exclusión social.

Sin una fuerte institucionalidad, consolidada como estructura y cultura política, las elecciones se transforman cíclicamente en rupturas y recomienzos (ejemplo “La segunda reconstrucción de San Juan” del famoso y nunca abierto libro de Gioja), y con la excepción del compromiso con la democracia, casi ninguna política, logra asegurar su continuidad como política de Estado.

La institucionalidad se genera en el flujo de ideas de los debates públicos, en comunidades donde las grandes cuestiones tienden a consensos y proyectos que, por supuesto, luego deberán ser llevados a la práctica. Esta deuda pendiente en todo el país y en especial en nuestra provincia es quizás uno de los grandes paradigmas que debemos enfrentar y la consolidación de nuevos partidos políticos con gran inclusión ciudadana es algo natural que surge como consecuencia y con la finalidad de crecer democráticamente hacia un Estado más puro y una verdadera igualdad de derechos que en el Status Quo actual no se alcanza a percibir.

La provincia de San Juan no es una isla que se salva con ATN ni depredación de nuestros limitados recursos, debemos integrarnos y desarrollar otros recursos, no solo renovables, sino que sean consecuentes con hábitat viable a futuro y no solo en lo ambiental, sino en generación de oportunidades y con industrias que hagan de esta provincia lo que nuestra inteligencia nos permita.