Con la elaboración de un duro documento, que entre otros puntos rotula de “clientelistas” a las universidades que acepten el financiamiento de la minera Bajo la Alumbrera, se desarrolló ayer en Córdoba la primera reunión nacional de facultades que rechazaron los fondos que la minera pretende destinar a la educación. El encuentro se realizó en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Hasta allí llegaron delegaciones de las universidades de Buenos Aires, Salta, Entre Ríos, Córdoba y Esquel. También asambleas ambientales y vecinos del pueblo de Andalgalá (comunidad de Catamarca aledaña al yacimiento Bajo la Alumbrera), que con sus crudos relatos expusieron las graves secuelas sociales, ambientales y económicas que tiene este emprendimiento minero.

“En el país hay unas cuarenta universidades cuya mayoría quieren a aprobar a rajatabla los fondos de Alumbrera. Por eso que ocho facultades los hayamos rechazado es mucho”, sostuvo el doctor Raúl Montenegro, docente universitario y presidente de Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM).

Lo que está en discusión son unos 86 millones de pesos que entre 2008 y 2009 las universidades públicas recibieron, en virtud de la ley 14.771, de parte de la empresa Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio (YMAD), encargada de explotar el yacimiento minero Bajo de la Alumbrera. Esta empresa está cuestionada y denunciada por diversas organizaciones ambientales y de derechos humanos, debido al impacto que genera su extracción de oro a cielo abierto en base cianuro. Como un dato elocuente, el vicepresidente de YMAD, Julian Rooney, se encuentra procesado, por el delito de contaminación.

“Aceptar los fondos de esta empresa minera no sólo implica darle la espalada al pueblo. Acá también estamos hablando del tipo de universidad que tenemos: una universidad que no es autónoma, sino que se está financiando con fondos oscuros”, sostuvo Myriam Pagano, delegada de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta. “En el caso de Salta, el rectorado y los decanos, están convencidos de que hay que recibir los fondos”, agregó.

Durante el encuentro, los representantes de las facultades díscolas también cuestionaron la manera en que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) decidió aceptar los 86 millones de pesos, provenientes de la minera. Remarcaron que esta aprobación se hizo sin consulta ni debates, en el marco de un proceso de desfinanciamiento de las universidades públicas, lo cual lleva a que por la necesidad imperiosa de recursos, con el tiempo, las facultades terminen aceptando estos dineros “teñidos de sangre y degradación ambiental”.

“Con mecanismos de financiamiento como éstos, se está produciendo una privatización de hecho de la universidad pública. Porque se está obligando a las facultades a articular con empresas multinacionales”, sostuvo Facundo Álvarez, profesor de Ciencias Sociales de la UBA. “Nosotros, como respuesta, tenemos que ir viendo un modelo alternativo de universidad que contemple las necesidades de nuestro pueblo porque si no estaremos siempre trabajando sobre ruinas”, agregó.

Finalmente, además del duro documento, donde las facultades presentes ratificaron su rechazo a los fondos de Bajo La Alumbrera y su solidaridad con las comunidades afectadas por su producción, en la reunión se avanzó hacia la elaboración de un Código de Ética destinado a regular el financiamiento privado de las universidades públicas. “Todo esto tiene que poner a luz el origen del financiamiento de las universidades públicas y el destino que se les dan a los fondos privados”, concluyó la decana de la Facultad de Psicología de Córdoba, Patricia Altamirano.