Argentina, San Juan, Viernes 20 de Mayo de 2022
EL JUICIO POLÍTICO
EL RECHAZO DE LA RECUSACIÓN Por: Dora Yolanda Moreno





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Con motivo de haberse formalizado un Pedido de Juicio Político realizado por los Dres. Bustos y Cáceres, contra los miembros de la Corte de Justicia de San Juan; ello, como consecuencia del anómalo y cuestionado Acuerdo General Nº 23/09 de Designación de 39 personas que han ingresado – SIN CONCURSO – en el Poder Judicial, el Diputado Dr. Julio Coll ha sido “Recusado” por el parentesco que lo vincula a una sobrina incluida en la nómina de los recientes nombramientos realizados por la Corte, como así también a otros parientes – muy cercanos - ya pertenecientes al Personal del Poder Judicial.

El planteo de la Recusación – ha sido efectuado por los Dres. Marcelo Alberto Bustos y Eduardo Cáceres - contra el Dr. Julio Coll – quien ejerce las funciones de “Presidente de la Comisión Investigadora de la Sala Acusadora” de la Legislatura Provincial. Según las declaraciones efectuadas por el Dr. Coll, y ante el planteo de su Recusación, el mismo ha manifestado desde un primer momento que si intervendrá en dicha Comisión, no obstante la designación de su sobrina .en el Acuerdo Nº 23/09, de la Corte. Las explicaciones dadas inicialmente en los medios por el Sr. Diputado, resultaron por demás inconsistentes para dar justificación a su increíble determinación final de intervención personal en el caso. Su reprochable actitud de intervención, denota el supuesto desconocimiento de la falta de distinción entre la actividad legislativa específica e inherente a la Cámara de Diputados – y propia de cada legislador en la sanción de las leyes – y “la Actividad Administrativa que ejerce el Poder Legislativo en el caso del denominado Juicio Político – Leyes Nº 5496 y Nº 5502 de la Provincia de San Juan”.

El denominado Juicio Político que se desarrolla en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Provincia, NO ES UN PROCESO JUDICIAL, SINO UN PROCEDIMIENTO O TRÁMITE, que corresponde a la Actividad o Función Administrativa del Poder Legislativo, por la cual se determina la “Responsabilidad Política” de los Funcionarios comprendidos en el Art. 219 de la Constitución de la Provincia de San Juan. Por lo tanto, no puede confundirse la Naturaleza Jurídica de este instituto con la actividad Jurisdiccional, propia, específica e inherente al Poder Judicial.

El denominado “Juicio Político” ha sido definido como “el Procedimiento dirigido a la Revocación del mandato – que implicaría la destitución del declarado culpable – pues tiene por objeto privar al funcionario de su función pública, sin perjuicio de someterlo a la Jurisdicción Judicial, según sean los hechos generadores de su responsabilidad jurídica”

El Juicio Político NO ES UN JUICIO PROPIAMENTE DICHO, ES UN POCEDIMIENTO Y UNA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, determinada por las Leyes que reglamentan su ejecución.

A los efectos de la improcedencia de la “Recusación” planteada, oportunamente, el Dr. Coll realizó una serie de consideraciones, entre las cuales incluyó la falta de previsión normativa del caso, expresando que su intervención era ineludible, que la situación del nombramiento de su sobrina le era ajena, etc., etc

Hoy se ha confirmado, lamentablemente, su intervención en el caso y la DESESTIMACIÓN DEL PLANTEO DE RECUSACIÓN..

Más allá de los argumentos expuestos públicamente, su decisión de intervención, aparece reñida con el deber de no alterar la Garantía de la Imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. La situación de parentesco en la que se encuentra, y el carácter de Presidente de la Comisión Investigadora de la Sala Acusadora de la Legislatura, son circunstancias que justifican por sí mismas que el Sr. Diputado se aparte del conocimiento e intervención en el proceso del Juicio Político promovido.

Además, existe en Derecho el instituto procesal de la “Excusación” que determina el deber de apartarse espontáneamente del conocimiento del asunto cuando alguien se hallare en alguna de las causales de Recusación, entre las que figura en primer lugar ”el Parentesco por consanguinidad”, y también por motivos de “decoro” y “delicadeza”. El fundamento estriba en la posibilidad de que el afecto que normalmente suscita el vínculo familiar comprometa la Parcialidad de la actuación.

Las normas procesales de la Recusación y de la Excusación no impiden que se tornen aplicables en el caso; el que por sus características e impugnabilidad jurÍdica y sociaL excede toda previsión normativa expresa.

EL Sr. Presidente de la Comisión Investigadora, se encontraría incurso en una clara situación de Incompatibilidad Ética que le impediría intervenir en el caso, a los fines de asegurar la corrección y transparencia de un procedimiento que debe garantizar el Derecho de Defensa, las Reglas del Debido Proceso y la Igualdad ante la Ley.

A ello, cabe agregar el Antecedente cierto y de absoluta y manifiesta arbitrariedad, determinado por el Rechazo del Pedido de Juicio Político promovido en el año 2006, por los Miembros del Foro de Abogados, contra los Miembros de la Corte de Justicia.. En dicho Pedido de Juicio Político, contra los mismos Miembros de la Corte, la intervención personal del Dr. Coll, fue de público y principal protagonismo, – como Presidente de la Comisión - y se llevó a cabo, precisamente durante la gestión del Dr. Bustos como Presidente de dicha entidad profesional – Foro de Abogados -. Ese Pedido fue arbitrariamente RECHAZADO..Las normas de las leyes Nº 5496 y Nº 5502 fueron vulneradas en la ejecución del Procedimiento del Juicio Político. Se alteraron las Etapas de sustanciación y se suprimieron un gran número de elementos probatorios ofrecidos por el Foro, los cuales fueron desconocidos en la Investigación. Se le dio Vista a la Corte Denunciada en la Etapa inicial violando el Procedimiento de sustanciación.

Ahora bien, siendo el Dr. Bustos uno de los Profesionales que hoy promueve nuevamente el Juicio Político a la misma Corte, y siendo el Presidente de la Comisión Investigadora de la Sala Acusadora, el mismo Diputado, Dr. Julio Coll; en virtud del Antecedente ya sentado, con la participación de los mismos protagonistas y como consecuencia del resultado negativo del Pedido del año 2006, se configura otra causal de Recusación y/o de Excusación.

La Ética Pública ha fijado principios cardinales en la materia imponiendo que el ejercicio de la función pública debe mostrar la mayor transparencia, y la necesidad de obrar con “honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana”.

Por último, cabe resaltar, que el hombre adquiere el conocimiento del “ser” y del “deber ser” de la sociedad que lo integra, a través de su conciencia moral; y que esa conciencia tiene como primer principio o como paradigma ético – jurídico- fundamental, el concepto de JUSTICIA.

Dora Yolanda Moreno
Abogada
Master en Derecho Administrativo



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