Argentina, San Juan, Miércoles 01 de Abril de 2020
Valle de la Luna - San Juan - Argentina
NOMBRAMIENTOS EN EL PODER JUDICIAL
Por Ernesto Lloveras - Abogado - Periodista





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Nuevamente los sanjuaninos nos vemos sorprendidos por este lamentable retroceso institucional, que no solo afecta al Poder Judicial, sino también al Ejecutivo y al Legislativo. Cuando aun no salimos del asombro de aquel culebrón bochornoso, conocido como el "Caso Recio", ahora se produce un insólito ingreso a la mal llamada "Justicia", con el agravante de que también se comprometió seriamente la pregonada DIVISIÓN DE PODERES.
Nos preguntamos cómo fueron aquellos primeros contactos entre el Diputado Provincial Julio Coll, actual Presidente de la Sala Acusadora de la Comisión de Juicio Político, y miembro del Jurado de Enjuiciamiento, con algún miembro del Poder Judicial, pidiéndole, suponemos, por favor, que incorporen a su hijo en el ingreso a otro Poder del Estado, al cual se supone, debe controlarlo, e inclusive JUZGARLO, en el caso de un Jury de Enjuiciamiento. ¿Acaso nadie se dio cuenta de que con dicho pedido y su posterior aceptación, se estaban vulnerando numerosas normas constitucionales que intentan garantizar no sólo la división de poderes, sino también la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley? No se dieron cuenta de que la Constitución de San Juan, en su Art. 45, exige el llamado a CONCURSOS para acceder a los cargos públicos? Cómo hará el diputado Julio Coll para juzgar eventualmente a un juez que interactúa laboralmente a diario con su hijo, y a quien este último le debe subordinación funcional?
También, desde el Poder Ejecutivo, con sede en el Centro Cívico, partieron llamadas reclamando “un lugarcito” para el hijo de Oscar Balverdi. Poco se reparó en las consecuencias institucionales de este eventual llamado. Un Ministro de Salud Pública debería ser una persona muy sensible en la consideración y exigencia social, ya que los médicos, generalmente, conviven con el dolor humano. No obstante, se hirió de muerte la confianza del ciudadano en el Sistema Republicano de gobierno, y en la credibilidad en los funcionarios, ya que se supone, deben velar por el bien común, y no por el propio. En realidad, el llamado “acomodo laboral”, debería ser una práctica ya desterrada, de la moderna administración pública, y con casi 30 años de vigencia democrática. Si de esto no se dan cuenta nuestros funcionarios, es un claro síntoma de la BAJA CALIDAD INSTITUCIONAL que se vive hoy en San Juan.
Justo en una época en la que se necesitan ejemplos de civismo y de compromiso social, nuestros representantes priorizan sus mezquinos intereses personales, por sobre las necesidades laborales de cientos de sanjuaninos, que observan impávidos, cómo se favorece a los familiares directos de aquellos que detentan actualmente el poder, reinstalando antiguas prerrogativas de sangre.



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