Argentina, San Juan, Miércoles 01 de Abril de 2020
Valle de la Luna - San Juan - Argentina
Nota Presentada al Foro por Ingresos a Tribunales - Otro escándalo de magnitudes similares al que provocó el denominado caso “Recio”
CONTRARIANDO EL MARCO CONSTITUCIONAL DEMOCRÁTICO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, LA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN, DISPONE EL INGRESO DE PERSONAL, PRIORIZANDO PRERROGATIVAS DE SANGRE, RELACIONES PARENTALES Y/O CRITERIOS ARBITRARIOS Y PRIVADOS DE PREFERENCIA DE LOS MIEMBROS DEL MÁXIMO TRIBUNAL LOCAL. ESTA CORTE, VIOLA ENTRE OTROS, EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY Y EL CRITERIO CONSTITUCIONAL DE IDONEIDAD QUE IMPONEN LAS CARTAS MAGNAS PROVINCIAL Y NACIONAL, EN GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS.-





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Al Presidente del Foro de Abogados de San Juan,
Dr. Isidro Díaz.-
Los abajo firmantes, miembros de éste Foro, ante otra flagrante violación a la Constituciones Nacional y Provincial, producida por la Corte de Justicia de la Provincia de San Juan, no dirigimos a Ud. y por su digno intermedio a los demás miembros del Honorable Directorio del Foro de Abogados de San Juan, a fin de manifestarle y solicitarle lo siguiente:
1- Hoy es público y notorio para la comunidad letrada y los ciudadanos de San Juan, el nuevo atropello producido por la Corte de Justicia de San Juan, al régimen legal vigente para el ingreso y asenso del Personal del Poder Judicial de San Juan.-
Nuevamente somos testigos de otro escándalo de magnitudes similares al que provocó el denominado caso “Recio”, y que fuera uno de los motivos por los cuales el Foro de Abogados de San Juan promoviera Juicio Político a los actuales miembros de la Corte de Justicia de la Provincia de San Juan.-
Con la impunidad, quienes deberían ser los máximos garantes de la vigencia de la ley y las instituciones, son quienes las violan abusiva, burda y flagrantemente, en perjuicio de todos los habitantes de San Juan, y en beneficio de una minoría privilegiada.-
Mediante el Acuerdo General nº 23 del 30 de septiembre del corriente año, la Corte de Justicia Provincial a acordado designar interinamente, sin concurso previo de oposición y antecedentes, a treinta y tres personas en el cargo de escribiente y a seis personas en el cargo de auxiliar, para cubrir cargos vacantes en el Escalafón de Personal Administrativo y técnico de la Planta Permanente del Poder Judicial.-
2- RÉGIMEN CONSTITUCIONAL VIGENTE EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN PARA EL INGRESO AL EMPLEO PÚBICO Y EN PARTICULAR AL PODER JUDICIAL DE SAN JUAN.-
En primer lugar, debemos manifestar que el artículo 5º de la ley Orgánica de Tribunales, Nº 5854, (modificado por Art. 2º de Ley Nº 6078), establece quienes son funcionarios y empleados auxiliares en el Poder Judicial de San Juan, el mismo dice: “Son Funcionarios de la administración de Justicia: los Secretarios, Pro-secretarios auxiliares, los integrantes del Cuerpo Médico Forense, el Jefe del Registro General de la Propiedad, el Jefe del Archivo de Tribunales y el Jefe del Registro Público de Comercio, siendo empleados todos los que se desempeñan en actividad específica de Tribunales”.-
La Constitución de la Provincia de San Juan, en su Sección Primera, Declaraciones Derechos y Garantías, en el Capítulo II, Derechos Individuales de las Personas, bajo el título de Admisión e Incompatibilidades en el Empleo Público, en su artículo 45º, establece: “Todos los habitantes, sin discriminación alguna pueden acceder a los empleos públicos sin más requisitos que la idoneidad. El acceso a los cargos técnicos y administrativos está sujeto a realización de concursos”.-
El tratamiento igualitario de todos los ciudadanos para el ingreso a los cargos públicos, debe ser garantizado por los representantes del estado, este derecho individual de la población está sometido al requisito de la idoneidad. Este derecho debe ser tutelado eficazmente por el estado, garantizando la realización de concursos públicos donde todos los ciudadanos puedan tener la posibilidad participar en ellos, en tanto y en cuanto reúnan los requisitos necesarios para dichos cargos.-
Ante la producción de vacantes o la creación de cargos, es un DERECHO ADQUIRIDO por TODOS LOS CIUDADANOS, el que no se los trate de manera desigual y discriminatoria, es una obligación de la Corte de Justicia garantizar ese derecho.-
En este sentido, el art. 24 de la Constitución Provincial dice: “Los habitantes de la Provincia tiene idéntica dignidad social y son iguales ante la ley, la que da igualdad de oportunidades y es aplicada de manera uniforme para todos. Cada habitante tiene deber de contribuir de acuerdo con sus posibilidades al bienestar común, y el correlativo derecho de participar de sus beneficios”.-
En la misma lógica el art. 16 de la Constitución Nacional, dice: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”.-
Particularmente, el artículo 207 de la C. P. en concordancia con los mencionados artículos 45 y 24, establece que la Corte de Justicia de la Provincia de San Juan, tiene entre sus atribuciones y deberes, la de nombrar, trasladar y remover a los empleados del Poder Judicial.-
Obviamente, dichas atribuciones, deben ejercerse respetando el derecho de todos los ciudadanos y de los empleados del Poder Judicial.-
El artículo 199 de la Constitución Provincial establece que la ley determinará entre otras la forma en que los órganos del Poder Judicial habrán de actuar y aplicar el ordenamiento jurídico.-
En concordancia con las normas constitucionales antes referidas, el 11 de junio del año 2001, la Corte de Justicia de la Provincia de San Juan, dicto el Acuerdo General Nº 10, donde dispuso que,”…el ingreso de aspirantes al Poder Judicial para cubrir cargos de Funcionarios Judiciales, Personal Administrativo y Técnico, y Personal Obrero y Maestranza, se realice por concursos de antecedentes y oposición…”, de conformidad al reglamento que por dicho acuerdo aprobó.-
Este orden jurídico debe ser cumplido por los Ministros de la Corte, quienes conforme el art. 9 de la Ley 5.854, al tomar posesión de su cargo prestaron juramento de ello.-
El retroceso que provoca la Corte de Justicia con la violación, incluso de Acuerdos Generales dictados por ella misma, se opone al principio de progresividad contemplado en diversas normas internacionales con rango constitucional.-
Es así, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (PIDESC), adoptado por la Asamblea General de la ONU, el 16/12/1966, tratado ratificado por Argentina mediante la Ley 23.313 y conforme al art. 75 inc. 22 de la C. N., goza de jerarquía superior a las leyes en nuestro país, dice en su artículo 2, inciso 2: “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas hasta el máximo de los recursos de que disponga, PARA LOGRAR PROGRESIVAMENTE, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”.-
Entre las obligaciones que genera para el estado Argentino dicha norma, Cristian Courtis y Víctor Abramovich, en la obra “La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales” (pag. 328), mencionan: a) obligación de adoptar medidas inmediatas, b) obligación de garantizar niveles esenciales de los derechos y c) OBLIGACIÓN DE PROGRESIVIDAD Y PROHIBICIÓN DE REGRESIVIDAD.-
En función de la última obligación mencionada en el párrafo anterior, el estado argentino, (y en este caso como parte de él, la Corte de Justicia de la Provincia de San Juan), no puede adoptar políticas y medidas, que empeoren la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de los que gozaba la población una vez adoptado dicho pacto.-
Esta norma se relaciona con el principio de razonabilidad del art. 28 de nuestra Constitución Nacional, por ambos principios la reglamentación de derechos realizada por el estado no puede empeorar la situación de reglamentación vigente, desde el punto de vista del alcance y amplitud de su goce.-
Las normas deben ser razonables, y contener equivalencia entre el hecho que antecede a la norma creada y el hecho consecuente de la sanción, conforme las circunstancia sociales que motivaron el acto, los fines perseguidos con él y el medio que establece dicho acto como prestación o sanción.-
Ante este encuadre legal, el Acuerdo General nº 23 del 30/9/2009, de la Corte de Justicia de San Juan, es arbitrario, ilegal e inconstitucional, no están justificado, vulnera derechos adquiridos, produce inequidad y viola el interés público.-
Es de destacar, que ya mucho antes de la reforma de la Constitución Nacional del año 1994, el art. 20 de la Constitución Provincial incorporó el principio de progresividad que dice: “Compete a la persona la concepción, búsqueda y elección de alternativas para el logro de su felicidad y al Estado asegurar la progresiva y acelerada eliminación de problemas sociales, económicos, políticos y culturales que afecten a las personas”.-
3- Gracias a la lucha de muchos letrados locales y de éste Honorable Foro de Abogados, se logro presionar para el establecimiento del Régimen de Concursos para ingresos y ascensos en el Poder Judicial, en cumplimiento del mandato constitucional y en pos de la mayor independencia del Poder Judicial, en consecuencia se pide al Honorable Directorio, que convoque de manera inmediata a Asamblea del Foro de Abogados para tratar las acciones a desarrollar ante la Acordada Dictada por la Corte de Justicia Nº 23 del 30 de septiembre de 2009.-
Firman:
Albardias, Gustavo
Alvarez, Fernando
Bula Carlos, Alberto
D`amico, Antonino
D`amico, Gabriel
Garcia Gutierrez, Silvia
Giovanini, Silvia
Rodriguez del Cid, Horacio



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