Argentina, San Juan, Viernes 06 de Diciembre de 2024
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La Universidad de Buenos Aires aceptó el dinero de la minería con cianuro y se negó al debate
Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz





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El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires

aceptó el dinero de la minería y se negó al debate

En el día de hoy, a las 9hs de la mañana, se reunió el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires

(UBA), presidido por el Dr. Rubén Hallú, rector de la universidad. Uno de los temas a tratar era la incorporación al

presupuesto de la suma de más de 3,4 millones de pesos (AR$ 3.470.236), fondos provenientes del

emprendimiento minero Bajo La Alumbrera, de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), ubicado en la

provincia de Catamarca.

En una carta del 10 de junio de 2009, enviada al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y a los rectores de

todas las universidades nacionales, pedimos que se rechacen “esos fondos millonarios, por el hecho de que

provienen de una actividad destructiva y contaminante, que genera cada día más violaciones a los derechos

humanos de las poblaciones aledañas al mega-emprendimiento”. Si bien esta distribución de utilidades líquidas y

realizadas de YMAD se hace conformemente a la ley 14.771, cabe resaltar que el espíritu de esa ley sancionada

en 1958 fue totalmente alterado por la reforma de su artículo 5 durante la última dictadura militar. Además, la

empresa Minera Alumbrera Ltd. que explota el yacimiento está actualmente procesada por delito ambiental por

la Cámara Federal de Tucumán, imputada por tráfico documental y exportación ilegal de metales,

contrabando de oro, uranio y torio, e investigada por lavado de dinero.

Por todas esas razones, repudiamos fuertemente la decisión tomada hoy por el Consejo Superior de la

Universidad, de aceptar ese dinero manchado de sangre. Sólo hubo tres votos en contra (de Federico

Schuster, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, y de los dos consejeros estudiantiles presentes, Mariela

Solesio y Mariano Blumenfeld), y una abstención (de Pablo Pazos, representante de los graduados).

Con esta decisión, las autoridades de la Universidad de Buenos Aires prefirieron recibir fondos

generados por una actividad que perjudica gravemente a las condiciones de vida de las poblaciones de

varias provincias del norte argentino, en lugar de pronunciarse en defensa del interés del pueblo como

debería hacer toda institución pública.

Más grave aún, el Consejo Superior se rehusó a todo debate abierto. Por votación, se le negó la palabra a

mi asesora que había ido a la reunión en representación mía, con la intención de informar al Consejo Superior

sobre diversos aspectos relacionados a esta explotación minera, y presentar los argumentos en contra de la

aceptación de ese dinero. También estaban presentes miembros de asociaciones estudiantiles y jóvenes

investigadores de la UBA que tampoco pudieron hablar.

Por otro lado, cabe destacar que incluso los consejeros a favor de la aceptación de los fondos reconocieron

que se necesitaba ampliar las informaciones acerca del impacto provocado por esa empresa minera,

principalmente en cuanto a la contaminación ambiental que provoca. Varios pidieron que la resolución vuelva a la

comisión de presupuesto (proposición rechazada por 13 votos contra 9). El decano de la Facultad de Ciencias

Sociales propuso que se crease una comisión formada por investigadores de las distintas disciplinas, ya que la

mega-minería afecta todos los aspectos de la vida del pueblo. A través de la voz del consejero estudiantil,

ampliamos la propuesta de Federico Schuster pidiendo que se organice un debate público, y que de formarse

dicha comisión, que su composición incluya también a miembros de la sociedad civil: organismos de

derechos humanos, organizaciones sociales y ambientalistas, asambleas ciudadanas y poblaciones

afectadas. Esas diferentes alternativas a la aceptación de los fondos ni siquiera fueron sometidas al voto.

Esta actitud de la gran mayoría de los miembros del Consejo Superior es altamente condenable. Recordamos

que las universidades públicas deben actuar en defensa del bien público y estar al servicio de los ciudadanos. Las

universidades públicas, y sobre todo una de gran renombre como es la UBA, tienen el deber de abrir sus

puertas al debate de tales temas de suma importancia, para definir el modelo de país que queremos.

Reiteramos nuestro fuerte repudio a la aceptación de los fondos de YMAD por parte de la Universidad

de Buenos Aires, y condenamos la actitud de su Consejo Superior de negarse al debate.

Buenos Aires, el 26 de agosto de 2009

Adolfo Pérez Esquivel

Premio Nobel de la Paz



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La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Seccional San Juan anunció que, luego de gestiones con el Gobierno provincial, logró asegurar un bono de fin de año de $100.000 para los empleados de la administración pública. Este beneficio busca aliviar la situación económica de los trabajadores en un contexto inflacionario.
Según el comunicado oficial del sindicato, este logro refuerza la posición de UPCN como la principal organización gremial en la provincia, destacándose por su capacidad de negociación en favor de sus afiliados. “Agradecemos la predisposición de las autoridades provinciales y celebramos este acuerdo que impactará positivamente en los bolsillos de los empleados estatales”, afirmaron desde la entidad gremial.
El bono será de carácter extraordinario y se prevé su pago en las próximas semanas. “UPCN agradece la predisposición de las autoridades provinciales y celebra este bono de fin de año, que alivia los bolsillos de los empleados estatales sanjuaninos”, afirmaron.
Este anuncio se da en medio de la discusión que el Gobierno provincial mantiene con los gremios docentes UDA, UDAP y AMET, quienes en la última paritaria recibieron la propuesta de un aumento bimestral de 3,5% en los sueldos (2% en diciembre y 1,5% en enero) más el pago de un bono de fin de año de $80.000. Esta propuesta fue rechazada por los delegados de los sindicatos.
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