“Richard” iba en la camioneta municipal. Tiene varios años como empleado, coincidiendo en muchos de ellos con Juan Carlos Quiroga Moyano. El silencio y la dudosa reacción del intendente.
Ángel Richard Gutiérrez Garay, detenido con un cargamento de drogas en 25 de Mayo, y Juan Carlos Quiroga Moyano, presidente del Partido Justicialista.
Por Sebastián Saharrea
8 de noviembre de 2024 - 12:28
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Un empleado municipal bajando una carga de drogas valuada en más de 1 millón de dólares en una camioneta oficial sobre un playón de una estación de servicios de Casuarinas, parece una secuencia de una serie de Netflix. Y más que el final de un capítulo, se parece al comienzo de una historia, a la luz de las preguntas que desata. No sólo policiales y judiciales, sino también en la órbita política.
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Porque 25 de Mayo es desde hace mucho tiempo el territorio predilecto en San Juan de caudillismo matizados con nepotismo, con el caso de los Quiroga Moyano en el timón municipal desde 2003 (Juan Carlos durante 16 años, su hermano Rolando otros 4) hasta el presente, aún ahora que el jefe comunal Jalife no es más que un dignatario vocero de sus jefes. Y desde hace poco tiempo, meses apenas, Juan Carlos ejerce nada menos que la presidencia del Partido Justicialista en San Juan.
La primera pregunta que salta sola es si el entonces intendente Juan Carlos Quiroga Moyano podía no conocer al principal sospechoso de este pulpo del narcotráfico sorprendido por la Policía Federal en su municipio: el joven camillero conocido como Ángel “Richard” Gutiérrez Garay.
Frente a la gravedad del caso de un empleado en camioneta municipal cargada con un millón de dólares en droga y ante el escaso esfuerzo que pone a nivel institucional el municipio veinticinqueño para aclarar en detalle cuál es la relación específica del sospechoso y sus funciones con precisión, habrá que sacar conclusiones con los datos a la vista.
“Richard” –a quien todos llaman cariñosamente así en la sede municipal- es empleado desde hace entre 12 y 15 años (el departamento de personal no dio esa información en público, tal vez sí a la justicia, se estima según el recuerdo de sus compañeros). Es decir que trabajó al menos durante los últimos 8 años junto a Juan Carlos Quiroga Moyano. Y lo hizo en el mismo edificio, en el que todos se conocen entre sí, apenas con paredes de diferencia.
Fuentes municipales que prefirieron no ser identificadas contaron que “Richard” no sólo cumplía las labores declaradas oficialmente, sino que también realizaba todo tipo de trámites y a pedido de la planta política municipal. Algo lógico en un municipio reducido en planta de personal, en un departamento en el que se conocen todos.
Con algo más de precisión, otras fuentes en el municipio dicen que “Richard” ingresó en la gestión de “Roly” –Rolando Quiroga Moyano, intendente entre 2011 y 2015-, con lo que convivió en el municipio con Juan Carlos en sus últimos 8 años hasta 2023. Esas mismas fuentes dicen que Richad Garay tiene un familiar en el Penal, que solía frecuentar sitios de casino y dados en Caucete y Tupelí, y que siempre trabajó políticamente en las campañas políticas de los Quiroga Moyano.
El problema es que de un momento para otro, “Richard” dejó de ser sólo ese joven adorable del que todos hablan maravillas para pasar a reportar como el principal sospechoso de una de las redes de narcotráfico más gruesas de la historia de la provincia. Detectada por una maniobra de lujo llevada a cabo por la Policía Federal luego de varios años de seguimiento.
En las primeras horas del viernes pasado, fue sorprendido en la estación de servicio haciendo el trasbordo de un camión que llegaba desde Mendoza y dejó la droga al joven en la furgoneta municipal. 140 kilos de marihuana y 2 de cocaína, que fueron secuestrados en el domicilio de una supuesta cómplice. Mercadería por un valor de mercado calculado en 1.250 millones de pesos, algo más de un millón de dólares al cierre del blue.
Las siguientes preguntas surgen rápidamente y se responden solas.
¿Pudo un joven empleado municipal manejar mercadería ilegal por más de un millón de dólares en un pequeño departamento, sin la ayuda de nadie?
¿Era él el dueño de un evidente negocio de narcotráfico a alta escala, junto a una mujer también detenida que llevaba una vida tranquila junto a tres hijos adolescentes?, ¿o hay alguien mucho más pesado por detrás?
¿Fue ésta la única vez que se produjo este tráfico de sustancias aprovechando la movilidad oficial del municipio de 25 de Mayo y su empleado, o hubo otras operaciones previas que no había sido detectadas?, ¿cuántas?
Además de contar con la fachada de la camioneta municipal, ¿habrá jugado algún rol especial la localización geográfica del departamento 25 de Mayo, de acceso sin necesidad de rutas asfaltadas para llegar a Mendoza o a San Luis, con el plus que supone para el tráfico de sustancias ilegales?
Respuestas que irán surgiendo a medida que avance la investigación del juez Leopoldo Rago Gallo, eventualmente que se quiebren los detenidos o se acojan a los beneficios de testigos protegidos, como hay optimismo en la investigación que así ocurra.
La cuestión es que el caso recién se conoció el lunes pasado, tres días después de ocurrido. Es decir que en 25 de Mayo las autoridades municipales (que lógicamente estaban enteradas desde el mismo viernes de lo que ocurrió) tuvieron tiempo suficiente para elaborar una respuesta adecuada a la comunidad sobre los alcances y las consecuencias de la grave investigación de narcotráfico que tiene por objeto a un empleado suyo de muchos años y de nutrida relación con ellos mismos, y a la propia movilidad de la Municipalidad.
Pero el martes, el día después de conocido este verdadero escándalo, el intendente Jalife prefirió seleccionar a interlocutores allegados en lugar de ofrecer una explicación amplia y seria sobre un asunto extremadamente delicado.
Tiempo de San Juan fue hasta el municipio a buscar esa información, pero el jefe comunal prefirió evitar el contacto. Optó por entregar la voz oficial a medios radiales vinculados con el uñaquismo, donde monologó con obviedades del estilo “no me va a temblar la mano para tomar medidas”.
No se le pudo repreguntar sobre qué gravedad es el requerimiento que considera para tomar medidas como la suspensión o el despido de un empleado detenido in fraganti con un millón de dólares en drogas. Si no lo hizo hasta ahora, puede interpretarse que su nivel de tolerancia es muy alto, o que existen otros factores que también juegan.
Tampoco pudo saberse en detalle de fuente oficial cual es la función que cumplía el empleado sospechoso de transportar una carga insólita de drogas en la furgoneta municipal donde deberían ir los enfermos (siempre), o al menos cargas legales. Si estaba trabajando a las 7 de la mañana del viernes, como escuetamente dijo en radio, ¿a quién estaba trasladando?, porque lo que estaba trasladando era droga.
O qué medidas internas tomó para preservar el espacio físico de eventuales pruebas judiciales. O, precisamente, cuál es su nivel de conocimiento personal, su vínculo y el de los Quiroga Moyano, con el sospechoso. Para evitar interpretaciones que surgen a la luz de la falta de información o los escenarios enturbiados.
Jalife es novato en el ejercicio del ejecutivo, aunque dispone de una larga foja de servicios al lado de los Quiroga Moyano: fue diputado departamental en la última gestión de Juan Carlos, hasta que tomó la posta señalado para hacerlo por su líder.
Juan Carlos Quiroga Moyano llegó este año a presidente del Partido Justicialista de San Juan. Lo hizo como prenda de unidad luego de largas y sangrientas disputas entre los sectores de José Luis Gioja y Sergio Uñac. Asumió en nombre del recambio generacional, con el objetivo de hacer resurgir al partido.
