Argentina, San Juan, Martes 31 de Marzo de 2020
Valle de la Luna - San Juan - Argentina
DESAMPARADOS DE JUSTICIA
Por: Dr MARCELO ARANCIBIA





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"La Justicia es la virtud más importante de una sociedad democrática" afirmaba el filósofo político y del derecho del siglo XX, John Rawls.
Tal vez pocos en San Juan se han percatado, pero la provincia ha perdido uno de los órganos de poder del Estado: El Judicial. El fin del Poder Judicial tiene fecha: 28 de febrero del 2020 con la designación del Escribano Marcelo Lima como Ministro de la Corte de Justicia sin que nadie, por miedo o complicidad, expresara sobre lo inconstitucional de su nombramiento.
La pérdida de independencia es un dato que todos sabemos que ocurrirá, pues nadie duda que el nuevo Supremo exhibirá sin rubor su total dependencia del poder de Estado al que está, ahora, constitucionalmente llamado a controlar, a fin de garantizar el funcionamiento del sistema Republicano.
Sin Poder Judicial, el deseo imaginario del escritor "K" Mempo Giardinelli, por la unanimidad tras la voluntad del "líder" convirtiendo aquel Órgano del Estado en un mero servicio de justicia dependiente del Poder Ejecutivo, es una realidad en San Juan sin necesidad de recurrir a reforma Constitucional alguna.
Tenemos entonces una justicia concebida como un servicio, como si se tratara de la educación, la salud, la seguridad, o la recolección de basura o la organización de algunos eventos como Fiesta Nacional del Sol o una carrera de bicicletas o motocicletas.
Como la educación, la salud o la seguridad, la justicia es un servicio muy caro para el contribuyente y de acceso severamente restringido a partir de una serie de reformas en los derechos procesales, donde y bajo la consigna de bajar la litigiosidad y la morosidad judicial, lo que los encargados del Servicio de Justicia han logrado es diluir las garantías constitucionales de la defensa en juicio y el debido proceso judicial. Pues en tiempos modernos el liberalismo político que consagra derechos es un obstáculo para alcanzar óptimas estadísticas de productividad.
La importancia de los derechos procesales (civil, penal, laboral, etc) en una democracia es trascendental, pues el derecho procesal está asociado a una noción de ciudadanía que no se agota en su dimensión política, se proyecta en la posibilidad de obtener una resolución jurisdiccional en un conflicto de intereses o para un reconocimiento interpersonal, colectivo o familiar, basado en la ley y el derecho, lo que instituye al justiciable como sujeto de ciudadanía.
De modo que, si el proceso judicial se mide por su velocidad y no por el apego estricto al derecho a la defensa y el debido proceso, la legalidad que el Servicio de Justicia nos brinda es solo a medias, lo que hace que el verdadero cambio de "paradigma" (término telúrico empleado por los operadores del Servicio de Justicia) es solo un rediseño a medias de nuestra democracia y, en consecuencia, el resultado es una justicia concentrada en castigar al ladrón de gallinas, en perseguir al deudor de impuestos (las ejecuciones fiscales que representan cerca del 60% de la litigiosidad en todos los fueros judiciales) o en permitir el acceso a la justicia a quien solo pueda pagarlo (como la buena educación, la buena salud, la seguridad privada o un palco vip en el autódromo del Villicum).
Cuando la Justicia no es un poder independiente y las normas procesales que se sancionan es para dificultar el acceso a la justicia o para direccionarla en favor del Estado y los intereses del Gobierno, el caos ocurrido con el Anexo Mitre desde su inauguración no es solo producto de la improvisación de los funcionarios a cargo del diseño operativo del nuevo edifico (verdaderos aprendices de brujos) es toda una demostración institucional del desprecio que impera respecto a la democracia y su vinculación con los derechos ciudadanos cuando necesitan acceder a la justicia; y con ello el trato indigno al ejercicio profesional de los abogados, el trabajo de los empleados, la función jurisdiccional de los funcionarios y magistrados judiciales y, por sobre todo, el derecho del justiciable al acceso a la justicia.
(Cuadros, Alegoría del mal Gobierno, Alegoría del buen Gobierno por Ambrogio Lorenzetti)



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