Argentina, San Juan, Domingo 17 de Noviembre de 2019
El juez Daniel Rafecas procesó a 17 personas por cartelización en la obra pública K






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Son ex funcionarios de Vialidad y proveedores del Estado que habrían conformado una asociación ilícita para beneficiarse con obras. Además, investiga pago de
El juez federal Daniel Rafecas procesó a 17 imputados, entre funcionarios públicos y proveedores del Estado, en un expediente en el que se detectó un sistema permanente de cartelización, con retornos, engaños y falsificación de documentación, en el marco de las licitaciones privadas y contrataciones directas -que habían sido convocadas entre los años 2013 y 2015-, por el Distrito Primero “Buenos Aires” (con jurisdicción en la provincia de Buenos Aires) de la Dirección Nacional de Vialidad.

Durante la instrucción se investigó una supuesta asociación ilícita integrada por ex funcionarios para llevar adelante maniobras ilegales, el procesamiento incluyó además los delitos de fraude, falsificación de documentos privados y falsedad ideológica de instrumentos públicos.

La denuncia inicial, efectuada tras una auditoría interna, dio cuenta de sospechas sobre el trámite en 13 expedientes administrativos. Sin embargo, la causa avanzó sobre una estructura de "irregularidades sistemáticas en 167 contiendas de precios realizadas por el Distrito I, las cuales totalizaron un monto adjudicado de pesos que supera los $ 36.000.000", señala la resolución.

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La auditoría interna se realizó durante la gestión de Javier Iguacel en Vialidad, que detectó maniobras para encubrir licitaciones truchas. Según la causa, al menos entre 2013 y 2015, se concretaron 273 operaciones comerciales con un registro de proveedores falsificado, junto a todo un esquema de firmas, sellos y falsificación de pagarés.

La mayoría de las firmas que integran la nómina de proveedores del Distrito N° 1 de Vialidad también están sospechadas por la maniobra ilegal.

En su oportunidad los investigadores allanaron oficinas y domicilios de proveedores donde se encontraron notas manuscritas, con alusión a un supuesto reparto de coimas a ex funcionarios, similar a los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

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Por ejemplo, la licitación privada N°56/2013 para el mantenimiento del Puente Avellaneda tuvo a cinco empresas que retiraron el pliego, pero solamente hubo una que ofertó y se llevó el contrato. Sin embargo, cuando los investigadores preguntaron al resto de los oferentes, desconocieron las firmas de los documentos.

Como parte de la maniobra se señaló que en el Distrito Primero habría existido una "asociación ilícita, permanente y organizada, entre funcionarios públicos y proveedores de esa repartición, destinada a llevar adelante una actividad sistemática diseñada para perpetrar diversos hechos ilícitos como fraguar las contiendas de precios convocadas por esa repartición, anular la competencia, adjudicar contratos a proveedores predeterminados, cometer fraude en perjuicio de la Administración Pública, y facilitar la conducta de proveedores corruptores, entre otros delitos".

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En consecuencia, el juez Rafecas dio por acreditado que los "delitos cometidos fueron consumados con claras violaciones a los preceptos del régimen legal aplicable a las contrataciones y por medio de engaños ilegales, como son la falsificación de documentos y sellos, falsedades ideológicas consistentes en la inserción de declaraciones falsas en instrumentos públicos, siempre con la intervención de los funcionarios de las más altas esferas".

Parte de la estructura investigada se volcó a beneficiar a un grupo "afín de proveedores orbitó alrededor de aquella Administración fraudulenta, encubriendo y receptando –dolosamente en algunos casos y con impericia en otros- el dinero proveniente de los hechos ilícitos cometidos por la asociación", expresó Rafecas..

La mayoría de estos proveedores -se explicó en el expediente-, resultaron ser los "contratistas con mayor monto adjudicado por ese Distrito durante esos años y, en muchos casos, se trata de proveedores vinculados por lazos de parentesco".

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Por ejemplo, existen licitaciones en las cuales algunos de los oferentes y adjudicatarios resultaron ser o bien cónyuges, o primos, o cuñados, entre otros vínculos directos.

En otro de los casos, se observaron un conjunto de adjudicaciones que según el juez, "fueron manipuladas mediante la falsificación de los sellos y firmas de más de 50 empresas auténticas, pero que "nunca fueron verdaderamente convocadas por el Distrito I, mientras que en otras licitaciones, las empresas contendientes directamente fueron inventadas, con nombres falsos y domicilios inexistentes, todo ello para dar visos de legalidad a los expedientes administrativos y cumplir en apariencia con los requisitos formales exigidos por ley".

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Por otro lado, algunas operaciones comerciales concertadas implicaron, "el ofrecimiento de dádivas por parte del proveedor adjudicante a los funcionarios públicos intervinientes". Esto se corroboró con notas manuscritas secuestradas del local comercial de un proveedor de repuestos de autos, “Sport Rocchetto”, en las cuales se leen anotaciones indicativas de los retornos ilegales, sus montos y sus destinatarios.

A ese proveedor en particular, detalló Rafecas, se le adjudicó la compra de 191 baterías en tan sólo seis meses, "por modelos de vehículos y volúmenes incongruentes con la flota de rodados con la que contaba el Distrito para aquel entonces".

Entre los procesados están el ex jefe de la división Administración del Distrito I de Vialidad Luis Daniel Lozano, la ex jefa de la sección Licitaciones y Compras Gladys Pedermera, el ex jefe de la sección Servicios de Apoyo Carlos José Santella y el ex supervisor de la sección Equipos y Talleres Ricardo Guiamet.

Todos fueron procesados por haber integrado una asociación ilícita, junto al matrimonio de Cristian Fizzani y Paola Oviedo, proveedores del distrito, añadieron los portavoces.

También fue procesado el ex jefe del distrito Leonardo Sverdlik, encontrado imputado de incumplimiento de los deberes de funcionario público



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