Argentina, San Juan, Sábado 17 de Agosto de 2019
CASTIGAR
Por: Dr MARCELO ARANCIBIA





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CASTIGAR
En San Juan, frente a la inseguridad, el Gobierno ha pasado de una lógica de la pena como reparación a una lógica de la pena como castigo.
Estamos en un momento de ansiedad social, pero también de manipulación de esa ansiedad de la población que tiene una dimensión socio-económica a causa del desempleo, la pobreza, la incertidumbre ante el futuro.
El Gobierno transforma esa ansiedad legítima en una intolerancia social hacia el que comete un crimen. Pero no cualquier crimen ni cualquier criminal. Por ejemplo, se castiga el hurto pero no la corrupción pública. No es la gravedad de la infracción lo que se castiga sino el tipo de infracción y el tipo de persona que hace esa infracción. El hurto o robo es típicamente una actividad de los pobres (colectivo más discriminado en la Argentina) pero no la corrupción política. Entonces, el sistema elige el grupo social castigable y el que debe proteger del castigo.
En la última década la población carcelaria en la Argentina aumentó el 41%, sin que ello signifique que haya aumentado el crimen y la delincuencia. Hay una criminalización de ciertos hechos menores y el correlativo aumento en las penas. Estos dos hechos, criminalización excesiva y una evolución en condenar a prisión y por más largo tiempo, explican por qué hubo un incremento de la población carcelaria. El fenómeno se explica por el "momento populista" que atraviesa la sociedad sanjuanina (mayor ansiedad y sensibilidad social ante el crimen) pero por otra parte hay una manipulación política de esas ansiedades por razones electorales. La ciencia política lo llama "populismo penal" que responde al "momento populista" con más castigos, más sentencias de prisión, la construcción de nuevas cárceles, la sanción de nuevos procedimientos procesales penales más refinados y sofisticados (flagrancia, códigos penales acusatorios, etc.).
Lo cierto es que debemos los abogados decir con coraje y honestidad que un Estado más severo y punitivo produce más desigualdad y más inseguridad. Son los sectores populares (más precisamente los excluidos y marginales) los blancos de estas políticas, no los delincuentes de cuello blanco.
El flamante nuevo código procesal penal acusatorio adversarial, tal y como ha sido planteado a la sociedad sin debate previo con la sociedad, reconoce la misma lógica que el sistema de flagrancia. Ambos responde a la pregunta ¿cómo debe ser el castigo?, pero no responden a las preguntas ¿qué es el castigo, por qué se castiga y quién es el castigado?, o sea, no resuelve la problemática de la distribución social del castigo y la disminución de la cantidad de delitos.
De este modo el Estado (los tres órganos del Poder) se termina por refugiar detrás de una mera definición normativa del castigo, pero no abre el espacio para criticar la violencia institucional. Vemos como el Poder Judicial (la Corte de Justicia y la Fiscalía General) se ha adueñado de un discurso donde castigar obedece a dos razones: que los pobres son todos delincuentes y se merecen el castigo y, que los jueces son demasiado permisivos. Ambas afirmaciones son falsas. La mayoría de los pobres no delinquen y los jueces son cada vez más severos. En su discurso, aupado desde el Ministerio de Gobierno Provincial, termina por legitimar moralmente la represión Institucional.
En definitiva, la política de persecución penal en la Provincia de San Juan propende a una sociedad más desigual y con más inseguridad. Configura una sociedad más débil para encarar el futuro.
A San Juan le falta debate y diálogo. Sobre ésta situación le hace falta un discurso honesto y lúcido; y, por supuesto, le hace falta más educación, campañas de prevención del delito, etc. Pero no hay que ser ingenuo: la delincuencia molesta; pero, como se ve en San Juan, los niveles de desigualdad social y la pobreza no van a desaparecer por el castigo a los delitos menores.



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