Argentina, San Juan, Miércoles 22 de Mayo de 2019
Las 28 propuestas de los intelectuales kirchneristas que quieren eliminar el Poder Judicial






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Las 28 propuestas de los intelectuales kirchneristas que quieren eliminar el Poder Judicial

La organización postula no reconocer la deuda externa, una nueva ley de medios y suspender las importaciones de productos que pueda producirse en el país, entre otras medicas
La organización postula no reconocer la deuda externa, una nueva ley de medios y suspender las importaciones de productos que pueda producirse en el país, entre otras medicas


El grupo de intelectuales que encabeza el periodista y escritor Mempo Giardinelli y que tiene apoyo de dirigentes kirchneristas publicó un "ideario general para la refundación de la Patria" titulado "El Manifiesto Argentino" en el que no solo propone la eliminación del Poder Judicial -lo que hoy provocó un cruce con el ministro de Justicia, Germán Garavano -, sino una serie de medidas polémicas.

Entre ellas, que el próximo gobierno no reconocerá la deuda externa, impulsará una nueva ley de medios, reformulará el sistema bicameral que rige en el Congreso, prohibirá descontar el pago del día a quienes hagan paro, rechazará incorporar tecnología a los sistemas de votación y suspenderá las importaciones de todos los productos que pueden producirse en la Argentina.


El grupo presentó el documento de 14 páginas en el 2° Congreso Nacional de El Manifiesto Argentino, en marzo pasado, con el acompañamiento de dirigentes como Felipe Solá , los diputados nacionales de Unidad Ciudadana Daniel Filmus , Marcelo Santillán y Fernanda Vallejos y la senadora kirchnerista María Inés Pilatti. Aunque no asistieron, también habían sido invitados al evento el exministro de Economía Axel Kicillof , el precandidato presidencial Agustín Rossi y el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá .

A continuación, las propuestas del manifiesto:

En la República Argentina la salud, la educación y la previsión social son asuntos de responsabilidad del Estado democrático y por lo tanto son irrenunciables, indelegables e innegociables.
El Estado democrático es garante de la igualdad y la equidad social en beneficio del pueblo argentino. Las políticas sociales no son ni deben ser medidas asistenciales sino derechos reconocidos por el Estado y la sociedad.
El Estado democrático garantiza el hábitat y los servicios públicos, impidiendo que el mercado sea el principal y a veces único referente de las decisiones. A tales fines estimula, impulsa y defiende la libre competencia, pero garantizando la imposibilidad fáctica, real o encubierta de todo tipo de monopolios. Los únicos monopolios admisibles son aquellos que hacen a la defensa de los recursos naturales, a los servicios públicos sociales y al desarrollo de áreas estratégicas y de indudable interés colectivo.
Los recursos naturales de y en todo el territorio argentino, en superficie y en subsuelo, son también irrenunciables, indelegables e innegociables, y la prohibición de afectarlos como garantía de eventuales endeudamientos o negociaciones financieras tendrá rango constitucional. El manejo y control de los recursos naturales es función exclusiva del Estado democrático, que anulará por decreto el antinacional régimen de "extranjerización de tierras" que el gobierno actual autorizó por decreto 820/16, y se restablecerá la "Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales" de la ley 26.737 aprobada por el Congreso en 2011. (...) Es urgente un Plan de Desarrollo Sustentable del Patrimonio Nacional que reasigne recursos para la prevención de desastres ambientales, la definitiva prohibición de la deforestación y la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, así como de todo otro atentado a la biodiversidad y los recursos naturales no renovables. Urge reforestar provincias enteras (como Santiago del Estero, Formosa, Misiones, Salta, Chaco y Córdoba). La Educación Ambiental será incorporada en todos los niveles educativos.
(...) la política exterior reafirma nuestra autodeterminación, así como todos los derechos históricos, geográficos y jurídicos de la República Argentina sobre nuestras Islas Malvinas, por lo que se dejará sin efecto todo acuerdo diplomático en contrario que se haya firmado, abierta o secretamente.Asimismo, se dará prioridad al fortalecimiento del Mercosur, la Unasur y toda otra asociación que coadyuve a la unión sudamericana como camino para afirmar la soberanía nacional y continental, sin aceptar alianzas disfrazadas de políticas de "seguridad" so pretexto de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.
La transparencia de todos los actos públicos y/o de gravitación social debe ser política de Estado y la vida en democracia caracterizarse por el control, lucha y castigo frente a toda forma de corrupción (...).
(...) Es urgencia republicana inmediata que el actual Poder Judicial de la Nación sea declarado en comisión por el Estado democrático, con un hiato jurídico de entre seis y dieciocho meses durante los cuales se creará una Nueva Judicatura en todo el país y en todos los fueros, mediante concursos de antecedentes y oposición ante jurados integrados ad-hoc por respetadas personalidades y juristas de todo el mundo, pudiendo acceder a cargos judiciales ciudadan@s no graduados en Derecho. A la vez, se pondrá en práctica el sistema de juicio por jurados y la nueva Corte Suprema de Justicia será reorganizada con por lo menos 9 miembros elegidos por votación popular y con desempeño de funciones durante un máximo de 10 años, no renovables. La magistratura será sujeto fiscal sin privilegios y pagará impuestos como la ciudadanía toda. La declaración en comisión que postulamos se refiere específicamente al funcionariado superior, en particular jueces y fiscales (no a jefes intermedios o empleados). La organización, control y eficacia del nuevo Sistema Judicial será supervisado por la nueva Corte Suprema, y el Congreso de la Nación apoyará y controlará esta revolución judicial democrática con leyes y medidas excepcionales para superar la emergencia durante ese lapso y dejar encarrilada una nueva administración de Justicia. La reorganización total del Sistema Judicial y de la carrera judicial deberá ser aprobada finalmente en plebiscito nacional, previa intensa y pedagógica campaña cívica popular. (...)
El Estado democrático es parte esencial en la lucha contra la impunidad. El reclamo de Verdad, Memoria y Justicia no es asunto que incumbe a las víctimas solamente, sino al conjunto de la sociedad. Se continuarán los procesos judiciales a los genocidas y cómplices civiles, empresarios y/o eclesiásticos, y se desarticularán y penarán todas las maniobras negacionistas.
(...) El Manifiesto Argentino considera conveniente y necesario separar al Estado de grupos religiosos, y por eso postula la inmediata eliminación de todos los símbolos religiosos tanto en el Poder Judicial, como en el Parlamento y todos los edificios públicos, nacionales, provinciales y municipales (...).
El Estado democrático establecerá con urgencia una nueva política de medios de comunicación, que prohíba e impida los monopolios mediante el acotamiento legal de los llamados multimedios a fin de que sólo les sea permitido expandirse en forma no monopólica. Esto significa que los medios televisivos no podrán ser propietarios de diarios o radios, ni éstos propietarios de sistemas de televisión, siguiendo el modelo de organización y control de la propiedad de los medios de comunicación que rige en los Estados Unidos. Se cumplirá estrictamente la llamada Ley de Medios, y se mejorará de manera concreta y real su aplicación en beneficio de sistemas de radio y televisión comunitarios y alternativos, garantizando la pluralidad informativa y la libertad de expresión. El Estado fortalecerá la radio y la televisión públicas no gubernamentales, con directivos surgidos de concursos transparentes y públicos en base a antecedentes profesionales, con gestión temporalmente limitada y con programaciones y gestión sometidos a control ciudadano.
(...) La reconstrucción de la cadena de valor priorizará aquellos productos que permitan sustituir importaciones. Se dispondrá una tasa testigo baja para el crédito al sector productivo.
(...) Suspensión de importaciones de todos los productos que puedan producirse en el país; libre funcionamiento de las paritarias; preservación del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones; mejoramiento de la exención del IVA a los sectores más desprotegidos; reactivación del mercado interno garantizando la demanda necesaria a la producción nacional; anulación de toda legislación, decreto o medida que vulnere el derecho de huelga de l@s trabajador@s o el derecho a la protesta, incluidas aquellas que castigan las huelgas y/o chantajean a l@s trabajador@s no pagando los días de paro.
(...) El Manifiesto Argentino propone una política agraria que cambie el actual modelo agrario de monocultivo de soja inducido con concentración de tierras y rentas por otro basado en una agricultura de rostro humano, en la que el sujeto agrario dominante sea el pequeño y mediano productor/a y visualizándose expresamente las cuestiones de género en la agricultura. La chacra mixta será la unidad ejecutora central de la actividad profesional agropecuaria. Así, el desarrollo agrícola deberá combinar, necesariamente, sustentabilidad ambiental, rostro humano y ocupación geopolítica del territorio, con producción limpia y distribución de la renta y la riqueza, como única forma de garantizar la soberanía y seguridad alimentaria de la nación. (...) Se instrumentarán retenciones segmentadas; un impuesto a los latifundios, coparticipable y acordado con las provincias; y un nuevo relevamiento catastral de la tierra en todo el país, lo que es urgente y necesario para saber quién y cuánta tierra tiene cada argentino y/o extranjero, y a fin de que la justicia tributaria sea ley pareja y que cada quien pague de acuerdo a su capacidad contributiva.
El Manifiesto Argentino impulsa políticas activas para la recuperación de taperas, la vuelta de la chacra mixta, la producción agroecológica y la prohibición de fumigar a 500 metros de las poblaciones rurales y/o escuelas y centros sanitarios, así como la prohibición de las fumigaciones aéreas en todo el territorio nacional. El control del comercio exterior, la re-creación de la Marina Mercante Nacional; el pleno impulso a la Agricultura Familiar y Campesina; la estricta aplicación de la Ley de Bosques; el freno al cultivo sojero en todo el NEA y la expresa prohibición de sembrar soja en la Patagonia. Se reformará la Ley del IPCV (Instituto de Promoción de Carnes Vacunas) para pasar a promover el consumo y la producción de carnes alternativas (conejo, porcina, ovina, etc.). Se propondrá una Ley de Lechería, que garantice la protección de las cuencas lácteas frente al avance de la soja, y un plan activo para la formación de nuevos tambos. Se estimulará la agregación de valor en origen, la industrialización de la ruralidad y la inversión de un porcentaje de las retenciones en obras de infraestructura en el interior profundo, para detener o atenuar el proceso de migraciones rurales que sufre nuestro país a consecuencia de las deforestaciones masivas, la sojización inducida y el abandono de la ganadería en la pampa húmeda.
(...) Redefinir los modelos de desarrollo urbano y las políticas territoriales. La cuestión habitacional en la Argentina requiere una política integral, que atienda y resuelva el déficit de viviendas tanto cuantitativo como cualitativo, y que se articule con políticas de suelo y de crédito, así como de regularización de títulos y dotación de agua potable (...).
Se estudiará la viabilidad, recuperación y eventualmente refundación de organismos como la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, el INTA, el INTI, Vialidad Nacional, CONICET, una nueva flota marítima y fluvial del Estado, el fomento y control del Comercio Exterior, y los estímulos y protección necesarios para la investigación científica y tecnológica.
El Sistema Impositivo y la Política Fiscal deben ser reformuladas, garantizando mecanismos de control para asegurar una verdadera equidad fiscal partiendo del principio de que inexorablemente deben pagar más impuestos quienes más tienen y más ganan.El Sistema Judicial en pleno pagará impuestos como toda la ciudadanía. Toda actividad bancaria y/o especulativa y/o financiera también, y los impuestos deberán ser proporcionalmente mayores a los que se aplican a las actividades productivas. Se estudiará el principio de que las actividades que generen empleo genuino puedan pagar menos impuestos. Asimismo, el Sistema Aduanero Nacional será inmediatamente reorganizado y desburocratizado con fuerte control estatal, resguardado de intereses privados, moralizado con urgencia y dotado de firmes, modernos y múltiples sistemas de control por parte de la ciudadanía.
Las Fuerzas Armadas volverán a encuadrarse en el régimen legal democrático sancionado por el Congreso de la Nación, tal como rigió hasta Diciembre de 2015. Las llamadas Fuerzas de Seguridad (Gendarmería Nacional, Prefectura Nacional, Policía Federal y cada una de las instituciones armadas y policiales nacionales, provinciales y/o municipales existentes) serán reconsideradas, reorganizadas, remoralizadas y reeducadas in totum, con asistencia de expertos nacionales e internacionales y activa participación de la sociedad civil. Toda política de seguridad comunitaria será conducida por el poder civil terminando con todo autogobierno corporativo. Su misión se concentrará en la prevención y persecución del delito, dejando atrás el papel de control represivo sobre los sectores populares, especialmente jóvenes y opositores sociales. Consecuentemente, y respecto de lo que se conoce como "combate" contra el Narcotráfico, se abandonarán los modelos y estrategias exclusivamente prohibicionistas y los enfoques meramente punitivos del consumo. (...) En cuanto a los llamados "Servicios de Inteligencia", también volverán al régimen legal democrático sancionado por el Congreso de la Nación que rigió desde que se creó la Agencia Federal de Informaciones (AFI) y hasta finales de 2015.
El Manifiesto Argentino (...) propone el urgente retorno de la educación pública, gratuita, obligatoria y con sentido nacional y social en todos los niveles, y obligatoria hasta los pre-universitarios, asegurando la educación privada como sistema complementario. Asimismo, garantizado el financiamiento educativo tal como lo fija la Ley 26.075, se propone la urgente renacionalización de la educación, entendida como el retorno a un Sistema Educativo Nacional Único con validez en toda la república, que garantice una plataforma curricular cuya base estructural conciba contenidos educativos igualitarios en todo el país (...) así como la participación de asociaciones de docentes y de padres de familia en la elaboración de contenidos pedagógicos.Asimismo, todos los financiamientos (nacionales e internacionales) serán auditados y controlados por la ciudadanía, a través de asociaciones o federaciones de cooperadoras, reportando los resultados de controles y auditorías al Consejo Federal de Educación que norma la Ley Nacional 26.606, el cual además será reformulado a fin de que las decisiones educativas de interés nacional sean vinculantes y de aplicabilidad ineludible en todo el país. Los sistemas de evaluación educativa serán diseñados priorizando los principios y necesidades del interés nacional y latinoamericano, tanto en la evaluación de los aprendizajes, como de las instituciones y el sistema educativo mismo. Y se promoverá la conciencia de que nuestra lengua nacional es el Castellano Americano, garantizándose a la vez la educación intercultural bilingüe respecto de cada uno de los pueblos originarios que habitan el territorio nacional (...)
(...) Rechazamos todas las propuestas de bajar la edad de imputabilidad de los menores. (...) Se propone discutir la necesidad de un Ministerio de la Infancia como estructura potenciada para implementar estas políticas. (...)
(...) El Manifiesto Argentino rechaza los intentos de privatizar también la Salud mediante la trampa llamada CUS (Cobertura Universal de Salud) que el presidente Macri implantó por decreto en Julio de 2016 y que de hecho establece un sistema de salud para ricos y otro para pobres. De ese artero modo, se privatiza la Salud Pública con el archirepetido argumento de que "funciona mal". (...) El Manifiesto Argentino sostiene que una "cobertura" implica un contrato; no un derecho. Y la atención por contrato, aun la más accesible, será prestada por privados, que a su vez tratarán al Estado como simple proveedor de servicios. Lo que equivale a la terminación de la Salud Pública Universal y Gratuita, que hoy atiende a toda la población en todo el país.
El Manifiesto Argentino considera a la Cultura como derecho, a todas las culturas como derechos y, por ende, promueve la necesidad de una Ley Federal de las Culturas. La Política Cultural de la República Argentina debe retomar las mejores realizaciones del gobierno anterior, a la vez que el Ministerio de Cultura será desburocratizado y reconvertido en un ágil organismo ejecutivo, coordinador de políticas y planes de interés cultural con sentido nacional y latinoamericanista.
El Manifiesto Argentino no reconoce, rechaza y repudia el leonino endeudamiento externo constituido por el gobierno en funciones desde el 10 de Diciembre de 2015. En consecuencia, advierte a todas las naciones y a todos los poderes económicos y financieros del planeta que la deuda contraída irresponsablemente a partir de dicha fecha no será reconocida por la República Argentina.
El Estado democrático iniciará rápidas gestiones internacionales tendientes a la recuperación de más de 300.000.000.000 (trescientos mil millones) de dólares fugados por argentinos, particulares o empresarios, hoy en bancos y/o cuevas llamadas "paraísos fiscales" de todo el mundo.
Desde el 10 de diciembre de 2015 el actual gobierno viene destruyendo el entramado institucional, jurídico, político, económico y social de la República Argentina mediante el inconstitucional abuso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). En consecuencia, El Manifiesto Argentino proclama y reitera que todo lo que sea destruido, discontinuado o implantado por decreto, también por decreto será restaurado por el Estado Democrático.
Por esa misma vía, y entre sus primeras medidas, el Estado Democrático derogará la nefasta Ley de Entidades Financieras de la dictadura y todas sus concomitantes, y procederá a la inmediata creación de un sistema bancario nacional basado en a) orientar y potenciar al Banco de la Nación Argentina hacia el fomento agrícola; b) crear el Banco Industrial Argentino y el Banco Nacional de Desarrollo de Pymes; c) crear un nuevo Banco Hipotecario Nacional que administre, financie y provea créditos para recuperar y fortalecer el Plan Procrear; d) Crear el Banco Caja de los Trabajadores, para asistir en forma cooperativa a obreros y empleados con créditos blandos.
El Manifiesto Argentino promoverá, en el marco de la plena autonomía y libertad sindical de l@s trabajador@s, la creación de una nueva y única Central de Trabajador@s (...).
(...) es indispensable que la Nueva Constitución Nacional defina y legisle nuevas formas de participación popular no delegativas. Es imprescindible revisar y reformular, con serenidad y cordura, todo el sistema de representatividades vigente en la Argentina, así como es menester formular un nuevo pacto federal entre todas las provincias argentinas, que si fuere necesario modernice nuestra geografía política y acabe con el vigente sistema chantajista de co-participaciones. La Reforma Política incluirá el perfeccionamiento y modernización del sistema electoral nacional mediante voto popular en urna, con firme rechazo a maniobras como la del gobierno actual que pretende tramposamente "tecnologizar" el voto, lo que sólo amplía las posibilidades de manipulación e imposibilita el control popular del sufragio. La Reforma Política establecerá nuevos modos de financiamiento de la política que terminen con las formas ilegales de aportes, tanto de particulares como de empresas, y especialmente de los grandes grupos económicos y mediáticos que someten y condicionan a los Partidos. Es clave para ello fortalecer el rol del Estado y del presupuesto para sustentar todas las instituciones, incluidos Partidos y campañas electorales. El Poder Legislativo deberá ser repensado por la Convención Constituyente, incluyendo la reconsideración del sistema bicameral, así como el número de legisladores, grado de representatividad, dotaciones de personal, eliminación de gastos reservados y otras prerrogativas, y asegurando el control ciudadano de toda la gestión legislativa.



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