El sistema de gobierno democrático, aunque imperfecto, nos permite opinar, elegir, desechar. La forma en que se distribuye el poder – originario del pueblo y que lo delega en sus representantes - es a través del equilibrio de sus órganos de gobierno.
En el caso de la Capital, un porcentaje del electorado dio su voto de confianza al actual intendente Franco Aranda que en función de ello está facultado a disponer del uso de los recursos del erario público municipal en base a la propuesta de gobierno que presentó y a la ley que debe cumplir.
Pero el poder del intendente – repito, que emana de los vecinos de la Capital – no es absoluto. Tiene su contrapeso en el Concejo Deliberante conformado por los 12 concejales que resultamos electos también por los vecinos de la Capital, además de la Constitución Nacional, la Carta Orgánica Municipal y todas las otras normas jurídicas a los que todos estamos sometidos.
Es deber y mandato de quienes integramos el órgano legislativo, ejercer el contralor de la función ejecutiva. Más aún, le cabe esta responsabilidad a los concejales del mismo color político del intendente que debieran ser los más críticos y preocupados en demostrar transparencia en la gestión, sobre todo en lo referido a la obra pública, ámbito que durante mi gestión como diputado provincial denuncié a partir de irregularidades detectadas en la contratación de las obras comoTambolar, Ruta 150, viviendas del IPV y otras, que llevé hasta la Justicia y en las que están involucrados y sospechados de corrupción desde la ex presidenta CFK hasta el ex mandatario JLGioja, líderes del partido al que pertenece el intendente y los concejales adherentes.
La rendición de cuentas nos cabe a todos, al intendente y a los concejales, con la salvedad de que los fondos públicos son manejados por el departamento ejecutivo.
Desde este bloque, acompañados por un par de concejales ejercemos nuestro control por la vía legislativa que corresponde, a través de los pedidos de informes. Recientemente, hace apenas un mes, contestaron el primer pedido de informes, referido a obras que ya se ejecutaron.
De este modo, no sirve.
La gestión del intendente Aranda se caracteriza por el autoritarismo con que gobierna, respaldado por la suma del poder público que le otorgan concejales que fueron electos para ser oposición y que hoy con sus votos dan quorum a todos los proyectos del ejecutivo sin fundamentación alguna.
Claro ejemplo de este manejo discrecional es la modificación de la banca del vecino, moderno mecanismo de participación por el que cualquier vecino podía exponer algún reclamo o situación que atañe a la municipalidad y que en otras gestiones sirvió incluso para sesionar en los distintos barrios. El año pasado, a propuesta del bloque que responde a Aranda, y con el aval de concejales de otros bloques, lograron con sus votos modificar la ordenanza restringiendo su uso a una serie de requisitos burocráticos que deben cumplir quienes necesiten usar la banca del vecino en Capital.
Un paso para atrás en el sistema de la democracia participativa.
La colocación de rampas para discapacitados, haciendo una ciudad asequible, sin barreras urbanísticas y la implementación de luminarias led para reforzar la seguridad, son medidas compartidas por nuestro bloque.
Lo que cuestionamos es la forma de adquisición. Si todo esto está planificado, según el gobierno, entonces por qué no hacer un llamado a licitación pública, ya que sus montos lo justifican.
Sin embargo, se elige la vía más cuestionada, que no es ni más ni menos que la de fraccionar las compras hasta determinados montos de manera de utilizar el mecanismo de la compra directa (que siempre termina siendo discrecional) y la asignación de trabajos a distintas nuevas empresas contratadas por la actual gestión.
Respecto a la obra de la peatonal Domingo F. Sarmiento, ratificamos nuestro rechazo al proyecto porque consideramos que destinar 90 millones (es lo estimado) a una remodelación de un espacio público compartido por todos los habitantes de San Juan debe ser compromiso del gobierno de la provincia y no de un municipio que tiene demasiadas obras y servicios pendientes que debe priorizar en toda la Capital y no sólo para un determinado sector, según lo dispone el art. 9º de la COM “El gobierno municipal cumple una función de servicio, con eficacia, racionalidad, economicidad y oportunidad…”
Por último, le decimos al intendente y a los concejales que están molestos por nuestro accionar y nuestra crítica, que vamos a seguir marcándole el camino que no es caprichoso, sino que responde a las demandas que reclaman los vecinos y que es el fundamento de nuestra postura.
Reclamos que el Ejecutivo también debe saber escuchar.
Juan Manuel Sansó
Concejal de Actuar
Municipalidad de la Capital
