Argentina, San Juan, Jueves 14 de Diciembre de 2017
FM Del Sol - La Justa - 91.9
La política educativa actual. Un modelo sustitutivo
Por:Lisandro Prieto Femenia





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Ante los indignantes hechos de represión hacia los docentes ocurridos el domingo 09 de abril de 2017 cabe señalar un par de apreciaciones contextuales. La primera, y fundamental, nace de la frase “ex nihilo nihil fit”, a saber, “nada nace de la nada”. Hay motivos e intenciones puntuales por las cuales ese día se encontraban los docentes manifestándose, como también hay una clara postura en el accionar de las fuerzas de seguridad. Naturalizar lo sucedido, desde los medios de comunicación, desde la opinión pública en general, desde la política real o desde la doxa personalista, habilita la inhabilitación total de todo tipo de reflexión al respecto.
Pero, justamente, como nada nace de la nada, tenemos que partir por la concepción de “educación” desde la cual se están disputando estas tensiones de poder, las cuales sobrepasan el ámbito de lo partidario y se instalan ya en el marco de un reclamo social concreto, el que, asimismo, tiene como protagonistas a todos los ciudadanos argentinos, no sólo a los docentes.
Si entendemos que la educación debe apuntar a un modelo tecnócrata, utilitario, aplicacionista y sustitutivo de la función humana en el trabajo docente, nos estaríamos apoyando en el no tan nuevo negocio de las Organizaciones internacionales que actualmente fomentan la incorporación irreflexiva de modelos pedagógicos que apuntan a la ilusión de reemplazar a un profesional de la educación por un software animoso de inteligencia artificial. Este contexto tampoco nació de la nada. Durante toda la década del 90’ y hasta nuestros días, la gestión política se despreocupó del gravísimo asunto de la flexibilización laboral, plasmándose en el ámbito educativo en contrataciones sin la debida regulación del derecho laboral.
El panorama se aclara al avizorar que la inversión estatal en educación batió su record histórico en la presente década, aumentando la porción de PBI del 2% al 6%, como también incrementando un par de puntos más esa apuesta con los préstamos de organismos internacionales como el BID y el Banco Mundial. El rankeo, pretendidamente desfavorable, de nuestro país en las evaluaciones internacionales de la calidad educativa, dio y sigue dando pie al incremento de la cuota prestamista de las entidades bancarias internacionales hacia nuestra Nación, en pos del fortalecimiento estructural de nuestra educación.
Ahora bien, el proceder señalado no puede ser repetitivo de gestión en gestión, dado que la funcionalidad y la intencionalidad que se le da a la ejecución de tales fondos responden, claramente, a una ideología concreta, a un entendimiento de la política totalmente opuesto, contradictorio e inconmensurable.
Por ello es que actualmente vemos la inyección de vocablos del márketing económico en las prácticas pedagógicas de la política educativa nacional. Esto se sustenta, entre tantos aspectos, en la creencia anglo-positivista de atribuir la responsabilidad de los problemas educativos estrictamente a un solo factor: la formación de un sujeto que sirva al mercado laboral de la época. Educar para enriquecer el marcado es la pauta para la formación académica de seres humanos. Lo que nos lleva a la radical dicotomía de la libertad y la voluntad frente a los requerimientos de supervivencia laboral. Si se consideran impertinentes o innecesarias ciertas ciencias, las personas inexorablemente optarán por la opción del utilitarismo. En otras palabras, esta visión de la educación es coercitiva y restrictiva, dado que impone preferencias en el conocimiento y en los saberes avalados de acuerdo a un criterio de economicidad que nada tiene que ver con la formación de un sujeto crítico, libre y participativo en el ámbito social, desde el campo del saber en el que decida participar.
Dicho esto, el saber y el acceso al conocer, son concebidos como “servicios”, o bien, “bienes”, dispuestos a ser legislados desde la estricta normatividad de la oferta y la demanda. Se genera, pues, una necesidad, que será propulsada por un proyecto macroeconómico que ofrece un modelo de conocimiento que suma valor al desempeño laboral, cuando, en realidad, lo que hace es precarizar aún más la labor docente, ya sea, desde las posibilidades de acceso, como también, a la trivialización mediática de su rol en la sociedad, atravesada por la constante interpelación a la justicia de su remuneración. Desprestigiando así una profesión, es fácil, posteriormente, de-preciarla.
Esta concepción política de la educación, que como podemos ver, no nace de un repollo, pretende desvalorizar el nivel académico de los trabajadores de la educación, para luego tener la mejor de las excusas al momento de implementar un sistema masivo de exclusión laboral: la evaluación del desempeño profesional. Sin ser el oráculo de Delfos, puedo avizorar la gran chance de achicamiento de planta funcional estatal. Puedo sospechar que, tras los paladines de las neurociencias y la robótica, se esconde un ideal de sustitución. Sólo falta ese paso, ya que claramente se ha logrado el objetivo de bombardear a la ciudadanía, a través de los medios de comunicación, con el prejuicio infundado de la carga presupuestaria que simboliza la “manutención” de esta cantidad de docentes. Otro gran factor que influye en la concepción de educación que tiene la presente legislación: la educación como gasto público.
El gasto público puede definirse como la “cantidad de dinero que gasta la Administración para satisfacer las necesidades de los ciudadanos”. El problema aquí es el siguiente: la educación no es simplemente una necesidad, es un derecho constitucional que garantiza el acceso a la formación gratuita y de calidad. Pero esta postura, la de la educación como derecho, parece ser ahora irreconciliable con la exigencia de eficiencia y la distinción entre “los capaces” y “los incapaces”, los “competentes” y los “incompetentes”, categorías que conforman un criterio de demarcación que restringe a la vez que ofrece herramientas para acceder a una pretendida elite de profesionales cuya competitividad facilita los mecanismos de generación comercial en torno a cursos, congresos, carreras enfocadas en las necesidades actuales, etc.
Claramente podemos afirmar que la educación así entendida se presta para la conformación de un sistema de selección laboral y, consecuentemente, de restricción cultural dejando librado “lo público” al voluntarismo solidario, a las cooperativas y a “la buena voluntad” de la antipolítica, condición de posibilidad del surgimiento de un mercado educativo que muestra al agente estatal responsable de enseñar como el más desligado eslabón de la cadena formativa-productiva.
Tampoco nace de la nada la fogoneada relación y comparación entre la educación de gestión estatal y privada. Aunque la legalidad establece claramente que en nuestro país la educación es pública en su totalidad, amén de la forma de gestión, se introduce la dicotomía de la calidad en torno a esta polarización innecesaria. Hacen aquí, en esta coyuntura, aparición las corporaciones internacionales que pautan con el Gobierno acuerdos decididamente sesgados al respecto. Contratos multimillonarios en materia de acompañamiento y capacitación (externa), influyendo directamente en la bibliografía y materiales didácticos que se presentan como una mercancía cognitiva digna de atención, desplazando todo tipo de posibilidad de reflexión (posibilidad que habilita la pregunta del por qué, el para qué, el cómo, etc.) en torno al lugar que ocupa lo público en estas iniciativas primordialmente privadas.
Tal omisión por lo público representa la decidida intencionalidad de la postergación de lo mismo, a saber, de la trivialización del derecho irrestricto al acceso a la cultura y la aclamación por modelos educativos importados de entidades extranjeras cuya finalidad es estrictamente económica. En otras palabras, la foto de los alumnos de Hiroshima, a diez días de la explosión atómica, tomando clases en las ruinas, presentada por nuestro presidente como el modelo a seguir, nos da ya un indicio escueto pero decidido de lo que se está entendiendo por “educación” por esta gestión. Al respecto, simplemente deshilar el prejuicio: no somos Japón, no tenemos por qué ser Japón, nuestra historia y nuestra cultura no es oriental y nuestra cosmovisión política de la vida dista abismalmente de lo que interpretan los isleños del pacífico.
La respuesta al malestar no es la búsqueda de un sustitutivo. Cada docente es único y necesario. Y por más que sean muchos, no sobra ninguno, puesto que todos ocupan un lugar ganado por derecho y defendido por la lucha sindical y social (algo que en Japón no existe). El modelo, el arquetipo, el ensayo propuesto por esta gestión, a través de voluntarios que sustituyan a los docentes, demuestra justamente la intención de transformación legal, social, política y cultural propuesta por los lineamientos pedagógicos que se rigen por la oferta y la demanda, por la venta y la compra.
La búsqueda de sustitutos es el primer paso, el más decidido, para lograr un total emplazamiento de la educación en función de la técnica del mercado. Naturalizarlo, aceptar, acatarlo acríticamente posibilita que estas intenciones se concreten en políticas reales que desprestigien la dignidad del trabajador de la educación al punto tal que pueda concebirse como prescindible.
Lo sucedido el día domingo tiene que leerse con este trasfondo. Los docentes y agremiados allí presentes no estaban abandonando sus puestos de trabajo, puesto que en nuestra cultura cristiana occidental, no suelen dictarse clases dominicales. Tampoco se estaba restringiendo el libre tránsito de vehículos, trenes, barcos ni aeronaves. Todo sucedió en la puerta de un Congreso cerrado. Tenemos que comprender que esta campaña de desprestigio, tal vez, la mas violenta desde que retomamos la democracia, no impacta únicamente en este sector de trabajadores, sino también en nuestros hijos, de la manera como son educados. Impacta en la incoherencia de la legalidad y de la práctica educativa, en la posibilidad de seguir avanzando en detrimento de los derechos y garantías de todos los ciudadanos, no sólo de los maestros. Nuestro país necesita pensar qué se está haciendo con lo que se está diciendo sobre la educación, actividad cuyo rol hoy se quiere desdibujar, cueste lo que cueste.
Lisandro Prieto Femenía
Ante los indignantes hechos de represión hacia los docentes ocurridos el domingo 09 de abril de 2017 cabe señalar un par de apreciaciones contextuales. La primera, y fundamental, nace de la frase “ex nihilo nihil fit”, a saber, “nada nace de la nada”. Hay motivos e intenciones puntuales por las cuales ese día se encontraban los docentes manifestándose, como también hay una clara postura en el accionar de las fuerzas de seguridad. Naturalizar lo sucedido, desde los medios de comunicación, desde la opinión pública en general, desde la política real o desde la doxa personalista, habilita la inhabilitación total de todo tipo de reflexión al respecto.
Pero, justamente, como nada nace de la nada, tenemos que partir por la concepción de “educación” desde la cual se están disputando estas tensiones de poder, las cuales sobrepasan el ámbito de lo partidario y se instalan ya en el marco de un reclamo social concreto, el que, asimismo, tiene como protagonistas a todos los ciudadanos argentinos, no sólo a los docentes.
Si entendemos que la educación debe apuntar a un modelo tecnócrata, utilitario, aplicacionista y sustitutivo de la función humana en el trabajo docente, nos estaríamos apoyando en el no tan nuevo negocio de las Organizaciones internacionales que actualmente fomentan la incorporación irreflexiva de modelos pedagógicos que apuntan a la ilusión de reemplazar a un profesional de la educación por un software animoso de inteligencia artificial. Este contexto tampoco nació de la nada. Durante toda la década del 90’ y hasta nuestros días, la gestión política se despreocupó del gravísimo asunto de la flexibilización laboral, plasmándose en el ámbito educativo en contrataciones sin la debida regulación del derecho laboral.
El panorama se aclara al avizorar que la inversión estatal en educación batió su record histórico en la presente década, aumentando la porción de PBI del 2% al 6%, como también incrementando un par de puntos más esa apuesta con los préstamos de organismos internacionales como el BID y el Banco Mundial. El rankeo, pretendidamente desfavorable, de nuestro país en las evaluaciones internacionales de la calidad educativa, dio y sigue dando pie al incremento de la cuota prestamista de las entidades bancarias internacionales hacia nuestra Nación, en pos del fortalecimiento estructural de nuestra educación.
Ahora bien, el proceder señalado no puede ser repetitivo de gestión en gestión, dado que la funcionalidad y la intencionalidad que se le da a la ejecución de tales fondos responden, claramente, a una ideología concreta, a un entendimiento de la política totalmente opuesto, contradictorio e inconmensurable.
Por ello es que actualmente vemos la inyección de vocablos del márketing económico en las prácticas pedagógicas de la política educativa nacional. Esto se sustenta, entre tantos aspectos, en la creencia anglo-positivista de atribuir la responsabilidad de los problemas educativos estrictamente a un solo factor: la formación de un sujeto que sirva al mercado laboral de la época. Educar para enriquecer el marcado es la pauta para la formación académica de seres humanos. Lo que nos lleva a la radical dicotomía de la libertad y la voluntad frente a los requerimientos de supervivencia laboral. Si se consideran impertinentes o innecesarias ciertas ciencias, las personas inexorablemente optarán por la opción del utilitarismo. En otras palabras, esta visión de la educación es coercitiva y restrictiva, dado que impone preferencias en el conocimiento y en los saberes avalados de acuerdo a un criterio de economicidad que nada tiene que ver con la formación de un sujeto crítico, libre y participativo en el ámbito social, desde el campo del saber en el que decida participar.
Dicho esto, el saber y el acceso al conocer, son concebidos como “servicios”, o bien, “bienes”, dispuestos a ser legislados desde la estricta normatividad de la oferta y la demanda. Se genera, pues, una necesidad, que será propulsada por un proyecto macroeconómico que ofrece un modelo de conocimiento que suma valor al desempeño laboral, cuando, en realidad, lo que hace es precarizar aún más la labor docente, ya sea, desde las posibilidades de acceso, como también, a la trivialización mediática de su rol en la sociedad, atravesada por la constante interpelación a la justicia de su remuneración. Desprestigiando así una profesión, es fácil, posteriormente, de-preciarla.
Esta concepción política de la educación, que como podemos ver, no nace de un repollo, pretende desvalorizar el nivel académico de los trabajadores de la educación, para luego tener la mejor de las excusas al momento de implementar un sistema masivo de exclusión laboral: la evaluación del desempeño profesional. Sin ser el oráculo de Delfos, puedo avizorar la gran chance de achicamiento de planta funcional estatal. Puedo sospechar que, tras los paladines de las neurociencias y la robótica, se esconde un ideal de sustitución. Sólo falta ese paso, ya que claramente se ha logrado el objetivo de bombardear a la ciudadanía, a través de los medios de comunicación, con el prejuicio infundado de la carga presupuestaria que simboliza la “manutención” de esta cantidad de docentes. Otro gran factor que influye en la concepción de educación que tiene la presente legislación: la educación como gasto público.
El gasto público puede definirse como la “cantidad de dinero que gasta la Administración para satisfacer las necesidades de los ciudadanos”. El problema aquí es el siguiente: la educación no es simplemente una necesidad, es un derecho constitucional que garantiza el acceso a la formación gratuita y de calidad. Pero esta postura, la de la educación como derecho, parece ser ahora irreconciliable con la exigencia de eficiencia y la distinción entre “los capaces” y “los incapaces”, los “competentes” y los “incompetentes”, categorías que conforman un criterio de demarcación que restringe a la vez que ofrece herramientas para acceder a una pretendida elite de profesionales cuya competitividad facilita los mecanismos de generación comercial en torno a cursos, congresos, carreras enfocadas en las necesidades actuales, etc.
Claramente podemos afirmar que la educación así entendida se presta para la conformación de un sistema de selección laboral y, consecuentemente, de restricción cultural dejando librado “lo público” al voluntarismo solidario, a las cooperativas y a “la buena voluntad” de la antipolítica, condición de posibilidad del surgimiento de un mercado educativo que muestra al agente estatal responsable de enseñar como el más desligado eslabón de la cadena formativa-productiva.
Tampoco nace de la nada la fogoneada relación y comparación entre la educación de gestión estatal y privada. Aunque la legalidad establece claramente que en nuestro país la educación es pública en su totalidad, amén de la forma de gestión, se introduce la dicotomía de la calidad en torno a esta polarización innecesaria. Hacen aquí, en esta coyuntura, aparición las corporaciones internacionales que pautan con el Gobierno acuerdos decididamente sesgados al respecto. Contratos multimillonarios en materia de acompañamiento y capacitación (externa), influyendo directamente en la bibliografía y materiales didácticos que se presentan como una mercancía cognitiva digna de atención, desplazando todo tipo de posibilidad de reflexión (posibilidad que habilita la pregunta del por qué, el para qué, el cómo, etc.) en torno al lugar que ocupa lo público en estas iniciativas primordialmente privadas.
Tal omisión por lo público representa la decidida intencionalidad de la postergación de lo mismo, a saber, de la trivialización del derecho irrestricto al acceso a la cultura y la aclamación por modelos educativos importados de entidades extranjeras cuya finalidad es estrictamente económica. En otras palabras, la foto de los alumnos de Hiroshima, a diez días de la explosión atómica, tomando clases en las ruinas, presentada por nuestro presidente como el modelo a seguir, nos da ya un indicio escueto pero decidido de lo que se está entendiendo por “educación” por esta gestión. Al respecto, simplemente deshilar el prejuicio: no somos Japón, no tenemos por qué ser Japón, nuestra historia y nuestra cultura no es oriental y nuestra cosmovisión política de la vida dista abismalmente de lo que interpretan los isleños del pacífico.
La respuesta al malestar no es la búsqueda de un sustitutivo. Cada docente es único y necesario. Y por más que sean muchos, no sobra ninguno, puesto que todos ocupan un lugar ganado por derecho y defendido por la lucha sindical y social (algo que en Japón no existe). El modelo, el arquetipo, el ensayo propuesto por esta gestión, a través de voluntarios que sustituyan a los docentes, demuestra justamente la intención de transformación legal, social, política y cultural propuesta por los lineamientos pedagógicos que se rigen por la oferta y la demanda, por la venta y la compra.
La búsqueda de sustitutos es el primer paso, el más decidido, para lograr un total emplazamiento de la educación en función de la técnica del mercado. Naturalizarlo, aceptar, acatarlo acríticamente posibilita que estas intenciones se concreten en políticas reales que desprestigien la dignidad del trabajador de la educación al punto tal que pueda concebirse como prescindible.
Lo sucedido el día domingo tiene que leerse con este trasfondo. Los docentes y agremiados allí presentes no estaban abandonando sus puestos de trabajo, puesto que en nuestra cultura cristiana occidental, no suelen dictarse clases dominicales. Tampoco se estaba restringiendo el libre tránsito de vehículos, trenes, barcos ni aeronaves. Todo sucedió en la puerta de un Congreso cerrado. Tenemos que comprender que esta campaña de desprestigio, tal vez, la mas violenta desde que retomamos la democracia, no impacta únicamente en este sector de trabajadores, sino también en nuestros hijos, de la manera como son educados. Impacta en la incoherencia de la legalidad y de la práctica educativa, en la posibilidad de seguir avanzando en detrimento de los derechos y garantías de todos los ciudadanos, no sólo de los maestros. Nuestro país necesita pensar qué se está haciendo con lo que se está diciendo sobre la educación, actividad cuyo rol hoy se quiere desdibujar, cueste lo que cueste.
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