Argentina, San Juan, S醔ado 20 de Enero de 2018
Consejo de la Magistratura
Por: Dr. Marcelo Arancibia





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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.

Nuestra Constituci贸n adopt贸 un sistema democr谩tico representativo, donde primero la ciudadan铆a elige a sus representantes y luego son 茅stos quienes se ocupan de tomar decisiones para resolver los conflictos sociales. Pero la democracia no es solo un sistema procedimental, es tambi茅n una cuesti贸n constitucional, donde debe imperar el pleno respeto por la ley y un alto grado de tolerancia hacia las diferentes opiniones, en especial el de las minor铆as. Con el m茅todo solo no alcanza. Para que haya democracia constitucional resulta indispensable la divisi贸n de poderes y la existencia de un sistema consolidado de partidos pol铆ticos. Nociones borrosas en la democracia sanjuanina.
La selecci贸n de una terna de candidatos para cubrir una bacante en la Corte de Justicia de San Juan es una oportunidad para recobrar aquella noci贸n de divisi贸n de poderes 驴C贸mo? Mediante el redise帽o del sistema judicial 驴El primer paso? reconsiderando el rol del Consejo de la Magistratura. Este 贸rgano extra poder ha fracaso rotundamente desde su puesta en vigencia, pues las previsiones del constituyente del 麓86 fueron desplazadas por una politizaci贸n de la Justicia. As铆 la Justicia que tenemos es producto de nuestras pr谩cticas pol铆ticas. Por ello no se puede pedir un Poder Judicial independiente del Poder Ejecutivo, porque para tal sutileza republicana que no fue construida.
Es imposible reparar la rep煤blica sin advertir que desconstitucionalizaci贸n es el resultado de un sistema impersonal y que la soluci贸n a este drama institucional no pertenece al mundo de la moral individual. Es el sistema, y los sanjuaninos nos hemos convencido que esta patolog铆a por repetitiva es la regla.
驴Cu谩l es esa patolog铆a? Admitir la politizaci贸n en la designaci贸n de los Magistrados, y que desde la pol铆tica se perciba que la Justicia es un 谩rea de conquista facciosa. Entre 1986 y el 2003 el equilibrio legislativo entre diversas fuerzas pol铆ticas promovi贸 un sistema de distribuci贸n de cargos judicial por representaci贸n popular. Era un equilibrio, cuestionable por su politizaci贸n, pero un equilibrio al fin. Pero desde el 2003 a la fecha el dominio de la legislatura por parte de una sola fuerza pol铆tica llev贸 a aquella valoraci贸n patrimonial del Estado a tener su propio poder judicial y a promover a sus propios jueces.
En ambos casos el par谩metro de selecci贸n se cifra en un eufemismo: los jueces deben ser "previsibles", antes para la partidocracia, ahora para el r茅gimen de partido 煤nico. Es decir, no deben provocar sobresaltos en quienes les conf铆an los juzgados. Por ello las trampas y simulaciones en los concursos, que se han vuelto habituales, tienen como prop贸sito garantizar esa complicidad.
Es as铆 que se ha configurado una magistratura que no se percibe a s铆 mismo como un factor de contrapoder. Se siente parte del poder. Hemos construido una institucionalidad cada vez m谩s lejos de lo que ser铆a lo deseable; que llegado el caso y como lo planteaba el polit贸logo Guillermo O麓Donnell, un sistema donde un ciudadano com煤n pueda demandar con relativo 茅xito a un gobernador.
Este concurso para cubrir la vacante en la Corte de Justicia ser谩 un test. Una ocasi贸n para medir la sensibilidad de los sanjuaninos frente a sus dificultades, cada vez m谩s ostensibles, para construir una sociedad organizada en torno al derecho. Como afirma el periodista Carlos Pagni, 鈥渓os concurso de jueces est谩n destinados a desatar un debate urgente sobre los costos de una institucionalidad disminuida. Pero este debate no es inexorable, podr铆a suceder que esta explicaci贸n no provoque una reacci贸n pol铆tica que pongan en evidencia que las miserias del sistema judicial son el s铆ntoma de un proceso hacia la desigualdad y la impunidad que pase inadvertido para quienes lo padecen鈥.
Por eso es importante reflexionar acerca de la formaci贸n de la Corte de Justicia, esto es, que valores la atraviesan y qu茅 m茅ritos deben tener para ser elegidos.
Estamos frente a una oportunidad 煤nica en demostrar que nuestro sistema de administraci贸n de justicia responde a la Constituci贸n, donde el concursos es p煤blico, donde se juzgan m茅ritos acad茅micos, la honestidad, la probidad y la mesura de los futuros cortistas, y no que el sistema siga raptado por concursos armados, simulados donde impera el amiguismo, los contactos, las prebendas, etc.
Designar un ministro de la Corte de Justicia es un tema demasiado serio para que la sociedad quede excluida de opinar y participar. Los jueces deciden sobre la libertad de las personas, sobre los patrimonios y sobre derechos de incidencias colectivas como el medio ambiente. Por eso su designaci贸n debe ser regida por la constituci贸n y sus principios de transparencia y participaci贸n ciudadana. Si lo hacemos por lealtades pol铆ticas o de pertenencia de grupos de poder solo contribuir铆amos a profundizar la desconfianza de la sociedad con el Poder Judicial.
Si bien existe formalmente un r茅gimen de concurso p煤blico previsto en la Constituci贸n y reglamentado por ley, esa instancia concursal convive con pr谩cticas f谩cticas que niegan los fines de los concursos o, al menos, los simulan. Es muy complejo para cualquier abogado arribar a ese puesto institucional sin un padrino pol铆tico.
Volviendo a la cita de Guillermo O麓Donnel: "Hay un trabajo colectivo que solo puede encararse desde la sociedad civil. Solo los profundos cambios desde la sociedad podr铆a redise帽ar el Estado. Ese redise帽o, l贸gicamente alcanza al sistema judicial, el dise帽o de su burocracia y a los patrones culturales de la identidad de sus funciones. Esa transformaci贸n cultural es la que permitir谩 dotar a la justicia de jueces capaces de reconciliar la ley precisamente con la justicia".
Por ello, como Consejero en la Magistratura en representaci贸n de los abogados de la Provincia de San Juan me he comprometido a fundar por escrito mi voto para seleccionar la terna de candidatos. Pero este compromiso, si bien necesario, no es suficiente. Para la selecci贸n de un cortista se impone un mayor rigor con las pr谩cticas republicanas. Por ello propondr茅 al Foro de Abogados de San Juan que sobre la base del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional n掳: 222/2003, invite al Colegio de Magistrados, a la Uni贸n Judicial y a las Facultades de Derecho de la U.N.S.J. y Cat贸lica de Cuyo (entre otros) a formalizar una "audiencia p煤blica" no vinculante para el Consejo de la Magistratura y no obligatorio para los postulantes al cargo (no lo podr铆a ser en ambos caso porque no lo prev茅 la Ley del Consejo de la Magistratura) pero que resultar谩 sanadora de las Instituciones provinciales, permitiendo a la ciudadan铆a y las organizaci贸n no gubernamentales a fines o no a la tem谩tica de la Justicia, hacer conocer en forma oportuna sus razones, puntos de vistas y objeciones que pudieran tener respecto a los postulantes al cargo de Ministro de la Corte de Justicia de San Juan.
Asimismo, invito que a trav茅s de las redes sociales que abajo se indican a que los ciudadanos y sus organizaciones no gubernamentales expresen sus opiniones y todo otro tipo aportes para la formaci贸n del mejor criterio posible a la hora de votar una terna de candidatos para ser remitida a la Legislatura Provincial.
Marcelo Arancibia
Consejero por los abogados de la Provincia de San Juan.

Whatsapp: 2645045378
twitter: @MarceloAranci13
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Est谩s fotos muestran un vicio oculto de construcci贸n en la armadura de la columna, la misma no posee estribos, lo que no obedece a ning煤n c谩lculo estructural, bajo normas del actual c贸digo de construccion .Estos barrios se construyeron seg煤n planos aprobados y como muestra la foto, parecer铆a que D.P.D.U. No inspeccion贸 las obras, quedando las mismas expuestas a cualquier sismo con sus terribles consecuencias. Quien se hace responsable? La empresa constructora, IPV o D.P.D.U. ???? Casa IPV barrio Suteryh y AOMA, calle 25 de Mayo y Balcarce Santa Luc铆a
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