Argentina, San Juan, Miércoles 01 de Abril de 2020
Valle de la Luna - San Juan - Argentina
DENUNCIA Y PEDIDO DE INVESTIGACION CONTRA EL INTENDENTE DE RIVADAVIA, ELIAS ALVAREZ
El Padre Elias fue denunciado por la Sra Juez de Falta del Municipio de Rivadavia Dra. Gladys Abelin





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COPIA DEL ESCRITO FIRMADO POR LA SRA. JUEZ DE FALTAS DEL MUNICIPIO DE RIVADAVIA, DRA. GLADYS F. ABELIN de TEJADA QUE FUE PRESENTADO ESTA MAÑANA A LAS 9,40 hs. EN LA MESA DE ENTRADAS DEL CONCEJO DELIBERANTE DE RIVADAVIA.- QUEDO REGISTRADO BAJO EL Nº 180-A-2010.-
ORMULA DENUNCIA – SE INVESTIGUE -

SEÑORES
CONCEJO DELIBERANTE DPTO. RIVADAVIA
SU DESPACHO________________________

GLADYS FATIMA ABELIN de TEJADA, argentina, mayor de edad, casada, DNI Nº 12.610.519, de profesión abogada, con domicilio real en calle Sergio Boggian Nº 4303 (O) del Departamento de Rivadavia, Provincia de San Juan con el patrocinio letrado del Abogado Cayetano Jorge DARA, matrícula Foro de Abogados de San Juan Nº 698, constituyendo domicilio especial a los efectos legales en el estudio de mi letrado patrocinante sito en calle San Luis Nº 339 (O) de la Ciudad de San Juan, por derecho propio y en mi carácter de Juez de Faltas del Departamento de Rivadavia designada por Decreto Nº 158-DE-94 ratificado por Ordenanza Nº 676-CD-94 ante ese Concejo Deliberante me presento y respetuosamente digo:
1º.- Objeto: Que vengo por el presente a radicar formal denuncia en los términos de los arts. 102,103 y concordantes de la Carta Orgánica Municipal contra el señor Intendente Municipal Don ELIAS JUSTO ALVAREZ con domicilio en el edificio donde funciona el Departamento Ejecutivo del Municipio de Rivadavia sito en Avda. Libertador San Martín Nº 5416 (O) del Departamento de Rivadavia provincia de San Juan, a fin de que ese Cuerpo, en uso de las facultades que le torga la Carta Orgánica Municipal (art. 104 y siguientes), investigue su accionar con relación a los hechos que se denuncian en el presente que demuestran claramente que han estado dirigidos en forma expresa a generar y/o armar un cuadro de situación fáctica que le permitiera accionar contra la suscripta con la finalidad de peticionar mi remoción del cargo de Jueza de Faltas que ejerzo desde el año 1994 y en caso de corresponder,previo los trámites de ley, aplique las sanciones que correspondan.-
Que el accionar del señor Intendente Municipal, como se acredita con las medidas de prueba que se ofrecen, no sólo tipifica las figuras penales previstas en los arts. 149 bis segundo párrafo, 168, 209, 248 del Código Penal sino que resulta violatorio de lo normado en las leyes nacionales Nº 25188 (art. 2º y conc.), Nº 23592 (artículo 1º y conc.), en la Ley provincial Nº 6733, en la Carta Orgánica Municipal (Preámbulo, arts. 7, 53, 56 y conc.) y en la Ordenanza Nº 673/94, en los acuerdos, tratados, convenciones, concordatos incorporados a nuestro sistema legal como leyes “supralegales” por imperio de lo establecido en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional como son: La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, entre otros.-
2º.- Legitimación: Que si bien es cierto que parte del accionar amenazante, extorsivo y destituyente del señor Intendente Municipal, señor Elías Justo ALVAREZ, que se denuncia en el presente fue materialmente dirigido a la persona del señor Alfredo SANCHEZ no es menos cierto que el mismo estuvo dirigido a lesionar mis derechos y a ocasionar un daño y un perjuicio a la suscripta razón por la cual estoy legitimada para radicar la presente denuncia además de estarlo por mi calidad de funcionaria pública y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 212 inc. 1) del CPP – Ley 7398 – habida cuenta que el accionar que se denuncia resulta violatorio de normas legales vigentes.-
3º.- Relación fáctica y jurídica: El accio- nar indebido, ilegítimo y contrario a lo prescripto en las normas señaladas por parte del Intendente municipal, Don Elías Justo ALVAREZ, y que habilita esta presentación y que ha estado y está dirigido a lograr mi destitución como Juez de Faltas del Departamento nace desde el momento mismo en que, amparándose en la norma de la Ordenanza Nº 1445-CD-05 por la cual se modificó la Ordenanza Nº 673-CD-94, propuso la designación del señor Alfredo SANCHEZ como Secretario del Juzgado ya que el fin perseguido, conforme lo relata el propio SANCHEZ tanto en el escrito que presenta ante ese Concejo dando origen al Expediente Nº 167-S-2010 del registro de ese Concejo y donde con palabras claras, contundentes y precisas describe la situación generada y que concluyó con su remoción en el cargo de Secretario del Juzgado cuando dice “…. La causa de mi remoción, de la cual Uds. han participado, es una venganza por parte del Sr. Intendente por no cumplir con sus ordenes. Las mismas dirigidas a maquinar un plan artero, con fines destituiros hacia la Sra. Jueza de Faltas de la Municipalidad de Rivadavia Dra. Gladys Abelin de Tejada.- Dicha maniobra, la cual fue solicitada por primera vez en fecha 21 de Octubre del 2010 via telefónica a mi despacho consistía en la elaboración de una presentación formal denunciando a la magistrada antes mencionada, con hechos falsos, a la que me negué rotundamente por configurar delito de injurias y no ser esa la función que desempeño.-“ y continúa diciendo en el mismo escrito “ Ante esta negativa, el Sr. Intendente me dijo y cito “vos verás lo que haces, si aprecias tu trabajo la vas a presentar” a lo cual respondí “aprecio mi trabajo pero no me voy a prestar para esto.”, y sigue diciendo en el mismo escrito “… Ante la negativa de mi parte de realizar dicha maniobra el Sr. Intendente se comunicó…… donde amenazándome dijo “tenés tres opciones 1º.- Hacés el escrito; 2º Firmar la renuncia, y 3º Si no te hago echar.-….”(SIC), como en la nota publicada en el diario on line “DIARIOLIBRE.INFO” del día 29/11/2010 bajo el título de “Discriminación en Rivadavia” donde expresa, “…fui colocado allí con la única función de hacerle la vida imposible a la Sra. Jueza para que el Sr. Intendente pueda echarla de su cargo,…” (SIC).-Como dice el viejo dicho español “MAS CLARO, PENCAS!!!!”.-
Que dicho proceder tendencioso y con clara intención de removerme del cargo que ejerzo en el Municipio se vío incrementado a partir de que el señor Roberto CORREA fue designado Secretario General del Municipio ya que desde ese momento fue el funcionario que tuvo “trato” – si es que la forma descortés, arbitraria, atropelladora e irrespetuosa de dirigirse a la suscripta que ha usado desde que fue “ungido” Secretario General del Municipio puede llamarse “trato” – desde lo institucional con la suscripta, llegando incluso a ordenar la realización de medidas de procedimiento que eran y son de incumbencia exclusiva de la suscripta, como es el caso del Expediente Nº 4408/09 donde ordenó se llevara a cabo un procedimiento que había sido “suspendido” por la suscripta ante la falta de habitantes y/o moradores en el domicilio donde se debía llevar a cabo la medida o el de recriminar y requerir en forma reiterada, vía telefónica ya que nunca lo hizo personalmente, una obediencia y sumisión de la suscripta en lo funcional como si el Juez de Faltas del Municipio, cargo creado en su momento a través de la Ordenanza Nº 673-CD-94, fuera integrante y dependiera funcionalmente del Departamento Ejecutivo del Municipio.- Cabe señalar a efectos informativo de los señores Consejeros que el “altercado” de que habla – y del que fue testigo presencial - el señor Alfredo SANCHEZ en su nota de fecha 17/11/2010 ante ese Concejo y que diera origen al expediente Nº 167-S-2010 fue la última oportunidad en que, vía telefónica, el Secretario General del Municipio se dirigió en la forma autoritaria e irrespetuosa descripta a la suscripta, no porque haya variado su modo o forma sino porque directamente no llamó.-
Que el accionar del señor Intendente Municipal en su afán de lograr una causa para poder intentar removerme del cargo de Jueza de Faltas del Departamento que ejerzo continúo a través de distintas acciones como fue entre otras el dictado del Decreto Nº 1690-DE-2009 por el cual resolvió el conflicto generado respecto a la “Feria Judicial” prevista por la suscripta de acuerdo a los usos y costumbres que rigen sobre ese tema en la actividad judicial.-
Que entre los hechos que demuestran el accionar tendencioso de parte del Ejecutivo Municipal dirigido a lograr la remoción de la suscripta del cargo de Juez de faltas del Municipio podemos señalar, entre otros, los siguientes: Falta de respuesta a pedidos de informes solicitados a distintas dependencias del Ejecutivo Municipal que ha entorpecido el normal y ágil funcionamiento del Juzgado como es el caso, entre otros, de los solicitados en los autos Nº 4408/09 caratulados “C/ De Gregorio, Ana María Falta: Art. 2 Ord. 1104/2001 modificatoria de Ord. 620/1993 y art. 162 inc. 6 de la Ley 7819” donde existirían infracciones denunciadas por la imputada respecto al actuar de los funcionarios intervinientes en el procedimiento llevado a cabo en su domicilio y que dada las características de las misma podrían llegar a tipificar delitos penados en el Condigo Penal.- Dejo aclarado a los señores Consejeros que, no obstante la demora o desidia en contestar los informes requeridos al Ejecutivo Municipal, la causa referida ha sido girada a la Fiscalía en lo Correccional Nº 3 en Turno a la fecha de los hechos y hoy está en estudio por parte del señor Juez en lo Correccional Nº 2 de la Provincia de San Juan, habiendo dejado copia certificada en el Juzgado a fin de concluir el trámite de la causa en aquello que es de competencia y jurisdicción de la suscripta.-
Que también resulta oportuno señalar, a los fines de demostrar el accionar tendencioso del Ejecutivo Municipal con relación a la suscripta en el ejercicio de sus funciones de Juez de Faltas del Municipio, la retención indebida de las Actas de Infracción confeccionadas por personal de la Policía Municipal y que NO han sido remitidas al juzgado, como lo dispone la normativa vigente, a fin de darles el correspondiente tratamiento judicial administrativo, lo que ha generado una presentación de la suscripta ante el Auditor Municipal solicitándole que audite las Actas de Infracción atento la discordancia en la continuidad de las mismas, SIN haber obtenido respuesta alguna del citado Funcionario hasta la fecha.-
Pero que el hecho del señor Intendente Municipal conque ha coronado su accionar “destituyente”, que ha logrado inquietarme seriamente llevándome a concretar esta presentación, es el accionar llevado a cabo recientemente por el propio señor Elías ALVAREZ, luego de un áspero intercambio de opiniones respecto al funcionamiento del Juzgado que la suscripta mantuvo con el Secretario General del Municipio por teléfono, con el señor Alfredo SANCHEZ al haberle exigido – bajo la amenaza de despido - que presentara una nota en la cual se me endilgara una conducta y/o proceder agraviante hacia su investidura o a su persona para así poder iniciar una causa ante ese Concejo Deliberante buscando mi remoción.-
Que el accionar del Intendente Municipal que se denuncia en el presente está acreditado no sólo con la denuncia formulada por el ciudadano Alfredo SANCHEZ ante ese Concejo Deliberante mediante el Expediente Nº 167-S-2010 del registro del Concejo sino también con la exposición realizada ante la Seccional Nº 13 de la Policía de la Provincia que lleva el Nº 1662 y que está asentada al Fº 14 del Libro Nº 11/2010, la que desde ahora dejo ofrecida como prueba documental debiendo ser requerida la remisión del original o de una copia certificada de la misma, y la publicación aparecida en el día de ayer – 29/11/2010 - en el diario on line “DIARIOLIBRE.INFO” que en copia simple se acompaña.-
Que la mejor prueba de la existencia de la amenaza, de la extorsión y de la instigación a cometer delito a la que fue sometido el señor Alfredo SANCHEZ por parte del señor Intendente Municipal es el hecho del dictado del Decreto Nº 2421-DE-2010 de fecha 04/11/2010, que fuera aprobado por ese Concejo mediante el dictado de la Resolución Nº 1826-CD-10, por los que es removido en forma por demás arbitraria - no le fue respetado ni el ejercicio del derecho de defensa ni el de tener un proceso adjetivo previo - ante la expresa negativa del señor SANCHEZ de acceder a lo ordenado por el Intendente.-
Tal ha sido y es el grado de avasallamiento y desconocimiento hacia la suscripta como Titular del Juzgado de Faltas del Municipio que en NINGUN momento fui informada ni anoticiada siquiera por parte del Intendente Municipal y/o del Secretario General del Municipio de la decisión que había tomado respecto a la continuidad laboral del señor SANCHEZ en el Juzgado a mi cargo ya que se desempeñaba como Secretario del Juzgado, teniendo entre otras funciones la de refrendar la firma de la suscripta en aquellas actuaciones que así lo determina la normativa vigente (art. 81 del Código de Faltas Municipal).-
También resulta demostrativo del accionar tendenciosos del Intendente Municipal hacia la suscripta el hecho de haberme impedido por la vía de los hechos, toda vez que hasta la fecha NO he recibido respuesta a la presentación que efectuara el pasado 23/11/2010 ( Exp. Nº 7927-J-2010) solicitando VISTA Y COPIAS de las actuaciones contenidas en el expediente Nº 7492-I-10, poder ejercer la defensa del orden y de la independencia del Juzgado del cual soy Titular ante la decisión adoptada con relación a la persona que se desempeñaba en el cargo de Secretario del Juzgado (art. 81 y conc. del Código de Faltas Municipal).-
Que ante la notificación que me formulara del Decreto Nº 2421-DE-10 y de la Resolución Nº 1826-CD-10 por intermedio de la Secretaria de Administración y Finanzas del Municipio y en razón de que NUNCA fui informada ni siquiera anoticiada de la decisión adoptada por el Departamento Ejecutivo y que fuera volcada en el decreto referido, es que radiqué formal pedido de tomar “VISTA Y COPIAS” del expediente Nº 7492-I-10, que es en el cual se habría tramitado la decisión del Intendente de despedir al Secretario del Juzgado, haciendo uso de las facultades que me otorga el Decreto Nº 655/73 reglamentario de la Ley 3784 – Código de Procedimientos Administrativos de la Provincia de San Juan – a fin de poder conocer los fundamentos y/o motivos que había tenido el Intendente para adoptar la decisión volcada en el Decreto Nº 2421-DE-10 y en su caso, de corresponder, intentar la defensa no sólo de la independencia funcional del Juzgado sino la de la suscripta ante el avasallamiento y atropello llevado a cabo por el Departamento Ejecutivo del Municipio al entrometerse e inmiscuirse sin competencia ni jurisdicción y sin fundamento ni jurídico ni fáctico alguno que lo justifique en el desenvolvimiento del Juzgado de Faltas del Municipio de Rivadavia del cual soy Titular.-
Adviertan los señores Consejeros, y sin que importe una defensa jurídica del señor Alfredo SANCHEZ, que en el caso de la remoción solicitada por el señor Intendente Municipal mediante el Decreto Nº 2421-DE-10, según surge del propio acto administrativo referido, no han sido explicitados, conforme a derecho, los motivos o causa que llevaron al Funcionario a solicitarla, es mas de la mera lectura del acto administrativo referido queda claro que la decisión adoptada carece de sustento tanto jurídico como fáctico siendo un claro acto discrecional del Intendente Municipal lo que lo torna por demás arbitrario y por ende ilegal.-
Al respecto cabe consignar conforme lo ha determinado la doctrina y la jurisprudencia de nuestros Tribunales que “ilegalidad” y “arbitrariedad” no son sinónimos, ni tampoco se requiere que se acumulen, bastando la concurrencia de uno de ellos para dejar expedita la vía del reclamo del administrado sea en sede administrativa o en sede judicial.- “Ilegalidad”, supone algo contrario a la ley, y por lo tanto ilícito.- Mientras que “Arbitrariedad”, supone la transgresión de los límites de razonabilidad. Pero ambas en todo caso, deben ser “MANIFIESTAS” es decir que debe tratarse de algo patente, notorio, evidente, claro, ostensible, palmario, indudable, es decir que la turbación del derecho debe resultar grosera, quedando fuera aquéllas cuestiones opinables.- (CSJ, Fallos 297-65; 306-1253;300-46).-
Tanto el acto administrativo dictado por el Intendente Municipal – Decreto Nº 2421-DE-10 – como el dictado por ese Concejo Deliberante – Resolución Nº 1826-CD-10 - constituyen actos lesivos dictados por la Autoridad Pública que resulta manifiestamente ilegal y arbitrario. La Ilegalidad de la decisión adoptada surge porque lo dispuesto a través de los mismos se halla desprovisto de todo sustento normativo, entrañando un acto resolutivo que ha sido dictado con prescindencia lisa y llana de la ley. De allí su Ilegitimidad e Arbitrariedad.
Además, la ilegalidad que se alega aparece manifiesta, porque las deficiencias y los vicios que contienen los actos administrativos referidos, aparecen en forma visible y evidente ante un exámen jurídico superficial en su confrontación con las Leyes que vulnera, y con las normas constitucionales que también lesiona.- Al respecto es dable dejar expresado que los mismos a la luz de las disposiciones legales vigentes en materia de derecho administrativo, resultan nulos de nulidad absoluta, toda vez que tiene viciados sus elementos constitutivos, como son: el elemento de la “causa”, el del “objeto”, el de “procedimiento” , el de la “motivacion” y el de la “finalidad”, (incs. ”b”, “c”, “d” , “e” y “f” del art. 7º de la ley 3784), y por consecuencia de ello también se encuentran viciados los caracteres de legalidad, legitimidad, ejecutividad y ejecutoriedad que se requieren para que un acto administrativo sea válido y de cumplimiento obligatorio.-
Los actos administrativos referidos tampoco reúnen el requisito de “Legitimidad” que resulta un concepto más amplio que el de la legalidad. Un Juicio de Legitimidad es un Juicio de Justificación de algo o de alguien; y para que ello ocurra, se deben reunir tres condiciones: que la conducta sea sustancialmente justa, lícita y socialmente aceptada.- De lo expuesto precedentemente resulta que la medida adoptada tanto por el señor Intendente municipal como por ese Consejo Deliberante es Ilegítima porque no ha sido justificada conforme a derecho, porque no ha sido emitida con Justicia, ya que ha vulnerado los principios de Equidad y de Igualdad ante la Ley, y porque al haber sido dictado contrariando la Ley resulta ilícito, y por sobretodo, al no resultar socialmente aceptado ya que se trata de un exabrupto jurisdiccional de la autoridad municipal, careciendo, por lo tanto, de la justificación necesaria para su viabilidad.- (Cfr. Sagues, Néstor. “En Torno a la Legitimación del Poder y de sus Organos”. J.A., Doctrina 1971-662).-
Ahora bien, la medida contenida en los actos administrativo referidos resulta irrazonable por las diversas razones y argumentos que se exponen en el presente escrito, a través de las cuales se puede comprobar el Vicio de Arbitrariedad que el mismo contiene.-
Esa arbitrariedad es ostensible y notoria, porque el Intendente Municipal con su accionar ha lesionado y ha producido, en forma grosera y caprichosa, la turbación de derechos constitucionales tanto del señor SANCHEZ como de la suscripta, ya que para lograr el objetivo buscado: Provocar una causa que le permita denunciarme a los fines de abrir un juicio político para removerme del cargo de Juez de faltas del Departamento que ejerzo no ha trepidado en violentar y subvertir el estado de derecho que debe imperar en una Institución del sistema republicano de gobierno como es el Municipio.- (Cfr. Sagues, Nestor, “Acción de Amparo”, Editorial Astrea, pág. 121, 123 y ss.).-
Además en el caso de autos no resulta aplicable, a los fines de justificar el actuar del señor Intendente Municipal, la invocación de que lo resuelto con relación al señor SANCHEZ está dentro del marco de “discrecionalidad” que tiene toda Autoridad, ya que para que ello suceda la discrecionalidad debe estar usada o enmarcada en la normativa legal vigente que regula la relación jurídica existente entre la Autoridad y el Administrado.- Cosa que en el caso de autos NO HA EXISTIDO por parte del Intendente Municipal.- “ La discrecionalidad no es sinónimo de arbitrariedad, por lo que los titulares de las potestades estatales no pueden convertir a los actos de la Administración en reflejos de caprichos individuales. De ahí que no es posible un divorcio entre las libertades individuales y humanas, cuya custodia ejerce el Poder Judicial, del control sobre los actos estatales en cuanto afecten esos derechos.” ( CNCiv., Sala “A”, julio,1 –1991, ED, 143-407).-
La “Ilegalidad” del acto del Intendente Municipal y que ha sido trasladada a lo actuado por ese Concejo Deliberante surge claramente, además de lo ya expresado supra, de la mera comparación del mismo con las normas del Procedimiento Administrativo que rigen en el ámbito de Administración Pública Provincial. Conforme a las mismas, se comprueba que el Acto de la Autoridad Municipal no cumplimenta los requisitos esenciales exigidos por la norma procedimental indicada, Ley 3784, ya que tiene graves y serias irregularidades y carece de algunos de sus elementos esenciales, y que resulta gravemente viciado, contrariando así las exigencias establecidas en el artículo 7 de la Ley de Procedimiento Administrativo.- De allí la arbitrariedad resultante de las mismas. (ADLA. XXXII - B, 1752 – “La Acción de Amparo en la Constitución Reformada”- Rodolfo Carlos Barra)
Consecuentemente se trata de actos Nulos de Nulidad Absoluta, por tener viciados los requisitos esenciales del objeto, de la causa, del procedimiento por no haber contado con el dictamen previo del servicio jurídico permanente toda vez que se afectaban derechos subjetivos e intereses legítimos, de la motivación y ser manifiestamente “arbitrario”.- De allí que carecen de los requisitos exigidos por la Ley, con relación a los elementos esenciales de todo Acto Administrativo, y por ello resulta ser un Acto jurídicamente Nulo de Nulidad Absoluta.
Con estos argumentos queda en forma expresa acreditada la “ilegitimidad” y la “arbitrariedad” del obrar tanto del Intendente Municipal como de ese Concejo Deliberante, máxime cuando, además del dictado de los actos viciados de nulidad absoluta referenciados en el presente, en los hechos la Autoridad Municipal los puso en práctica ya que, como se acredita con la copia de la notificación cursada tanto al señor SANCHEZ como a la suscripta los mismos han sido puestos en práctica desde el pasado 12/11/2010.-
El delito de amenazas del art. 149 bis del C.P. requiere, desde el aspecto subjetivo del tipo, la intención de amedrentar o atemorizar al sujeto pasivo, sin que se requiera un especial estado de ánimo del autor al momento de proferirla (v.g frialdad, entusiasmo, ansiedad, etc) (Cfr. Sebastián Soler “Derecho Penal Argentino” Tº IV, pag 83), pues lo que importa es la voluntad clara de alterar el ámbito de libertad individual de la victima, y no el particular estado psíquico interno del sujeto activo en el momento del hecho.-
La amenaza es un delito contra el sentimiento de seguridad del individuo, en que se protege la libertad psíquica, o lo que es igual, la libertad en el proceso de deliberación que ha de llevar a una decisión de obrar externo (Cfr. José Luis Diez Ripollés “Delitos contra bienes jurídicos fundamentales”. Tirant Lo Blanch.Valencia.España.1993 pag.274) por parte de quien se ve en la necesidad de tomarse en serio algunas cosas que le son ajenas y no puede organizar, o sólo puede hacerlo de manera limitada, sus asuntos (cfr. sobre el punto Gunther Jakobs “Estudios de Derecho Penal”.Civitas.1997.Madrid. España pag. 449) en razón del anuncio del mal lanzado por quien lo presenta como dependiente de su voluntad, y suficientemente concretado en los hechos denunciados.-
La norma de referencia busca la protección de la libertad, entendiéndose por tal la posibilidad de hacer o no hacer lo que el ser humano quiera, en tanto no esté prohibido, y sin imposiciones legítimas (Cfr: Edgardo Donna, Derecho penal. Parte Especial; Tomo II-A, Rubinzal Culzoni Editores; pag. 253), teniendo un contenido eminentemente psíquico, por cuanto las conductas atentatorias de dicho bien jurídico, que toman la forma de una violencia de tipo moral, afectan la libertad moral del sujeto, en el plano del derecho a autodeterminarse o desenvolverse libre de temores injustamente provocados (Cfr. Alfredo J. Molinario “Los delitos”, texto actualizado por Eduardo Aguirre Obarrio; TEA; Bs. As, 1996, pag. 32).-
En el delito de extorsión (art. 168 CP) existe, por obra del autor, una limitación en la libertad de la víctima, caracterizándose la conducta por el ánimo de lograr una disposición patrimonial ilegitima y mediata, que es lo que mueve al agente.- El medio directo para el logro extorsivo de una lesión patrimonial es la intimidación lisa y llana y consiste en el empleo de amenazas para vencer la voluntad de la victima; para obligarla a hacer.- Este es el caso de autos!!!!
Lo que el Código Penal protege con esta figura es la propiedad en el sentido que le confiere la Constitución, la cual le reconoce a toda persona el derecho de usar y disponer de su propiedad y que comprende, tratándose de los delitos contra ella, todos los intereses apreciables que una persona, física o jurídica, privada o pública, tiene, fuera de los derechos de la personalidad, de los derechos de familia y de los derechos políticos, que con arreglo a su naturaleza, le pueden corresponder.- Art.168 CP (según ley 20.642): “Será reprimido con reclusión o prisión de cinco a diez años, el que con intimidación o simulando autoridad publica o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. Incurrirá en la misma pena el que por los mismos medios o con violencia, obligue a otro a suscribir o destruir documentos de obligación o de crédito.” .-
La instigación a cometer delitos, legislada en el art. 209 del C.P., demanda incuestionablemente para su configuración que se determine a otro a cometer un delito haciendo surgir en el autor la decisión al hecho provocándolo para que se decida por lo que requiere un estimulo directo a delinquir, siendo el criterio esencial de este delito la seriedad de la propuesta ya que se trata de uno de los delitos en que la intención del agente corresponde al cuerpo del delito, es decir, a sus criterios esenciales.- Las palabras escritas o dichas no tienen vida propia y absoluta; su vida se modifica según la intención de quien las profiere por lo que es condición necesaria que el autor haya tenido voluntad de emplear sus propias fuerzas morales para impulsar a otro a una determinación criminosa.-
Es dable señalar a los señores Consejeros que el accionar del Intendente Municipal en procura de removerme del cargo de Juez de Faltas del Departamento que ejerzo desde el año 1994 además de tratarse de un accionar avieso y arbitrario ejecutado al amparo de la “impunidad” que supuestamente le otorgaría el pertenecer políticamente al partido gobernante en la Provincia y que, por sus características, puede calificarse hasta de “mafioso” esta reñido y violenta las prevenciones de las normas contenidas en las leyes nacionales 25188, 24592 y en la provincial 6733 toda vez que se trata de un Funcionario Público que está obligado, entre otras cosas, a cumplir con los siguientes deberes y pautas de comportamiento ético: a) Cumplir y hacer cumplir estrictamente la Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos que en su consecuencia se dicten y defender el sistema republicano y democrático de gobierno; b) Desempeñarse con la observancia y respeto de los principios y pautas éticas establecidas en la presente ley: honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana; c) Velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular.- (Cfr. art. 2º y conc. Ley 25188).-
4º.- Prueba: Como medios de prueba que hacen al derecho de la suscripta ofrezco las siguientes medidas de prueba solicitando desde ahora se dispongan las medidas conducentes para su producción.-
4.1.- DOCUMENTAL:
a.- Las constancias de autos.-
b.- Las constancias de la nota de fecha 12/11/2010 remitida por la señora Secretaria de Administración, Hacienda y Finanzas del Municipio de Rivadavia, que en copia se adjunta debiendo requerirse, de considerarlo necesario, la remisión del original o copia certificada mediante oficio a cursarse al Departamento Ejecutivo.-
c.- Las constancias del Decreto Nº 2421-I-2010 que en copia se adjunta debiendo requerirse, de considerarlo necesario, la remisión del original o copia certificada mediante oficio a cursarse al Departamento Ejecutivo.-
d.- Las constancias de la Resolución Nº 1826-CD-2010 que en copia se adjunta y cuyo original se encuentra reservado en ese consejo de donde deberá certificarse la fidelidad de la copia adjunta.-
e.- Las constancias del Decreto Nº 1690-DE-2009 que en copia se adjunta debiendo requerirse, de considerarlo necesario, la remisión del original o copia certificada mediante oficio a cursarse al Departamento ejecutivo.-
f.- Las constancias del Expediente Nº 167-S-2010 del registro de ese Concejo y de donde deberá ser requerida su remisión sea en original o copia certificada del mismo a efectos vivendi et probandi y de ser agregado en autos.-
g.- Las constancias del expediente Nº 7492-I-2010 del registro del Departa- mento Ejecutivo y de donde deberá ser requerida su remisión a efectos vivendi et probandi mediante oficio a cursarse, habida cuenta que, según informa la Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo, el mismo se encuentra radicado en la Secretaria General desde el pasado día 11/11/2010 no obstante haber sido remitido desde ese Concejo Deliberante el pasado día 15/11/2010 según lo certifica la Secretaria Administrativa de ese Cuerpo.-
h.- Las constancias del expediente Nº 173-J-2010 del registro de ese Concejo y de donde deberá ser requerida su remisión sea en original o copia certificada del mismo a efectos de ser agregado en autos.- Adjunto copia de la nota con que se inició el expediente.-
i.- Las constancias del expediente Nº 7927-J-2010 del registro del Ejecutivo Municipal y de donde deberá ser requerida su remisión sea en original o copia certificada del mismo a efectos de ser agregado en autos.- Adjunto copia de la nota con que se inició el expediente.-
j.- Las constancias de la Resolución Nº 1638-CD-2008 del registro de ese Concejo y de donde deberá ser requerida su remisión sea en original o copia certificada del mismo a efectos de ser agregado en autos.-
k.- Las constancias de la exposición realizada por el señor Alfredo SANCHEZ en la Comisaría Nº 13 de la Policía de la Provincia y que quedara registrada bajo el Nº 1662 al Fº 14 del Libro 11/2010 y de donde será requerida su remisión sean en original o en copia certificada para ser agregada en autos a efectos vivendi et probandi mediante oficio a diligenciarse.-
l.- Las constancias del Expediente Nº 27-A-2004 del registro de ese Concejo y que se encuentra radicado en el Juzgado de Faltas del municipio y de donde deberá ser requerida su remisión a efectos vivendi et probandi mediante oficio a diligenciarse.-
m.- Las constancias del expediente Nº 4408/09 caratulado “C/ DE GREGORIO,
ANA MARIA – FALTA: ART. 2 ORD. 1104/2001 MODIFICATORIA DE ORD. 620/1993 Y ART. 162 INC. 6 DE LA LEY 7819” que en copia certificada está tramitándose ante el Juzgado de Faltas del Municipio y de donde deberá requerida su remisión mediante oficio a diligenciarse.-
n.-Las constancias de la nota aparecida baJO EL TÍTULO DE “discriminación En Rivadavia” en el diario on line “DIARIOLIBRE.INFO” firmada por el señor Alfredo SANCHEZ que lleva fecha 29/11/2010 que en copia se acompaña, debiendo requerirse, de considerarlo necesario, la remisión de una copia certificada del diario mencionado.-
ñ.- Las constancias del certificado expedido por la Secretaria Administrativa de ese Concejo en fecha 29/11/2010 con relación al estado de los expedientes Nº 7492-I-2010 y Nº 173-J-2010, que en copia se acompaña.-
o.- Las constancias del acta de constatación extraprotocolar Nº 687240 labrada por el Esc. Carlos Alberto Quevedo Mendoza de fecha 14/11/2010, que enm copia se acompaña.-
p.- Las constancias de la nota presentada ante el Auditor Municipal requiriendo su intervención con relación a verificar la numeración de las Actas de Infracción que labra la Policía Municipal y que deberá ser requerida su remisión del Juzgado de Faltas del Municipio mediante oficio a diligenciarse.-
q.- Las constancias de las notas dirigidas al ejecutivo Municipal requiriendo informes en el expediente Nº 4408/09 y que deberán ser requeridas su remisión del juzgado de Faltas del Municipio mediante oficio a diligenciarse.-
4.2.- INFORMATIVA: Informes que se recabaran mediante oficio a cursarse de: a.- Juzgado Correccional Nº 2 de la Provincia de San Juan a fin de que se sirva informar si los autos Nº 4408/09 caratulados “C/ DE GREGORIO, ANA MARIA – FALTA: ART. 2 ORD. 1104/2001 MODIFICATORIA DE ORD. 620/1993 Y ART. 162 INC. 6 DE LA LEY 7819” se encuentran radicados en ese juzgado y en su caso el número, la carátula y, de proceder, el estado procesal del mismo.-
b.- Auditor Municipal a fin de que se sirva informar, y en su caso acompañar copia certificada de las actuaciones que obraren en su poder, si la Juez de Faltas del Municipio formalizo una presentación requiriendo su intervención con relación a verificar la numeración de las Actas de Infracción que labra la Policía Municipal.-
c.- Oficina de Personal del Municipio de Rivadavia a fin de que se sirva remitir
copia completa y certificada del legajo personal del señor Alfredo SANCHEZ .-
4.3.- TESTIMONIAL: De las siguientes personas las que serán citadas por ese
Concejo a la audiencia que se fije a fin de recibirles la declaración la que será a tenor del interrogatorio que se presentará en su momento y para que reconozcan la documentación que se le exhibirá, ellos son:
a.- Señor Alfredo SANCHEZ, de profesión abogado, con domicilio en calle Entre Rios Nº 226 (Oeste) de la Ciudad de San Juan.-
b.- Esc. Carlos Alberto QUEVEDO MENDOZA, de profesión escribano, con domicilio en calle Jujuy Nº 117 (S9 de la Ciudad de San Juan.-
c.- Señor Teofilo ECHEGARAY en su calidad de Director o editor responsable del diario on line “DIARIO LIBRE.INFO” y cuyo domicilio se informará oportunamente.-
4.4.- PERICIAL:
a.- De un perito calígrafo que será designado de las listas que tiene la Corte de Justicia local para el caso en que sean desconocida algunas de las constancias documentales acompañadas y/o ofrecidas o en el supuesto de incomparencia de los testigos que deben reconocer documentación a fin de que estudiando y analizando las firmas colocadas en la documentación ofrecida determinen la veracidad de las firmas puestas en las mismas.- Para el caso de incomparencia de los testigos la pericia se realizará analizando mediante comparación con documentación que obre en ese Concejo y en el Juzgado de Faltas del Municipio.-
b.- De un perito informático que será designado de las listas que tiene la Corte de justicia local para que determine la veracidad y la procedencia de la nota aparecida en el diario on line “DIARIOLIBRE.INFO” bajo el título de “Discriminación en Rivadavia” de fecha 29/11/2010.-
5º.- Lo que expresa: Que quiere dejar debidamente sentado y poner formalmente en conocimiento de los señores consejeros, que atento que los hechos denunciados podrían tipificar delitos punidos por el Código Penal y en cumplimiento de lo ordenado por el art. 212 inc. 1) del CPP de la Provincia radicaré en el día de mañana formal denuncia por ante el Ministerio Fiscal en Turno a los fines que, previa investigación, resulten.- Lo que solicito se tenga presente.-
Proveer y resolver como lo pido, SERA JUSTICIA.-



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