Luego de intensas gestiones de la Sociedad Rural del Valle de Uco se estableció el precio para la uva malbec
Comunicado de la Sociedad Rural del Valle de Uco.

Luego de intensas gestiones de la Sociedad Rural del Valle de Uco se estableció el precio para la uva malbec
Bajo el auspicio de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyan (CIAT) y Sociedad Rural del Valle de Uco, el día miércoles a las 10 horas en el Hotel Fuente Mayor se reunieron: el Gobierno de la Provincia de Mendoza representado por el Lic. Alfredo Aciar, y por la Directora de Agricultura, Ing. Agr. Valentina Navarro, los Intendentes Gustavo Soto por el departamento de Tupungato, el Intendente Rolando Scanio por el departamento de San Carlos, y la Directora de Desarrollo Económico Sra. Daniela González por el departamento de Tunuyán, acompañados por 20 bodegueros y productores del Valle de Uco.

El objetivo del encuentro fue lograr los acuerdos entre la industria y los productores de vides, con el objeto de lanzar un operativo para financiar la cosecha y elaboración de uvas a valor producto y tasa 0%.

El convenio otorga financiamiento y las siguientes condiciones a quienes adhieran: - Financiamiento de $400 pesos por Quintal Cosechado para el productor

- Financiamiento de $250 pesos por Quintal Elaborado para la bodega

- Garantizar un rendimiento de 60 litros como piso por cada 100 kilos de uva ingresada a la bodega por medio de este convenio, se busca enviar una señal de precios al mercado para acelerar la formación de precios del Malbec de la región, el cual los participantes definieron alrededor de $65 pesos el kilo (6500 por quintal) para el promedio del varietal Malbec en el Valle de Uco.

El Valle de Uco esta en vísperas de comenzar la Cosecha 2021, y las grandes bodegas no definen aún los precios que pagarán por la materia prima, y ante la inexistencia de un pronostico de cosecha ajustado las expectativas son de una gran escasez de uvas tintas y blancas de la región de Valle de Uco.

El Gobierno de Mendoza anunciará la próxima semana los detalles de cómo se instrumentarán las adhesiones del operativo, el cual estará dirigido a tonificar el precio de la emblemática Malbec.

Finalmente, una vez que termine la elaboración 2021 y, si las condiciones lo ameritan, se activará la herramienta del Banco de Vinos para terminar de equilibrar oferta con demanda y lograr precios rentables y estables para los productores y elaboradores en el mercado de traslado.

El video de la visita presidencial al asentamiento Pellegrini en el Departamento Rivadavia es un testimonio de la desigualdad y de la descomposición de la representación política en San Juan. Viejas comorbilidades al terremoto del pasado 18 de enero.
De un lado el pueblo empobrecido al extremo, apretujado en un corralito aplaudiendo a los funcionarios nacionales y provinciales que visten trajes y zapatos cuyo valor es equivalente a lo que aquellos cobran en medio año, o en un año entero, en planes sociales, o luciendo relojes por valores superiores al de sus ranchos y chozas caídas por el evento telúrico, pero que en realidad eran ya inhabitables antes del temblor...
Una pintura perfecta de cuando la pobreza priva al pobre de sus ciudadanía, y explica el porqué las víctimas vitorean a sus victimarios, cuyas políticas económicas y sociales, nacionales y provinciales, son las responsables de sus carencias en materia de educación, salud, trabajo, vivienda y agua.
El Gobierno de San Juan ha construido una sociedad profundamente desigual, y con ello nos ha mostrado hasta donde llega su deshumanización con sus políticas excluyentes, y hasta donde se puede podrir una dirigencia eternizada en el Poder, pero con la capacidad de un prestigitador que logra que los pobres de toda pobreza crean en "el arte de vivir con fé y sin saber con fé en qué"
El video nos expone en el espejo de lo que hoy somos los sanjuaninos, una sociedad donde estamos juntos pero separados, nos separa la peor de las grietas, las que más daño hace a la democracia: La desigualdad, no la que nos impone la naturaleza, sino la que es producto de las políticas de gobierno.

La Academia Nacional de Periodismo informó este viernes a través de un comunicado su "profunda preocupación" por la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que podría afectar directamente a las fuentes de información de un periodista de LA NACION, Diego Cabot.

Por otra parte, la entidad "pondera de manera enfática el fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata que revocó el injusto procesamiento del periodista Daniel Santoro, dispuesto en su momento por el juez federal Alejo Ramos Padilla".

El comunicado completo

"La Academia Nacional de Periodismo manifiesta su profunda preocupación por la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que podría afectar directamente a las fuentes de información del periodista Diego Cabot.


El magistrado ordenó que el municipio de Vicente López le entregue los archivos fílmicos de lugares donde Cabot se habría reunido con sus fuentes. Si bien la justicia no está persiguiendo a Cabot, busca identificar a sus fuentes para establecer luego si estas cometieron algún delito.

La Constitución argentina protege expresamente en su artículo 43 las fuentes de información de los periodistas. Exhortamos a las instancias superiores de la justicia a revocar de manera urgente la resolución inconstitucional del juez Martínez de Giorgi.

Al mismo tiempo, la Academia pondera de manera enfática el fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata que revocó el injusto procesamiento del periodista Daniel Santoro, dispuesto en su momento por el juez federal Alejo Ramos Padilla.


En este caso, el magistrado vinculó al periodista con sus fuentes de información. La Cámara le recordó el juez las disposiciones de la Constitución argentina sobre la libertad de prensa y sobre la protección de las fuentes de información de los periodistas, más allá de la calidad moral de esas fuentes.

La Academia lamenta que sean precisamente algunos jueces los que ahora ignoren en sus resoluciones la amplia defensa que la Constitución argentina hace de la libertad de los periodistas para expresarse y para buscar la información necesaria. No es un privilegio de los periodistas, sino la protección con la que cuenta la sociedad para estar correctamente informada".

Mensaje:

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2020

Resolución N° 8

Visto

La Carta Orgánica Partidaria Orden Nacional, Protocolo de Actuación para Prevenir, Erradicar y

Sancionar la Violencia Política hacia las Mujeres y

Considerando

Que este Consejo Nacional ha establecido y adherido la elaboración de un Protocolo en relación a

la Violencia hacia la Mujer.

Que el Protocolo tiene por objetivo prevenir, erradicar y sancionar la violencia política hacia las

mujeres en el partido Propuesta Republicana (PRO).

Que se tomó conocimiento mediante nota, impulsada por la Sra. Gimena Martinazzo, contra el

afiliado Eduardo Cáceres el día 25 de noviembre del corriente año, donde informa que realizo

denuncia por amenazas y lesiones, y adecuando dicha resolución a lo establecido por el protocolo

en el artículo 21, y teniendo en consideración el artículo 213 de nuestra Carta Orgánica Nacional,

que solicitan a los Partidos Distritales la adecuación de sus normativas a lo estipulado y acordado

por el organismo nacional en dicha materia, teniendo alcance en un aplicación dentro de los

ámbitos permitidos en el artículo 2 de dicho protocolo, se decidió realizar las siguientes

recomendaciones, a la espera de que el Sr. Cáceres decida si ejerce su derecho de defensa.

POR ELLO

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL

RESUELVE

Artículo 1° Se recomienda al Partido PRO Propuesta Republicana Distrito San Juan, conforme a lo

establecido en la Carta Orgánica y en el Protocolo de Actuación para Prevenir, Erradicar y Sancionar

la Violencia Política hacia las Mujeres, la suspensión de la afiliación del Sr. Eduardo Cáceres hasta

que el hecho sea resuelto y esclarecido.

Artículo 2° La recomendación de suspensión expresada en el artículo 1, no lesiona o genera la

pérdida de las garantías establecidas por la Constitución Nacional, Tratados Internacionales tal



como lo expresa el artículo 13 del Protocolo contra la Violencia hacia la Mujer, quien podrá

ejercerlo conforme la normativa vigente.

Artículo 3° Comuníquese, Archívese.

Nombre del Remitente: José Rostagno
Email:enoffsanjuan@gmail.com
Ciudad: San Juan

Cristina Kirchner inauguró el año electoral. No sólo porque en su discurso de La Plata expuso los argumentos que el oficialismo llevará a la campaña. En los últimos días impulsó medidas económicas que terminaron de correr el velo que disimulaba la orientación del Gobierno. La vicepresidenta intervino mercados que para ella son cruciales en la búsqueda del voto. El de las telecomunicaciones. El de la distribución de luz y gas. El de la salud. Sus determinaciones pusieron en su verdadero lugar a actores que pretendían ser más relevantes. Martín Guzmán se va resignando a que su programa se convierta en un ejercicio académico. Y Alberto Fernández, que es un malabarista de la palabra, intenta poner en un pentagrama más o menos presentable una partitura que se tararea en otra parte. La viga maestra de todo el edificio quedó expuesta: hay actividades estratégicas en las que los precios los fija la política, aunque los costos queden liberados. La promesa de normalizar la economía bajo el signo de la "sustentabilidad", la consigna mágica del ministro de Economía, ni siquiera se menciona. En esta nueva geometría, en la que las reglas generales son sustituidas por la voluntad del que manda, los empresarios deben ser reemplazados por "expertos en mercados regulados". Del futuro de este orden material puede esperarse cualquier cosa, menos inversión.

La capacidad de Fernández para contradecirse está fuera de toda duda. Aún así, la semana pasada batió un récord. La resolución 2987 del Ministerio de Salud había autorizado un aumento del 7% a partir de febrero para la medicina prepaga. La resolución 2988 la anuló. Llama la atención que, como indica la numeración, una es la siguiente de la otra. Es sólo un detalle. La verdadera rareza está en los considerandos. En la 2987 se arguye que el incremento es indispensable por el "delicado contexto actual de emergencia sanitaria sin precedentes" y por "el estado crítico en que se encuentran (sic) la mayoría de los prestadores". La resolución 2988 explica que el ajuste fue suspendido "por expresa decisión del Presidente", sin otra razón. El Gobierno no explica cómo hizo para superar "el delicado contexto" y el "estado crítico" en los pocos minutos que pasaron entre uno y otro texto. Hay que suponer, entonces, que Alberto Fernández decidió mantener al sistema de salud en esa situación en medio de una "emergencia sanitaria sin precedentes".

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Ayer él se justificó diciendo que el ministro Ginés González García no había tenido en cuenta el impacto inflacionario del aumento que había autorizado. Para aceptar esa excusa hay que olvidar varios pormenores. El más importante: los empresarios de la Salud venían hablando de estas medidas con Santiago Cafiero. Y Cafiero consulta todo con Fernández. Por eso resulta más convincente una explicación inconfesable: la suspensión surgió de una orden fulminante de Cristina Kirchner.


La vicepresidente está convencida de que, en un año de elecciones, hay que evitar la suba de precios regulados. Es un programa riesgosísimo por la cantidad de distorsiones que genera. En el caso de la Salud, es temerario. La resolución anulada decía la verdad. Las clínicas y sanatorios atraviesan una crisis económica sin antecedentes. La epidemia del Covid 19 los obligó a aumentar los gastos. Y la suspensión de prácticas programadas, sobre todo cirugías, derrumbó los ingresos. A este desbalance se suma la devaluación, en una actividad en la que muchísimos insumos están dolarizados. La paritaria del sector fijó un aumento de salarios del 29%, un porcentaje modesto para trabajadores que están teniendo un comportamiento heroico. Para comprender del todo la pesadilla de los centros privados de salud hay que recordar que se les suspendió el auxilio de los ATP. En las últimas semanas se negocia con el Poder Ejecutivo alguna compensación, que nunca llega. El 7% de incremento a la cuota de las prepagas estaba destinado, como decía la resolución derogada, a sostener los ingresos de los prestadores. Algunos de ellos están a punto de cerrar sus puertas. Alberto Fernández prefirió, según dijo, controlar la inflación. Dos observaciones al respecto. Primera: la incidencia de un 7% de la medicina prepaga en el índice de precios es ínfima. Segunda: el Presidente cambió de prioridades y ahora escogió cuidar la economía antes que la vida, por usar su propia fórmula.

En el mundo del sanitarismo sospechan que la suspensión del aumento es la manifestación coyuntural de un programa más ambicioso de reformas. Esa presunción se alimenta en aquella afirmación de Cristina Kirchner, en La Plata, sobre la necesidad de remodelar todo el sistema. Los encargados de esta materia en el Instituto Patria son ultra-estatistas. El más influyente es Nicolás Kreplak, viceministro de Salud bonaerense y presidente de la Fundación para la Soberanía Sanitaria. En un segundo círculo orbita Luciano Di Cesare, el médico que le propuso a Néstor Kirchner utilizar el PAMI, que él conducía, como base para una mega instituto que centralice todas las prestaciones. ¿Clínicas, sanatorios, laboratorios, etc., estarían obligados a contratar con el Estado? Una cláusula inevitable del programa es impedir que los aportes de los trabajadores se destinen a las prepagas. Este modelo estatizante puede ser observado antes de nacer: el PAMI y Ioma son ejemplos de un desastre estructural. Basta observar las multimillonarias deudas con los prestadores, aun en medio de la pandemia.

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Alberto Fernández prometió al titular de Swiss Medical, Claudio Belocopit, que el sistema no será estatizado. Él alienta otra salida: reducir la cantidad de obras sociales y hacer más estrictos los controles sobre las prepagas. González García le encargó un proyecto con esta lógica al superintendente de Salud, Eugenio Zanarini, quien se recupera de un infarto en estas horas. El estrés del sistema se descarga sobre el corazón de Zanarini. Ginés es inmortal. Los actores privados confían en esta ala del oficialismo. Pero la suspensión de los aumentos minó esa credibilidad.

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández El Presidente de la Nación, Alberto Fernández Crédito: Rodrigo Néspolo

En los sindicatos están atemorizados. Fantasean con que la señora de Kirchner les quiere quitar poder porque ellos se ofrecen como plataforma para la emancipación de Alberto Fernández. Nadie sabe a ciencia cierta qué se está maquinando en "el Patria". Ni siquiera Hugo Moyano o Sergio Palazzo, los más comunicados con la vicepresidenta.

El más inquieto de todos es José Luis Lingeri, "Mr. Cloro". Él es desde hace décadas el encargado de velar por el negocio de las obras sociales. Cristina Kirchner lo tiene en la mira por sus relaciones con Silvia Majdalani, de la AFI, durante el gobierno de Mauricio Macri. Sobre todo por su papel en la detención de Omar "Caballo" Suárez, a quien el entonces juez Rodolfo Canicoba Corral habría ofrecido no mandar preso si acusaba a la ex presidenta. No es la única preocupación de "Mr. Cloro". Ahora está también bajo la lupa de Elisa Carrió.


La titular de la Coalición Cívica investiga una operación que se inspira en los mismos criterios que imperan en el sector de la Salud: la venta de Edenor de Marcelo Mindlin a José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, el alter ego de Lingeri. La transferencia de la principal distribuidora eléctrica del país es un ejemplo eminente del orden económico al que conduce Cristina Kirchner, con la docilidad del Presidente. Mindlin decidió desprenderse de Edenor cuando se convenció de que no habrá normalización de las tarifas. La vicepresidenta se lo dijo a Guzmán, "sólo 9% en marzo", y así desbarató las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.

En esas coordenadas, para manejar Edenor o cualquier distribuidora hace falta un empresariado -llamémosle así-muy particular. Gente que, como Manzano, Vila y Filiberti, funde su negocio en no pagar al que le provee el producto, Cammesa, a sabiendas de que la deuda acumulada será transada a precio vil en una mesa política. Esto último es lo que garantizó Sergio Massa, íntimo amigo de los tres compradores, en el presupuesto nacional: la deuda con Cammesa se negociará en la Secretaría de Energía, con un análisis de cada caso. Esta es la característica principal de la cultura económica imperante: la fobia por las reglas generales. Mindlin, un empresario con socios internacionales, que ha invertido grandes sumas gigantescas en el sector gasífero, contraería un riesgo altísimo en esos lodazales, que son el ecosistema de Manzano, Vila y Filiberti.

El interés de Carrió se centra en este último empresario. Ella recibió un informe detalladísimo sobre el negocio de Filiberti como productor de sulfato de aluminio y ploricloruro de aluminio, productos que consume Aysa para potabilizar el agua. Ese documento, elaborado por el auditor porteño Juan Calandri, revela que cuando Kirchner estatizó Aguas Argentinas el sindicato de Lingeri se apropió de plantas potabilizadoras que, en la misma fecha, contrataron a Transclor S.A., la empresa de Filiberti. Este negocio fabuloso, que acaso también se manifiesta en la dispendiosa vida del hijo de Lingeri, José, continuó bajo la administración de Macri. Sólo se modificó una cláusula: Transclor no tendría derecho a vender a terceros el excedente de lo que consume Aysa. La compañía ahora está bajo el mando de Malena Galmarini, la esposa de Massa, el amigo de Filiberti. Cuánto que aprender.

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El régimen basado en el congelamiento de precios con costos liberados promete depredar todavía más varios sectores de la economía. Al de la salud y la energía se agrega el de las telecomunicaciones. Compañías telefónicas, de TV por Cable y de internet fueron declaradas servicio público. El precio se convirtió en tarifa. El Estado sólo autorizó un aumento del 5%, cualquiera sea el servicio. Incógnita: ¿el incremento en el costo por las transmisiones de fútbol que se acordó con Disney debe ser absorbido por ese 5%? Además de esas intervenciones, se regularon los contratos de interconexión entre las redes de las distintas empresas. Con un seguro de cambio: 83,36 pesos por dólar durante el primer semestre.

Con su reforma, Alberto Fernández quiso demostrar a Cristina Kirchner que él podía ser tan o más severo que ella con el Grupo Clarín. Fue la explicación que escucharon sus íntimos. Habrá que ver si, en el nuevo marco, conseguirá inversiones para establecer la tecnología 5G. ¿O lo harán Manzano, Vila y Filiberti desde las redes de Edenor con fondos del Estado? Para que ese control sea más riguroso hace falta un cambio relevante: que las empresas de TV por Cable vuelvan a estar reguladas por la Ley de Medios. Sólo así se les puede exigir que incorporen determinados contenidos en tal o cual lugar de la grilla y con un costo decidido por el Estado. Es lo que aspira a lograr Oscar Parrilli cuando habla de una nueva normativa. Parrilli es el jefe político de Gustavo López. Es el segundo del massista Claudio Ambrosini en el Enacom. Pero es el que tiene el poder.

Alberto Fernández quiso demostrar a Cristina Kirchner que él podía ser tan o más severo que ella con el Grupo Clarín Alberto Fernández quiso demostrar a Cristina Kirchner que él podía ser tan o más severo que ella con el Grupo Clarín
Las distintas caras de este disparatado poliedro están relacionadas por una concepción. La sociedad debe ser modelada por la clase política. Este principio trasciende lo económico para dominar la cultura institucional. El "hijo de un juez que fue profesor de leyes durante 30 años y conoce lo que es el Estado de Derecho", que es como se autopercibe Alberto Fernández, defendió una idea muy significativa: la peripecia judicial de Amado Boudou debe merecer una consideración especial de la Corte porque, al tratarse de un ex vicepresidente, conlleva una gravedad institucional. Es una noción curiosa para un régimen penal que prevé lo contrario: los funcionarios deben estar en desventaja respecto del resto de los ciudadanos porque deben probar su inocencia. Para Fernández, en cambio, la función pública debería constituir un privilegio. Raúl Zaffaroni sinceró esa pretensión y pidió el indulto para los presos políticos. Es la derivación extrema de la pretendida teoría del lawfare.

El argumento es una quimera, sobre todo en el caso de Boudou, porque "si se suman todas las instancias del proceso penal hasta la decisión definitiva de la Corte Suprema de Justicia habrán intervenido en la causa que ahora instruye el juez federal Ariel Lijo no menos de diecisiete jueces y seis representantes del Ministerio Público Fiscal. Más allá de la opinión que pueda merecer cada uno de esos veintitrés magistrados, por su capacidad o intereses, por sus relaciones con sectores de poder, estatales o privados, nadie puede poner en duda con alguna seriedad que están dadas todas las garantías de transparencia y ecuanimidad. Es decir, hay un sistema que pese a sus imperfecciones funciona, aunque una absolución dentro de varios años no compensaría un procesamiento ahora". Las comillas se deben a que se trata de una cita: Horacio Verbitsky, "Pensar el futuro", Página 12, 15 de junio de 2014.

Por: Carlos Pagni